La Ley 21.827 incorpora nuevas herramientas para prevenir y enfrentar hechos de violencia en establecimientos educacionales, entre ellas la revisión de mochilas y mayores facultades para docentes.
Lo que debes saber
• El Presidente Kast promulgó la Ley “Escuelas Protegidas” para fortalecer la seguridad y la convivencia escolar ante el aumento del 58% de las denuncias por violencia en los colegios.
• La nueva ley faculta a los colegios para incorporar la revisión de mochilas por personal capacitado y amplía las facultades de los profesores para aplicar medidas disciplinarias inmediatas.
• Se prohíbe el uso de elementos que oculten el rostro y se refuerza el rol de los apoderados en la disciplina.
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El Presidente José Antonio Kast, encabezó este miércoles en la Escuela Nueva Zelandia, en Independencia, la actividad por la publicación en el Diario Oficial de la Ley 21.827 “Escuelas Protegidas”, iniciativa que busca fortalecer la seguridad y convivencia en los establecimientos educacionales.
Según informó el Gobierno de Chile, la nueva legislación responde al aumento de episodios de violencia y problemas de convivencia escolar.
De acuerdo con los antecedentes contenidos en la minuta, las denuncias por convivencia escolar por maltrato a adultos ante la Superintendencia aumentaron un 58% entre 2023 y 2025, pasando de 441 a 695.
Además, durante 2025 se registró un promedio de 893 delitos por porte de armas en establecimientos educacionales, según datos de Carabineros.
Entre sus disposiciones, la normativa permite que los establecimientos incorporen en sus reglamentos internos la revisión de mochilas y pertenencias, mediante personal capacitado y respetando derechos como la privacidad, la honra, la igualdad y el debido proceso. Las revisiones corporales y de vestimentas no están contempladas.
La ley también amplía las facultades de los profesores para adoptar medidas pedagógicas, preventivas, correctivas y disciplinarias de manera inmediata, bajo criterios de proporcionalidad y pertinencia pedagógica.
Asimismo, establece la gestión colaborativa de conflictos como prioridad, salvo cuando existan delitos o vulneraciones de derechos fundamentales, y contempla medidas frente a amenazas e interrupciones de actividades académicas.
La normativa también dispone que los reglamentos deberán prohibir elementos que impidan la identificación facial, con excepciones debidamente fundadas, y refuerza el rol de padres y apoderados en materias de convivencia, disciplina y violencia escolar.
El Gobierno señaló que la Ley 21.827 busca fortalecer las capacidades de las comunidades educativas para enfrentar situaciones de violencia y avanzar hacia establecimientos más seguros.