El Informe N°180 de la Contraloría reveló más de mil beneficiarios fuera de norma, convenios sin toma de razón y descontrol financiero, enviando los antecedentes al Ministerio Público.
Lo que debes saber
• La Contraloría dio 15 días a la Delegación Presidencial del Biobío para abrir un sumario tras detectar 1.044 beneficiarios de Proempleo que no cumplían los requisitos legales para ingresar.
• El Informe N°180 reveló convenios ejecutados sin toma de razón, faltas de idoneidad psicológica en colegios y rendiciones de cuentas llevadas informalmente en planillas Excel.
• Ante eventuales ilícitos, el organismo de control remitirá los antecedentes de la auditoría al Ministerio Público.
Te invitamos a leer la nota completa más abajo para conocer los detalles.
La Contraloría Regional del Biobío detectó diversas irregularidades y debilidades en los mecanismos de control del Programa Inversión en la Comunidad (Proempleo), una de las principales políticas de empleo en la zona.
Ante los hallazgos, el órgano de control otorgó un plazo de 15 días hábiles a la Delegación Presidencial Regional para iniciar un sumario administrativo que determine las eventuales responsabilidades del servicio.
Los antecedentes forman parte del Informe Final n.º 180 de 2026, el cual auditó la gestión de la Delegación Presidencial Regional.
Entre los principales hallazgos, se estableció que 1.044 beneficiarios no cumplían con los requisitos normativos para integrar el programa, pues percibían rentas u honorarios de otras entidades, mantenían más de un empleador o recibían pensiones por sobre los límites permitidos.
El informe también advirtió riesgos para la transparencia y objetividad en el ingreso de los participantes. En concreto, dirigentes sindicales relacionados con el programa proponían personas para ocupar vacantes, sin que las bases les otorgaran dicha facultad.
Ante esto, se identificó que 343 beneficiarios mantenían vínculos con 138 dirigentes sindicales del programa, mientras que otros 116 registraban relaciones familiares con personas ligadas a entidades ejecutoras privadas. A esto se suman lazos de parentesco entre integrantes de la coordinación regional del programa y algunos beneficiarios.
Por otro lado, el documento observó que 813 favorecidos fueron contratados en establecimientos educacionales sin acreditar su idoneidad psicológica para las funciones. Por ello, la Delegación deberá precisar cuántos de ellos realizaron efectivamente labores comprendidas en la Ley n.º 19.464, regularizar la situación de quienes sigan en funciones e implementar un control previo para futuras destinaciones.
Asimismo, se constató que 1.692 beneficiarios contaban con autorizaciones de flexibilidad horaria otorgadas por las entidades ejecutoras, entregadas sin un procedimiento formal. Además, se identificó a nueve beneficiarios que registraron salidas del país durante períodos en que hacían uso de licencias médicas.
La fiscalización constató que 15 recintos se encontraban cerrados, lo que impidió verificar la presencia de 75 beneficiarios, mientras que otras 33 personas no estaban en sus lugares de trabajo sin justificación.
También se constató que 22 convenios fueron ejecutados a pesar de que sus resoluciones aprobatorias fueron representadas por la Contraloría durante el trámite de toma de razón. Solo siete fueron reingresados tras su ejecución y resultaron nuevamente representados, por lo que se materializaron sin una revisión previa adecuada.
La revisión financiera evidenció que las rendiciones eran administradas principalmente mediante planillas Excel, mientras que el Sistema de Rendición Electrónica de Cuentas no contenía el detalle completo de los gastos ni la documentación de respaldo.
A su vez, se detectó el pago de bonos de movilización por $4,6 millones a beneficiarios con licencia médica, además de transferencias por más de $4,4 millones por concepto de cuotas sindicales, ahorros y descuentos voluntarios a cuentas de personas naturales, acción que no se ajusta a la normativa vigente.
Junto con el procedimiento disciplinario exigido a la Delegación Presidencial, la Contraloría General remitirá los antecedentes al Ministerio Público ante la eventual existencia de ilícitos.