La iniciativa propone suspender la licencia desde 90 días por una primera agresión.
Lo que debes saber
•El proyecto sanciona agresiones surgidas de conflictos viales con suspensión de licencia.
•Diputados y conductores del Biobío respaldan la idea, con reparos sobre su aplicación.
La posibilidad de suspender e incluso cancelar la licencia de conducir a quienes agredan físicamente a otra persona producto de un conflicto de tránsito comenzó su debate.
Se trata de una propuesta ingresada recientemente al Congreso que busca incorporar la denominada “violencia vial” a la Ley de Tránsito.
El proyecto considera como violencia vial la agresión física de un conductor contra otro conductor, pasajero, ciclista, peatón o tercero, cuando derive directamente de una controversia relacionada con la circulación vehicular.
La conducta constituiría una infracción independiente de las responsabilidades penales o civiles que pudieran originarse.
Para una primera infracción se propone suspender la licencia entre 90 y 180 días. Una reincidencia dentro de cinco años implicaría entre seis meses y dos años de suspensión, mientras una tercera infracción permitiría cancelar el documento.
Entre trabajadores del transporte del Gran Concepción también existe respaldo a establecer sanciones.
Rubén Barbieri, representante y conductor de la línea de buses Mi Expreso, afirmó que durante las jornadas laborales se observan discusiones, bocinazos y episodios en que personas descienden de sus vehículos, situaciones que pueden escalar rápidamente.
“Como conductores profesionales tenemos que saber controlarnos, porque estamos trabajando y además llevamos pasajeros. Si alguien llega al punto de agredir físicamente a otra persona por una discusión de tránsito, me parece bien que exista una sanción sobre la licencia”, sostuvo.
Barbieri consideró que una consecuencia sobre el permiso para conducir podría funcionar como elemento disuasivo antes de que una discusión termine en una agresión.
CC.
Una mirada similar, aunque con reparos sobre la aplicación, entregó Luis Garrido, conductor de colectivos de la Línea 7. El trabajador respaldó que las agresiones sean sancionadas, pero advirtió sobre el efecto que una suspensión tendría para los conductores profesionales.
“Para nosotros la licencia es nuestra herramienta de trabajo y una suspensión de tres o seis meses significa directamente quedar sin poder trabajar”, afirmó.
Desde el Partido de la Gente, el diputado Patricio Briones manifestó que las agresiones entre conductores requieren un marco regulatorio.
“Estoy completamente de acuerdo que una agresión que es originada por un conflicto de tránsito tenga que tener una sanción, ojalá ejemplificadora, para dar una señal clara de que la civilidad no se le puede perder”, afirmó.
La diputada Joanna Pérez (ex Demócratas) también valoró la propuesta, aunque planteó que la violencia vial debería abordarse de manera más integral.
A su juicio, este tipo de episodios puede escalar desde riñas hasta situaciones de mayor gravedad, mencionando hechos registrados en San Pedro de la Paz.
Pérez consideró adecuado que la cancelación de la licencia no opere inmediatamente, sino ante reincidencias.
“Creo que el proyecto está bien planteado y, por supuesto, lo analizaremos y revisaremos desde la Cámara para ver qué otros aportes podemos realizar”, señaló.
La diputada del PDG Lilian Betancurt coincidió en la necesidad de establecer consecuencias frente a las agresiones.
“La violencia nunca puede ser el camino para resolver un conflicto de tránsito. Una discusión entre conductores no puede terminar en agresiones físicas”, sostuvo.
Betancurt señaló que deben considerarse las circunstancias de cada caso y que, tratándose de conductores profesionales, se requiere “especial rigurosidad y criterios objetivos”, considerando que la licencia constituye también su fuente de trabajo.