La propuesta del Ejecutivo contempla medidas como la reducción de impuestos a las empresas, integración del sistema tributario, eliminación de la franquicia tributaria Sence, reducción de la permisología y la invariabilidad tributaria.
Inició la tramitación del proyecto de Ley de Reconstrucción Nacional con el ingreso de la iniciativa al Congreso. La propuesta del Ejecutivo contempla medidas como la reducción de impuestos a las empresas, integración del sistema tributario, eliminación de la franquicia tributaria Sence, reducción de la permisología y la invariabilidad tributaria.
De acuerdo con el Gobierno, se busca reactivar la inversión, impulsar el empleo y acelerar la reconstrucción en zonas afectadas por catástrofes como los incendios del 2024 en Valparaíso y de este año en las regiones del Biobío y Ñuble.
En la firma de la iniciativa, por parte del Presidente, José Antonio Kast, el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, condicionó el avance del proceso de reconstrucción en los sectores afectados por los siniestros de enero a la aprobación de la, también denominada, “Ley Miscelánea”.
“Necesitamos con urgencia, en el Biobío y Ñuble, poder construir las casas. Los recursos regulares del Ministerio de Vivienda se están acabando, se van a terminar. Hemos tenido que comprometer recursos de familias que estaban esperando sus viviendas sociales para poder iniciar la reconstrucción de las viviendas quemadas en Ríos de Chile y en Miramar como ejemplo”, señaló el ministro.
Sobre la tramitación y el tiempo contemplado por el Minvu, Poduje complementó que “lo que yo quiero pedir hoy es que este proyecto sea visto con una mirada republicana como ha sido la historia de Chile, los proyectos de reconstrucción, que siempre traen un paquete de medidas complementarias a la reconstrucción en sí mismo”.
Incluso el propio Presidente Kast se refirió a la advertencia de Poduje y los plazos que podría demorar en tramitarse la megareforma. “A todos nos preocupan los plazos, y en eso comparto con el ministro de Vivienda que es urgente que tomemos conciencia de que hay una situación fiscal compleja, como lo hemos venido planteando desde el inicio”, señaló el Mandatario antes del ingreso del proyecto.
En cuanto a los plazos que se deberán esperar en el Congreso es donde, en Biobío, se ha instalado el debate. Esto porque existe la preocupación en contar prontamente con los recursos para el proceso de recuperación definitiva de viviendas en zonas como Lirquén (Penco) y Punta de Parra (Tomé). En específico, de acuerdo al proyecto, se contempla la reconstrucción de 327 viviendas en Ñuble y 4 mil 102 en el Biobío. El costo, de acuerdo al Minvu, es de $400 mil millones.
En esa línea, el diputado Antonio Rivas (PS) se refirió a la advertencia del titular de Vivienda, junto con el tiempo estimado que podría tomar la tramitación de la reforma en el Congreso y afirmó que “Chile tiene un Fondo de Estabilización Económico-Social que permite hoy, si este gobierno quisiera, financiar la reconstrucción absolutamente. Pues en el fondo hay 3 mil 600 millones de dólares”.
Según el congresista, el Ejecutivo ha ligado el proyecto al procesos de reconstrucción “para que pueda haber aquí una suerte de coerción, de presión al Parlamento, de manera tal que nos sensibilicemos con un proyecto que va va a beneficiar solo a los más ricos (…) la reconstrucción en la Región del Biobío y la de Ñuble no requiere este proyecto”.
El diputado Álvaro Ortiz (DC), proyectó que “esperamos discutir dentro de los plazos razonables un proyecto de ley de esta envergadura, más aún cuando ya no va a ser tratado solo una comisión, que era Hacienda, sino que, además de hacienda, se sumó Medio Ambiente y también se sumó la Comisión de Trabajo”.
Respecto del financiamiento del proceso para nuevas viviendas, Ortiz precisó que “esperamos que el financiamiento de todo el proceso de reconstrucción, de los sectores que han estado complicados en nuestra zona y en otros lugares más, también pueden ser entregados, pero haciendo las cosas bien, revisando bien los antecedentes”.
Por su parte, el diputado Patricio Pinilla (DC), hizo reserva de constitucionalidad en la Sala al proyecto, argumentando que este no respeta el artículo 69 de la Constitución respecto a las ideas matrices de los mensajes y anunció que recurrirán al Tribunal Constitucional (TC).
“Estamos frente a un a un proyecto que involucra diversas materias, un compilado de cosas, un verdadero rompecabezas legislativo, y no resulta coherente”, dijo en su alocución.
En la misma línea, el congresista de Biobío agregó que “del 69 de la constitución política de la república se puede desprender que estos tienen que tener una idea matriz, un fundamento general amplio, y el propio Presidente de la República nos ha dicho al menos que tiene cuatro ideas matrices, y eso contradice a la Constitución”.
La diputada Marlene Pérez (Ind-UDI), también se refirió a la discusión de la propuesta del Ejecutivo y manifestó que “es importante este proyecto para reactivar nuestro país. Sin inversión no hay desarrollo, y sin desarrollo no hay empleo ni tampoco posibilidad de mantener las políticas públicas en nuestro país. Por lo tanto, es importante crecer, es importante que tengamos que reconstruir las zonas afectadas, y para eso se necesitan recursos”.
Al mismo tiempo, Pérez destacó el acuerdo entre el Partido de la Gente (PDG) y el Gobierno para votar a favor en general la idea de legislar el proyecto de ley de Reconstrucción Nacional en base a medidas que están orientadas a aliviar el bolsillo de los sectores medios.
Sobre el acuerdo con el PDG, la diputada Marlene Pérez (Ind-UDI) aseguró que “me parece muy bien que se haya llegado a un acuerdo, especialmente porque recoge algo que he venido planteando hace semanas: la devolución del IVA en productos esenciales como los medicamentos y los pañales es una buena noticia. Porque este es un gasto permanente para muchas familias”.
Por su parte, el diputado Roberto Arroyo (PSC) aseveró que el Proyecto de Reconstrucción Nacional “es la corrección que Chile necesita. Menos impuestos a las empresas, porque eso significa menos impuestos a las personas, más certeza para invertir y un crédito directo para proteger cada puesto de trabajo formal”.