Cámara aprueba partida de Justicia en medio de presiones opositoras por salida de Rabat
11 de Noviembre 2026 | Publicado por: Hugo Ramos Lagos
La Cámara de Diputados aprobó este miércoles, durante la discusión particular del Presupuesto 2027, la Partida 10, correspondiente al Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. La votación se desarrolló en medio de las presiones opositoras por la continuidad del ministro Fernando Rabat y la controversia por las rebajas administrativas de condenas a personas sentenciadas por delitos sexuales contra menores de edad.
La partida consiguió 85 votos a favor, 59 en contra y ninguna abstención, con el respaldo del oficialismo, el Partido Nacional Libertario (PNL) y el Partido de la Gente (PDG). En la oposición, en tanto, la Democracia Cristiana y el Frente Amplio habían solicitado votaciones separadas para la totalidad del presupuesto ministerial, aunque sus requerimientos no impidieron que este avanzara.
La discusión tenía como antecedente la aprobación de la partida en la Comisión Especial Mixta de Presupuestos, pese a que durante su revisión en la Tercera Subcomisión Mixta se habían rechazado recursos específicos para peritajes del Servicio Médico Legal (SML) y la continuidad de actividades del Plan Nacional de Búsqueda de Verdad y Justicia.
Cabe recordar que el debate estuvo marcado por la postura de la DC respecto de los llamados gastos variables de Justicia. La senadora Yasna Provoste había advertido que su sector no respaldaría esos recursos mientras Rabat permaneciera en el cargo, aunque la colectividad no había definido institucionalmente si buscaría rechazar la totalidad de esas asignaciones.
Entre los 13 representantes de la región, nueve respaldaron la partida: Roberto Arroyo (PDG), Patricio Briones (PDG), Lilian Betancurt (PDG), Sergio Bobadilla (UDI), Flor Weisse (UDI), Paz Charpentier (REP), Francesca Muñoz (PCCH), Joanna Pérez (Demócratas) y Cristóbal Urruticoechea (PNL).
En contra votaron Álvaro Ortiz (DC), Patricio Pinilla (DC) y José Antonio Rivas (PS), mientras que Marlene Pérez (Ind./UDI) no registró voto.
Indicaciones sobre rebajas de condenas
Más allá de la aprobación presupuestaria, uno de los resultados relevantes de la jornada fue la incorporación de nuevas obligaciones de información y fiscalización para el Ministerio de Justicia, directamente relacionadas con la controversia que enfrenta la cartera.
Entre ellas, se aprobó una disposición que establece que, dentro de los 60 días siguientes a la publicación de la Ley de Presupuestos, la Subsecretaría de Justicia deberá informar a las comisiones de Constitución de ambas cámaras los resultados de la revisión de los beneficios de reducción de condena concedidos desde el 11 de marzo de 2026. El reporte deberá identificar los casos revisados, las eventuales irregularidades detectadas, las acciones administrativas o judiciales iniciadas y los sumarios instruidos.
La aprobación de esta indicación motivó una reserva de constitucionalidad presentada por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. También se incorporó otra obligación para que la Subsecretaría remita a las comisiones parlamentarias las instrucciones, resoluciones y criterios utilizados en la tramitación de solicitudes de reducción de condenas, indultos particulares, libertades condicionales y permisos de salida.
Asimismo, se aprobaron disposiciones para informar sobre solicitudes de reducción de condenas presentadas por personas condenadas por crímenes de lesa humanidad y otras graves violaciones a los derechos humanos, incluyendo su estado de tramitación y eventuales antecedentes aportados para esclarecer el destino de las víctimas.
No todas las propuestas, sin embargo, prosperaron. Una indicación que buscaba establecer reportes semestrales sobre reducciones de condena, libertades condicionales e indultos concedidos a condenados por crímenes de lesa humanidad fue rechazada por la Sala.
Tensiones durante la sesión
La discusión también estuvo marcada por un enfrentamiento entre parlamentarias, luego de que la diputada Javiera Rodríguez (REP) calificara a sectores de la oposición como “empresarios del dolor ajeno”.
La intervención provocó la reacción de la diputada Lorena Pizarro (PC), quien respondió calificando de “energúmena” a Rodríguez y pidió que ese tipo de expresiones no fueran permitidas en la Sala. El intercambio obligó a suspender la sesión durante cinco minutos.
Posteriormente, la bancada comunista anunció que recurriría a la Comisión de Ética de la Cámara por las declaraciones de la parlamentaria republicana.
Con la aprobación de la Partida 10 en la Cámara Baja, esta continuará su tramitación en el Senado, donde deberá cumplir su siguiente trámite constitucional.