De acuerdo a la última Encuesta de Presupuestos Familiares del Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el gasto en transporte constituye uno de los componentes más relevantes del presupuesto de los hogares. En detalle, de acuerdo a la estadística, representa en torno al 15% del gasto total, ubicándose entre las principales categorías de consumo, junto con alimentación y vivienda.

Esta alta participación implica que cualquier variación en los costos asociados a la movilidad, y en particular en las tarifas del modelo público, tiene un impacto directo y significativo sobre el presupuesto de cada familia.

Dado que se trata de un gasto de carácter frecuente y difícilmente sustituible —por cuanto permite el acceso al trabajo, la educación y otros servicios esenciales—, su aumento reduce de manera inmediata la capacidad de los hogares para destinar recursos a otros bienes y servicios.

En esa línea, ante la la histórica alza de los combustibles, el Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) anunció la destinación de recursos y de un mecanismo para lograr el congelamiento de las tarifas del transporte público en regiones.

No obstante, una de las grandes incógnitas era el sistema de congelamiento tarifario en los sectores rurales de Biobío, donde el transporte público no es regulado como en el Perímetro del Gran Concepción, Tomé o Santa Juana.

Es así como el MTT creó un “Programa Especial de Estabilización Tarifaria para servicios de transporte público remunerado de pasajeros prestados mediante buses diésel en zonas urbanas y rurales”; y que cuenta con su metodología, determinando además, la fórmula de cálculo de dicho subsidio y el procedimiento de entrega del mismo.

En Biobío, a nivel urbano, el programa contempla los servicios de los tres perímetros antes señalados. Esto mientras que, a nivel rural, el mismo programa considera a 187 servicios no regulados y de conectividad. Cabe precisar que dentro de esta última categoría se contemplan servicios como Coronel – Lota; Colico Norte – Curanilahue; Paso Hondo – Santa Juana; entre otros.

Consultado por Diario Concepción, desde el Ministerio explicaron que instruyeron a todas las secretarías ministeriales a monitorear cada escenario para ir contactando a los distintos operadores que “estén anunciando o efectuando estas alzas, para ver cómo poder mitigar eso”.

De la misma forma, el programa establece que, de forma trimestral, el MTT establecerá los montos de compensación por bus, según la categorización definida, determinando, además, la fecha de postulación al beneficio.

Así, el mecanismo establece montos diferenciados de compensación a entregar por vehículo para el primer proceso de entrega 2026, según la fórmula de cálculo contenida en la metodología del Programa Especial.

En Biobío, el primer monto a entregar para las empresas que accedan al programa es de $1.176.111 por bus para la zona urbana de prestación de servicios y de $1.070.214 por bus a la zona rural. Cabe precisar que el primer pago se extenderá hasta el 30 de abril del 2026.

Al mismo tiempo, la cartera complementó que el objetivo es invitar al diálogo a los distintos operadores y monitorear cada una de las situaciones. Esto frente a las cerca de 30 líneas de buses en Biobío que hicieron modificaciones de la tarifa de su pasaje, según lo catastrado por la Seremi de Transportes en la Región.

Requisitos

De acuerdo a las bases establecidas del programa, para acceder al subsidio se debe estar vigente con el Registro Nacional de Servicios de Transporte Público de Pasajeros; ser propietario del o los vehículos por los cuales realiza la solicitud. En el caso de los arrendatarios con opción de compra de vehículos objeto de la compensación, deberá presentar un mandato.

Al mismo tiempo, debe tener revisión técnica vigente al momento de la postulación; para el caso de personas jurídicas, copia autorizada de la escritura en que consta la personería del o los representantes y su correspondiente certificado de vigencia; las personas jurídicas deberán estar inscritas en el Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos de la Ley N° 19.862; y firmar la Declaración Jurada Simple en la que el postulante se compromete a dar cumplimiento estricto a la mantención de las tarifas.