La decisión del Ejecutivo de aplicar un recorte presupuestario del 3% a todos los ministerios, que en el caso del Ministerio de Seguridad Pública se traduce en una disminución superior a los 72 mil millones de pesos, generó una inmediata reacción entre parlamentarios de la Región del Biobío.

El ajuste, que fue analizado en la Comisión de Seguridad de la Cámara de Diputados, contempla una reducción de $72 mil 669 millones y concentra el 94% de la disminución en las policías, particularmente en ítems relacionados con gastos de personal y mantenimiento de Carabineros de Chile.

Desde el Gobierno señalaron que se trata de recursos subejecutados durante el último año, sin embargo, la explicación no logró disipar las dudas entre los legisladores, especialmente considerando el complejo escenario de seguridad que enfrenta el país.

Mirada de los parlamentarios de la Región

En la Región del Biobío, donde la preocupación por la delincuencia y la violencia rural ha ido en aumento, la noticia generó una serie de cuestionamientos desde distintos sectores políticos.

El diputado del Partido de la Gente, Patricio Briones, calificó la medida como imprudente, señalando que reducir recursos en seguridad en el actual contexto resulta contraproducente.

“Me parece poco prudente recortar semejante cantidad de recursos a una repartición estatal, que debe estar siempre presente y activa en el control y seguimiento de las actividades relativas al orden y seguridad de la ciudadanía”, afirmó el parlamentario, quien además advirtió que la situación adquiere mayor gravedad considerando la realidad que viven las regiones del sur.

Briones sostuvo que el recorte resulta especialmente preocupante para la Macrozona Sur, donde los fenómenos de violencia y crimen organizado continúan generando inquietud.

“Más aún en la Región del Biobío y La Araucanía con los fenómenos de violencia y terrorismo rural, producto de eventual crimen organizado que ataca en esas zonas”, agregó.

El legislador también adelantó que evaluará acciones para conocer el impacto real de la medida.

“Evaluaré presentar un requerimiento para dimensionar el efecto real de una medida que raya en lo absurdo, entendiendo que la gente de la zona macro sur sigue en indefensión y después está en temas de delincuencia de alto impacto”, indicó.

Desde el Partido Social Cristiano, el diputado Roberto Arroyo manifestó una postura crítica, aunque matizada, señalando que, si bien entiende la necesidad de ordenar las finanzas públicas, la seguridad no debiera verse afectada por ajustes presupuestarios.

“El Gobierno ha tomado la decisión de realizar recortes con el objetivo de ordenar las arcas fiscales, pero aún no existe claridad sobre la magnitud de los recursos que fueron mal utilizados. Esperamos que estas medidas sean transitorias y no permanentes. Carabineros cumple un rol fundamental en la primera línea de la seguridad, y por eso no puede verse debilitado. Es necesario avanzar con responsabilidad fiscal, pero sin descuidar áreas tan sensibles como la seguridad, que hoy es una de las principales preocupaciones de la ciudadanía”, señaló.

Por su parte, el diputado socialista Antonio Rivas expresó una fuerte crítica a la decisión del Ejecutivo, apuntando a una contradicción entre el discurso del Gobierno y las medidas adoptadas.

El parlamentario sostuvo que el recorte genera preocupación y desconcierto, especialmente considerando que la seguridad fue uno de los principales ejes de campaña presidencial.

“Recibo esta noticia con mucha preocupación y algo de desconcierto, pues nos encontramos ante una inconsistencia política. El Presidente Kast basó su campaña en la promesa de otorgar más seguridad a la ciudadanía, pero hoy, ante la primera presión fiscal, decide que el ajuste lo paguen las policías y los programas de intervención barrial. En la práctica se traduce en menos presencia policial y menos inteligencia en comunas”, afirmó.
Rivas también cuestionó la señal política que implica la medida, señalando que resulta contradictorio plantear la seguridad como prioridad mientras se reducen recursos.

“No es posible ser un ‘gobierno de emergencia’ en el discurso y, sin embargo, recortar recursos en un ámbito tan importante como es la seguridad”, agregó.

La diputada Joanna Pérez, representante del distrito 21 y reelecta en 2025 por el Partido Demócratas, también abordó la situación, destacando la necesidad de fortalecer a Carabineros y mejorar las condiciones en las que desarrollan su labor.

La parlamentaria planteó que existe una deuda en la ejecución de recursos durante la administración anterior y que el debate debe centrarse en mejorar la eficiencia del gasto.

“Carabineros de Chile necesita contar con las condiciones adecuadas para desarrollar su labor, y eso lo hemos planteado de manera permanente”, indicó.

Pérez sostuvo además que hubo compromisos que no se cumplieron, particularmente en el Programa de Mejoramiento de Gestión.

“Creemos que aquí hay una deuda importante, porque el gobierno anterior no ejecutó los recursos como correspondía, especialmente en lo relativo al Programa de Mejoramiento de Gestión (PMG), que era un compromiso que no se cumplió”, señaló.

En esa línea, Pérez adelantó que solicitarán nuevas propuestas a las autoridades del área de seguridad.

“Por eso, vamos a solicitar propuestas a la ministra y al subsecretario, considerando los desafíos que enfrenta la institución, la necesidad de mayor eficiencia en el uso de los recursos y, sobre todo, el cumplimiento de compromisos que quedaron pendientes”, indicó.

Desde el Partido de la Gente, la diputada Lilian Betancurt también manifestó su preocupación por el impacto del anuncio, señalando que la medida genera una señal negativa en la ciudadanía y podría afectar la confianza en las instituciones.

“Creo que el problema no solo está en el fondo, sino también en cómo se comunica, porque anunciar un recorte de $72 mil millones en Seguridad genera de inmediato una señal negativa y una baja en la confianza de la ciudadanía; sin embargo, más allá de la forma, el Gobierno debe ordenar sus prioridades con urgencia y entender que en materia de seguridad no corresponde hablar de recortes, sino de fortalecer e incluso aumentar los recursos para enfrentar de manera real y efectiva la crisis que viven hoy las personas”, señaló.

En tanto, el diputado Álvaro Ortiz también criticó la medida, señalando que el recorte contradice los compromisos asumidos durante la campaña presidencial y advirtió que la decisión podría afectar a millones de personas.

“Es realmente lamentable saber este recorte del orden de los 72 mil millones de pesos en seguridad. Un gobierno que vino a decir que la seguridad era su prioridad, era el tema más importante que iban a abordar y ahora pareciera ser que se dieron cuenta que las promesas electorales, si no tienen fundamento, si no son serias, no se pueden cumplir. Es realmente una pena por los millones y millones de chilenos y chilenas que nos vamos a ver afectados pero también por las millones de personas que votaron para que este gobierno llegara a la moneda”, afirmó.