Pese al alza global impulsada por el Servicio de Biodiversidad, la partida revela drásticos recortes de hasta un 59% en programas destinados a cumplir metas climáticas.
Lo que debes saber
• El Presupuesto 2027 del Ministerio del Medio Ambiente contempla $98.631 millones, reflejando un alza general impulsada por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP).
• En contraste con el alza global, la Subsecretaría del Medio Ambiente sufrirá recortes por $2 mil millones, impactando programas de cambio climático (-59,1%) y Desarrollo Sostenible (-43,8%).
• El proyecto suprimió la línea de financiamiento exclusiva para el Acuerdo de Escazú e incluyó la obligación de informar trimestralmente al Congreso sobre los avances de la Ley Marco de Cambio Climático.
Pese al aumento global impulsado por el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas (SBAP), el proyecto de ley de Presupuesto 2027 ingresado este pasado lunes, deja millonarios recortes en programas clave de cambio climático y desarrollo sostenible, suprimiendo además los fondos exclusivos para el Acuerdo de Escazú.
De acuerdo al documento ingresado, a nivel administrativo, la partida fija estrictos límites a los cargos directivos y otorga nuevas facultades fiscalizadoras al personal a honorarios.
El proyecto de Ley de Presupuestos 2027 para la partida del Ministerio del Medio Ambiente (MMA) contempla un total de $98.631.633 (en miles de pesos), consolidando la tendencia al alza de los últimos años frente a los $91 mil millones de 2025 y los $96,5 mil millones de 2026. Sin embargo, proyecta recortes divididos entre la administración y
Del monto total proyectado para el próximo año, el ítem de Gastos en Personal concentra la mayor parte de los recursos con $71.432 millones.
La iniciativa gubernamental, que actualmente se discute en la subcomisión mixta de presupuestos del Congreso, establece este año estrictos márgenes administrativos para la cartera.
El documento oficial estipula un freno al personal con cargos de jefatura, fijando que “dicho personal no podrá exceder de 128 funcionarios a contrata para el conjunto de los organismos de la Partida“.
Asimismo, con el objetivo de fortalecer los procesos sancionatorios y de revisión, el articulado establece nuevas herramientas para los trabajadores a honorarios.
El texto señala que a este personal “podrá otorgársele la calidad de Agente Público, para todos los efectos legales (…) para el desempeño de labores de fiscalización o certificación y hacer efectiva su responsabilidad administrativa, civil y penal por el desempeño de sus labores“.
En materia de rendición de cuentas, el proyecto obliga al Ejecutivo a mantener un control estricto sobre los avances normativos, dictaminando que “el Ministerio del Medio Ambiente informará trimestralmente a la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Cámara de Diputadas y Diputados y a la Comisión de Medio Ambiente, Cambio Climático y Bienes Nacionales del Senado, el estado de dictación de los reglamentos mandatados en virtud de la Ley N° 21.455, Marco de Cambio Climático”.
Si bien la partida global experimenta un crecimiento, este aumento se sustenta principalmente en la inyección de recursos al nuevo SBAP, el cual salta de $17.393 millones a $22.304 millones.
En contraste, la Subsecretaría del Medio Ambiente es el único organismo de la cartera que retrocede, cayendo de $38 mil millones a $36 mil millones.
Esta merma de $2 mil millones impactará directamente en programas clave.
El programa de “Desarrollo Sostenible” sufrirá una contracción del 43,8% (bajando de $8.109 millones a $4.555 millones), afectando líneas como “Calefacción Sustentable” y los “Planes de Descontaminación Ambiental“.
Por su parte, el ítem “Adaptación y Mitigación para el Cambio Climático” disminuirá un 19,3%.
Dentro de esta área, el golpe más severo se lo lleva la asignación para cumplir la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC), cuyos recursos caen un 59,1%. A esto se suma una disminución del 29,4% en el Fondo de Protección Ambiental (FPA) destinado a organizaciones comunitarias.
Finalmente, el documento presupuestario evidencia la desaparición de la asignación explícita para el Acuerdo de Escazú, la cual en 2026 contaba con $144,5 millones exclusivos para su implementación, abriendo interrogantes sobre el financiamiento de estas políticas durante el período 2027.