El reajuste se trasladó al parlamento tras el quiebre entre el Ejecutivo y la Central Unitaria de Trabajadores. Parlamentarios anticipan sus posturas frente al debate y el alza del costo de la vida.
En medio de las movilizaciones por el Día Internacional del Trabajador, que este 1 de mayo convocaron a miles de personas en distintas ciudades del país —incluida una masiva marcha en Concepción—, el debate por el reajuste del salario mínimo, actualmente fijado en $539 mil brutos, volvió a instalarse como uno de los principales ejes de la agenda pública.
Las manifestaciones fueron convocadas por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT), que previamente había llamado a presionar por un “salario vital” capaz de cubrir las necesidades básicas, en un contexto donde el alza de precios ha impactado directamente en los hogares. De hecho, la canasta básica de alimentos supera los $90 mil por persona, reflejando un incremento sostenido en productos esenciales durante el último año.
Por mencionar más contexto que rodea esta tensión, sólo en el último año la inflación acumulada ha bordeado el 4 %, mientras la Unidad de Fomento (UF) ha seguido al alza en las últimas semanas, presionando gastos como arriendos y créditos.
En Concepción, la jornada dejó una alta convocatoria, que desde el mundo sindical fue leída como una señal de unidad frente al escenario actual. El presidente de la CUT en la provincia, Mikel Capetillo, valoró la participación y sostuvo que “cuando están pasando a llevar o amenazan los derechos de los trabajadores, es donde los trabajadores y trabajadoras nos unimos para enfrentar esas situaciones”.
En esa línea, el dirigente enfatizó que la movilización responde a un momento de definiciones. “La CUT es una herramienta para la defensa de los derechos de los trabajadores”, afirmó, agregando que, a su juicio, estos se ven hoy amenazados.
Este escenario de presión social se da tras una negociación que no logró llegar a puerto entre el mundo sindical y el Ejecutivo. Dicho quiebre entre ambas partes terminó por trasladar la discusión al Congreso, luego de que el Gobierno optara por ingresar un proyecto de ley para reajustar el ingreso mínimo.
Con posiciones aún distantes, la CUT plantea elevarlo hasta los $647 mil —un alza cercana al 18 %—, mientras que el Ejecutivo propone un incremento acotado, en torno a $23 mil, alineado con la inflación proyectada para este año.
Por si fuese poco, a ello se suma un mercado laboral que muestra señales de fragilidad. Desde el Ejecutivo se ha insistido en que el país enfrenta una “emergencia laboral”, con una tasa de desempleo que alcanza el 8,9 % a nivel nacional y supera el 10 % en mujeres, cifras que han sido utilizadas como argumento para plantear cautela frente a incrementos más pronunciados del ingreso mínimo.
Con este telón de fondo, el Congreso se convierte en el nuevo escenario donde se jugará la discusión. En ese contexto, la postura de los parlamentarios será clave para determinar si la propuesta de La Moneda se mantiene en sus términos originales o si incorpora parte de las demandas impulsadas desde el ente sindical, en un debate que ya muestra matices incluso entre sectores de oficialismo y afines.
Consultada, la diputada por el Distrito 21, Flor Weisse (UDI), sostuvo que el debate debe considerar tanto la presión que enfrentan los hogares como el momento económico del país. “Sabemos que el costo de la vida ha subido y que muchas familias hoy día están haciendo grandes esfuerzos para llegar a fin de mes”, afirmó.
En esa línea, planteó que cualquier avance debe ir acompañado de medidas que sostengan el empleo. “Debemos ser responsables con la realidad que viven hoy las pymes y los sectores productivos”, indicó, enfatizando la necesidad de incentivos a la contratación y reactivación de la inversión.
Ahora, para el diputado independiente por el Distrito 20, Roberto Arroyo, la discusión no puede desentenderse del impacto del costo de la vida en la región. “No basta con discursos, se necesitan medidas concretas”, recalcó, añadiendo que la propuesta del Gobierno “es un avance, pero se queda corta frente a la realidad que viven miles de trabajadores”.
En cuanto a la alternativa planteada por la CUT, reivindicó que “es legítimo que se plantee un aumento mayor” y se mostró disponible a revisar cambios durante la tramitación. No obstante, advirtió que el debate debe darse “con responsabilidad”, resguardando el empleo, especialmente en una región donde muchas pymes enfrentan un escenario complejo.
Con un tono más crítico, el diputado por el Distrito 20, José Antonio Rivas (PS), quien participó de la marcha en Concepción y la calificó como “multitudinaria”, cuestionó duramente la conducción del Ejecutivo, calificándolo como “un gobierno cruel que maltrata a los trabajadores”, y advirtió sobre el impacto del escenario laboral en la región.
“Tenemos en el Biobío más de un 10 % de cesantía, y eso es grave”, sostuvo, subrayando que detrás de esas cifras hay “familias desesperadas” y una creciente sensación de frustración.
Su par por el PDG, Patricio Briones, planteó que la propuesta de Palacio responde a un contexto fiscal restrictivo, aunque reconoció que existe un malestar ciudadano frente al impacto del costo de la vida. A su juicio, el problema radica en que “no se hace justicia para aquellos que perciben el salario mínimo para paliar el incremento en el costo de la vida”.
Sin embargo, para el congresista, “tomar medidas para inyectar recursos artificialmente al sistema generaría un efecto inflacionario severo”, explicó, advirtiendo sobre un eventual “efecto yo-yo”. En ese marco, defendió una fórmula gradual para el aumento de los salarios.
Finalmente, la diputada por el Distrito 21, Joanna Pérez (Demócratas), enfatizó la necesidad de equilibrar el aumento de los ingresos con la sostenibilidad del empleo. “Siempre quisiéramos avanzar hacia mejores remuneraciones, pero la realidad económica del país es compleja”, aseguró.
Con lo anterior, su postura será evaluar tanto la propuesta del Gobierno como los planteamientos de la CUT durante la tramitación. Desde el Biobío, agregó, el desafío pasa por reactivar la economía y generar más empleo, con especial énfasis en la inserción laboral de las mujeres.
Marcha del Día del Trabajador en Concepción | Foto: Isidoro Valenzuela M.