Perú atraviesa una profunda crisis política y social, marcada por la destitución de la presidenta Dina Boluarte y la asunción del nuevo presidente interino José Jerí. El Congreso aprobó la vacancia de Boluarte el 10 de octubre, tras una sucesión de protestas y denuncias sobre su incapacidad para hacer frente a la inseguridad y al crimen organizado.
Solo días después, el 22 de octubre, Jerí decretó un estado de emergencia de 30 días para Lima Metropolitana y la provincia del Callao, citando una ola de criminalidad como justificación.
Este escenario evidencia una inestabilidad prolongada: desde 2015, el país ha tenido múltiples presidentes que no han completado sus mandatos, lo que mina la confianza ciudadana en las instituciones y refuerza la percepción de que la gobernabilidad está en juego.