El éxito de la iniciativa se logró tras modificar el documento original, eliminando la obligación de investigar exclusivamente en contextos electorales y simplificando los organismos a fiscalizar.
Lo que debes saber
• La Cámara de Diputados aprobó (69 votos a favor) la creación de una comisión para investigar el uso de bots, manipulación algorítmica y redes falsas desde el año 2020.
• La iniciativa logró avanzar en su segundo intento tras modificar el texto que había sido rechazado el día anterior por falta de quórum.
• El cambio clave consistió en eliminar la restricción de investigar exclusivamente “procesos electorales y plebiscitarios”, ampliando el rango de acción.
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Un rápido giro marcó la tramitación legislativa sobre la manipulación digital en Chile. Un día después de ser rechazada por falta de quórum, la Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este miércoles la creación de una Comisión Especial Investigadora encargada de indagar el uso de bots y redes coordinadas de amplificación en el país desde el año 2020.
La instancia fiscalizadora logró luz verde tras alcanzar 69 votos a favor, 42 en contra y 1 abstención, superando los 62 respaldos necesarios (correspondientes a los 2/5 de la corporación).
El resultado contrasta con la sesión del 1 de septiembre, donde la solicitud original fracasó al conseguir solo 60 apoyos.
El éxito de este segundo intento radicó en modificaciones estratégicas a la redacción del texto. El cambio más significativo fue la eliminación de la frase que limitaba la investigación al “contexto de procesos electorales y plebiscitarios”.
De este modo, la comisión aprobada tendrá facultades más amplias para indagar la desinformación y el uso de inteligencia artificial en cualquier escenario político y social ocurrido desde 2020 en adelante.
Adicionalmente, se simplificó el alcance de las entidades a fiscalizar.
Mientras el documento rechazado apuntaba específicamente a indagar los actos del Gobierno, Ministerios, servicios públicos y organismos de fiscalización, el texto aprobado recortó esta lista, acotando el mandato únicamente a reunir información sobre “determinados actos del Gobierno”.
La nueva comisión especial investigadora tendrá un plazo máximo de 60 días para rendir su informe ante la Sala y estará facultada para constituirse en cualquier lugar del territorio nacional.
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