El alza de los combustibles anunciada por el Gobierno activó una serie de medidas para contener su impacto, entre ellas el congelamiento de tarifas del transporte público. Sin embargo, en regiones como el Biobío, donde el sistema opera bajo condiciones distintas a Santiago, la implementación de esta medida ha abierto dudas respecto a su ejecución efectiva, especialmente en torno al mecanismo concreto que permitirá sostener dicho congelamiento.

Si bien el Ejecutivo ha señalado que el financiamiento se apoyará en los llamados “Fondos Espejo”, estos corresponden a un conjunto de instrumentos con distintos fines, y hasta ahora no se ha precisado cuál de ellos ni bajo qué modalidad se utilizará para implementar el congelamiento tarifario. Esta falta de definiciones contrasta con el sistema existente en la Región Metropolitana, donde la tarifa es regulada y el subsidio cuenta con una estructura institucional clara y establecida.

Miradas desde el Congreso

A nivel del Legislativo, diversos diputados del Biobío apuntaron precisamente a esa falta de definiciones y a las diferencias en la implementación entre la capital y las regiones. El diputado Roberto Arroyo (PSC), fue uno de los más críticos: “Esto es centralismo puro y duro. En Santiago todo está resuelto, con subsidios claros y reglas definidas, pero en regiones nuevamente nos dejan en la incertidumbre”, señaló, cuestionando la diferencia en el tratamiento de la medida entre la capital y las regiones.

“Anuncian congelamiento de tarifas, pero no dicen cómo, ni cuándo, ni con qué recursos reales se va a implementar”, sostuvo. También cuestionó el uso de los denominados fondos espejo, señalando que “no pueden seguir siendo una caja negra donde el Gobierno mete todo y no rinde cuentas”. En esa línea, advirtió el riesgo de que el congelamiento sea solo nominal y que los costos terminen trasladándose a los usuarios por otras vías.

Las críticas vienen desde distintos sectores políticos. El diputado Antonio Rivas (PS), cuestionó con dureza el enfoque del Ejecutivo. “Este es un gobierno cruel que nos ha dejado con una tremenda alza de precios de los combustibles (…). Mientras la Región Metropolitana cuenta con un esquema institucional robusto y transparente para el subsidio de tarifas, el Biobío y el resto de las regiones quedan relegadas a anuncios poco claros y carentes de hoja de ruta”, sostuvo.

Respecto al uso de los fondos espejo, Rivas advirtió que “corremos el riesgo de que los recursos se diluyan” si no se establecen mecanismos claros, por lo que planteó la necesidad de “una legislación especial que responda de manera efectiva a la crisis”. Asimismo, aseguró que desde la Cámara ejercerán su rol fiscalizador: “No aceptaremos un traspaso de costos a los usuarios”.

En términos similares, el diputado Patricio Briones (PDG), planteó que esta situación refleja un problema estructural en el diseño de políticas públicas, donde las medidas se concentran en la Región Metropolitana. A su juicio, existe un “desapego a las necesidades reales” de las regiones, lo que se traduce en beneficios que no siempre logran replicarse en el resto del país.

Coincidente con dicho análisis, el diputado Patricio Pinilla (DC), se refirió a la existencia de una brecha estructural entre Santiago y regiones. “Mientras en la capital existe un sistema integrado con subsidios claros, en regiones seguimos con incertidumbre”, dijo, agregando que, si bien los fondos espejo son una herramienta válida, no fueron diseñados para congelar tarifas de forma directa. “Se requiere un ajuste normativo claro que permita focalizar esos recursos en contener el alza del transporte en regiones, con criterios transparentes y fiscalizables”, sostuvo.

En esa línea, la diputada Joanna Pérez (Demócratas), apuntó a una dimensión territorial más profunda del problema, señalando que la discusión aún no incorpora adecuadamente las diferencias entre regiones. “Creo que hay una mirada muy superficial del problema (…) no se logra entender que tenemos regiones con realidades distintas”, afirmó.

Según la congresista, en gran parte de las provincias de Arauco y Biobío no existen instrumentos efectivos para contener el alza. “No tenemos fondo espejo (…) se nos quedan fuera 22 de las 33 comunas, es decir todo mi distrito”, indicó, llamando al Gobierno a actuar con mayor rapidez. Asimismo, planteó que se deben asegurar “recursos frescos y rápidos” y evitar trasladar la carga a los gobiernos regionales, enfatizando además la necesidad de escuchar a los gremios del transporte.

Por su parte, la diputada Marlene Pérez (Ind./UDI), enfatizó la necesidad de asegurar condiciones equivalentes entre la capital y las regiones. “Es fundamental que se congelen también las tarifas del transporte público en regiones”, señaló, agregando que no es justo que las medidas tengan un mayor efecto en la Región Metropolitana que en territorios como el Biobío.

En medio de las críticas, la diputada Flor Weisse (UDI), adoptó un tono más moderado y llamó a avanzar en la implementación de la medida. En esa línea, planteó que el rol del Congreso debe ser “acompañar este proceso de manera constructiva”, promoviendo la coordinación con el Ejecutivo para asegurar una aplicación clara y oportuna. Respecto al uso de los fondos espejo, indicó que “son instrumentos amplios que no están destinados exclusivamente a subsidios tarifarios”, por lo que su aplicación requiere ajustes.

En una línea similar, la diputada Francesca Muñoz (PSC), también puso énfasis en las diferencias estructurales entre la capital y las regiones, señalando que estas inciden directamente en la implementación de medidas como el congelamiento tarifario. “Efectivamente, en la Región Metropolitana existe un sistema integrado, con tarifas reguladas y subsidios permanentes, lo que permite aplicar medidas como el congelamiento de tarifas de forma inmediata”, explicó.

En contraste, indicó que “en regiones tenemos operadores distintos y sin un marco institucional equivalente”, lo que dificulta una aplicación directa de estas políticas. No obstante, sostuvo que “se ha dispuesto un subsidio para las regiones (…)” y planteó avanzar hacia “un marco normativo más permanente”, junto con reforzar “una coordinación estrecha entre el Ejecutivo, el Congreso y los gobiernos regionales”.