En sus últimas horas en el cargo, el Presidente, Gabriel Boric, hizo un llamado para que el próximo Congreso rechace la propuesta “que consagra la impunidad”.
Continúa el debate por la votación en la Sala del Senado que aprobó en general, con 23 votos a favor y 22 en contra, el proyecto ingresado por Chile Vamos que permite suspender y otorgar condenas alternativas a personas con problemas de salud o que sean adultos mayores.
La iniciativa fue ingresada por los senadores Francisco Chahuán (RN), Luz Ebensperger (UDI), Luciano Cruz-Coke (Evópoli), Alejandro Kusanovic (IND-RN) y Carlos Kuschel (RN).
Según lo que indica el proyecto de ley, con esto se permite que el tribunal pueda decretar a un recluso “el cumplimiento alternativo de la pena” en prisión domiciliaria por el tiempo que reste de la pena, sin distinción de delitos.
Según el Ministro de Justicia y Derechos Humanos, Jaime Gajardo, esto podría beneficiar a más de 12 mil reos a nivel nacional. Entre ellos se encuentran los condenados por violaciones a los derechos humanos, como Miguel Krassnoff.
Además, hay internos sentenciados por delitos como violación, homicidio y parricidio. Ese es el caso de la interna María del Pilar Pérez, mejor conocida como “La Quintrala”, que tiene 73 años de edad y está encarcelada por triple homicidio; o del “Psicópata de Alto Hospicio”, Julio Pérez Silva, que está condenado por matar a 14 adolescentes.
Otro caso es el de Hugo Bustamante, quien mató a la joven de 16 años Ámbar Cornejo y asesinó a dos personas.
En la Región del Biobío, de acuerdo al seremi de Justicia saliente, Carlos Uslar, la iniciativa de ley, de aprobarse, podría beneficiar a cerca de 400 reos que están en centros penitenciarios de la zona.
“Si atendemos hoy al concepto que se quiere dar a esta conmutación de pena (…) acá en la Región del Biobío, por lo bajo, no van a ser más de 400 o 500 personas que van a poder conmutar su pena si este proyecto de ley se aprueba y con delito transversal, o sea desde violación, homicidio porque no se atiende a la calidad del delito sino que se atiende solamente a un concepto de edad y de enfermedad”, detalló Uslar.
En la misma línea, el encargado saliente de la cartera de Justicia en la Región también precisó que “este es un proyecto de ley que nosotros rechazamos categóricamente porque creemos que es un proyecto de ley que está mal redactado, que no tiene la fineza, ya lo ha señalado también la Corte Suprema en su informe, de un proyecto que permita una interpretación clara”.
De la misma forma,a pocas horas de que concluya su mandato, el Presidente Gabriel Boric cuestionó nuevamente el proyecto de ley. En su intervención, el Mandatario hizo un llamado para que “el futuro Congreso rechace este proyecto que consagra la impunidad”.
Cabe señalar que, de acuerdo a la iniciativa de norma, sentenciados que podrían optar a este beneficio son enfermos crónicos a quienes su privación de libertad les impida “recuperarse o tratar adecuadamente su enfermedad crónica”; aquellos que padezcan una enfermedad terminal; reclusos con discapacidad que estén en centros penitenciarios donde no haya instalaciones adecuadas para su situación de discapacidad; y los internos que tengan 70 años y que, si se suma su edad junto a los años de reclusión, dé un resultado de 80 años o más.
Por ahora, el polémico proyecto continúa su tramitación en general en el Senado y la Comisión de Derechos Humanos ya emitió un primer informe al respecto. De avanzar en el Senado, pasará a la Cámara, a segundo trámite.
La discusión también se reflejó entre los senadores que representan a la Región del Biobío, quienes adoptaron posiciones contrapuestas durante la votación en la Cámara Alta.
En dicho contexto, el senador por el Biobío, Gastón Saavedra (PS) —quien votó en contra de la iniciativa—, criticó su aprobación y advirtió que la decisión del Senado “es una mala señal para el país”.
El parlamentario sostuvo que el proyecto abre un debate complejo en materia de justicia. “Se ha votado un proyecto que está en el ámbito de los derechos humanos y que permite dejar en libertad a culpables de violaciones a los derechos humanos que están cumpliendo penas por crímenes de lesa humanidad en Punta Peuco”, señaló.
Saavedra también remarcó el estrecho resultado de la votación, señalando que “aquellos hoy día han obtenido una mayoría en el Senado: 23 votos contra 22”, lo que, a su juicio, refleja la tensión política y ética que genera la iniciativa.
En contraste, el senador por el Biobío, Enrique van Rysselberghe (UDI), respaldó el proyecto y defendió que la iniciativa no busca otorgar impunidad, sino establecer un mecanismo excepcional de cumplimiento de condenas.
Durante su intervención en la Sala, el parlamentario afirmó que “este proyecto de ley no busca la impunidad o dejar en libertad a condenados, sino la posibilidad de un cumplimiento alternativo de la pena mediante reclusión domiciliaria total bajo ciertas circunstancias específicas y puntuales”.
En esa línea, argumentó que la propuesta responde a la necesidad de resguardar condiciones dignas para personas privadas de libertad que presentan graves problemas de salud o edad avanzada.
En ese sentido, planteó que la iniciativa apunta a abordar “las graves vulneraciones a los derechos fundamentales de los adultos mayores y la necesidad de adoptar medidas urgentes que garanticen condiciones dignas”.