El Gobierno Regional del Biobío afirmó que las rendiciones corresponden a la gestión anterior y que han trabajado en subsanar las falencias y recuperar fondos.
Un informe del ente contralor reveló el pago millonario por un inmueble sin funcionamiento por más de 20 meses, cobros excesivos en corretaje y la falta de autorizaciones clave de los ministerios de Salud y Educación.
Con 157 inmuebles actualmente habitados en el Biobío, el Ministerio trabaja en los mecanismos legales para traspasar proyectos en Concepción, San Pedro de la Paz, Coronel y Los Ángeles.
La norma obliga a las empresas de servicios básicos a reconectar gratuitamente a los clientes de zonas afectadas por catástrofes.
El titular de Vivienda y Urbanismo, Ivan Poduje, argumentó que la iniciativa “no era justa” y anunció que el stock de inmuebles fiscales se reasignará a familias en casos críticos como propiedad definitiva.