El aumento considera a proyectos en Concepción y Los Ángeles.
El Gobierno firmó un Acuerdo Marco de Cooperación para acelerar el Plan Maestro de Infraestructura Penitenciaria, iniciativa que busca fortalecer la capacidad del sistema carcelario y enfrentar de mejor manera el crimen organizado, reuniendo a los ministerios de Justicia y Derechos Humanos, Seguridad Pública y Obras Públicas.
El Acuerdo Marco contempla una cartera de proyectos en 15 establecimientos distribuidos en distintas regiones del país, entre los que se consideran dos para la Región del Biobío, precisamente en el Complejo Penitenciario Biobío y en Los Ángeles.
En detalle, según el Plan Maestro —originalmente diseñado en el gobierno del exPresidente Gabriel Boric y que tiene vigencia hasta el año 2030—, se contempla una ampliación de 285 plazas en el Complejo Penitenciario de Biobío, ubicado en Concepción, y la construcción de un nuevo recinto, con una capacidad de 800 cupos, en la ciudad de Los Ángeles.
De acuerdo con el Ejecutivo, el acuerdo recientemente firmado permitirá agilizar la construcción de nuevos recintos de cumplimiento de condena, la ampliación de infraestructura existente y la relicitación de diversos recintos, aprovechando la experiencia técnica del Ministerio de Obras Públicas en el desarrollo de proyectos bajo el sistema de concesiones.
La cartera considera tanto iniciativas nuevas, como procesos de relicitación y ampliaciones, dependiendo de cada caso.
El Presidente de la República, José Antonio Kast, encabezó la firma del acuerdo y señaló que se trata de “una señal importante para Chile decir que estamos ocupados en temas de seguridad y, como les dije a los internos, estamos ordenando la casa y la casa se ordena con la sociedad civil, en las fronteras y también al interior de unidades penales”.
Por su parte, el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau, señaló que el alza en la población penal de los últimos años no ha sido acompañada por un aumento de la infraestructura, lo que, a su vez, ha provocado sobrepoblación en los recintos y dificultades para segmentar.
“Esto significa construir nuevas cárceles, ampliar y modernizar recintos existentes y avanzar en establecimientos de máxima seguridad, pero no se trata simplemente de sumar metros cuadrados o aumentar cupos, se trata de desarrollar una infraestructura diseñada para una política penitenciaria moderna, con mayor segmentación, más tecnología y mejores sistemas de vigilancia”, indicó el secretario de Estado.
En el marco del convenio, los ministerios de Justicia y de Seguridad Pública actuarán como entidades mandantes, encargadas de financiar los procesos, gestionar terrenos, tramitar las aprobaciones necesarias y aportar los antecedentes técnicos requeridos para cada proyecto.
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas asumirá la ejecución de los procesos de licitación y concesión, además del seguimiento técnico y financiero de las iniciativas.
Asimismo, la iniciativa contempla la promoción internacional de la cartera de proyectos penitenciarios para atraer nuevos inversionistas y ampliar la competencia en los futuros procesos de concesión, contribuyendo a una ejecución más eficiente de los recursos públicos y a una respuesta más efectiva frente a los desafíos de seguridad que enfrenta el país.