La subsecretaria de DD. HH., Daniela Quintanilla, expuso avances en la región y se refirió a la postura chilena frente a la crisis humanitaria en Gaza.
Por Hugo Ramos Lagos
Los derechos humanos y la memoria histórica siguen siendo ejes fundamentales en la retina de la Región del Biobío, territorio que concentra el segundo mayor número de víctimas de desaparición forzada en el país durante la dictadura cívico-militar entre 1973 y 1990. En medio de gestos simbólicos, avances judiciales y debates pendientes, la subsecretaria de Derechos Humanos, Daniela Quintanilla, conversó con Diario Concepción.
La autoridad visitó la zona para participar en la instalación de una placa en memoria de Juan Heredia Olivares, detenido y desaparecido en 1973. La ceremonia abrió además un espacio de reflexión sobre los esfuerzos de memoria y reparación que hoy impulsa el Estado.
–Respecto a la reciente actividad que tuvieron en Los Ángeles, ¿cuál fue su valor simbólico y cómo se vivió?
–Participamos en la ceremonia de develamiento de una placa en la Dirección Provincial de Educación, en memoria del profesor normalista Juan Heredia Olivares. El 16 de septiembre de 1973 fue secuestrado desde su domicilio, en presencia de su esposa Nancy y sus tres hijas, y hasta hoy se desconoce su paradero.
La familia presentó el primer recurso de amparo en 1974 y nuevas acciones judiciales en los años 80 y 90. Hubo una sentencia de la Corte Suprema, pero aplicó la figura de la media prescripción. Ante dicha denegación de justicia, recurrieron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la que alcanzaron un acuerdo de solución amistosa.
–Recientemente se instaló una placa en la Primera Comisaría de Concepción…
–Es destacable que instituciones que tuvieron responsabilidad en los crímenes de la dictadura realicen gestos de reparación simbólica. Estos gestos no solo son reparatorios para las familias y víctimas, sino que también fortalecen la democracia.
Isidoro Valenzuela M.
La subsecretaria se refirió al Plan Nacional de Búsqueda, iniciativa que este año ha concretado cerca de 80 diligencias a nivel nacional. De las 1.469 víctimas oficialmente reconocidas, 149 corresponden al Biobío.
–¿Qué balance pueden realizar a la fecha sobre el Plan, tanto a nivel país como a nivel región?
–Es muy positivo. Por primera vez, el Estado tiene una estrategia conjunta que involucra a distintos poderes para avanzar en un objetivo común: esclarecer las circunstancias de desaparición y muerte, y el destino final de cada víctima.
Ya contamos con la nómina única oficial y un mapa de trayectorias disponible en el sitio plannacionaldebusqueda.cl.
–¿Ese mapeo se construye a partir de las diligencias o viene de antes?
–El mapa se construye desde fuentes oficiales: la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, además de sentencias judiciales ejecutoriadas.
Es un mapa dinámico que se va nutriendo a medida que avancen las diligencias. Lo clave es que se basa en evidencia empírica y verificable. Por eso hemos reforzado la presentación de nuevas querellas y antecedentes ante los tribunales, para avanzar con certezas jurídicas.
Un aspecto relevante ha sido la restitución a las familias de las carpetas de calificación que entregaron en los años 90.
–¿Alguna de las diligencias se relaciona con los 149 casos registrados en el Biobío?
–Sí. Pero antes, debo señalar que, en lo que va de 2025, ya vamos como por las ochenta, con varias más planificadas para este último trimestre.
Hoy tenemos 31 causas judiciales abiertas en la región, cinco de ellas vinculadas directamente a búsqueda, y cinco lugares de interés donde desplegamos diligencias: Punta de Parra, Reserva Nacional Altos de Pemehue, Lirquén, Bulnes (anteriormente del Biobío) y el regimiento de Los Ángeles.
–Si bien ha dicho que el Plan Nacional de Búsqueda trasciende a los gobiernos de turno, ¿importa quién gobierne para asegurar su continuidad?
–Una certeza evidente es que no da lo mismo quién gobierne. La Subsecretaría de DD. HH., desde su creación en 2017, tiene un mandato legal de asistencia a las familias de víctimas y de apoyo a la búsqueda. Ese mandato debe cumplirse, independientemente del gobierno de turno.
Por primera vez tenemos una estrategia coordinada entre el Ejecutivo, el Poder Judicial y órganos auxiliares como el Servicio Médico Legal. Y los resultados lo muestran: en 2023 hubo 6 diligencias en terreno, en 2024 fueron 44 y este año ya son casi 80.
–¿Cuál es su alcance y qué medidas concretas contempla el Protocolo de Protección a las Personas Defensoras de Derechos Humanos?
–Este protocolo responde a una de las primeras medidas del Presidente Gabriel Boric: la ratificación del Acuerdo de Escazú en 2022. Su objetivo es implementar esas obligaciones y establecer un marco amplio de protección, donde se entiende por defensor(a) a cualquiera que, mediante medios pacíficos, promueva las libertades fundamentales.
Eso incluye desde organizaciones tradicionales de derechos humanos hasta defensores ambientales, territoriales, de mujeres y disidencias, periodistas, sindicalistas y trabajadores.
A través de un formulario, cualquier persona u organización puede activar el protocolo si existe una situación de riesgo o amenaza derivada de la labor de defensa. La Subsecretaría analiza el caso y, si corresponde, lo deriva a la mesa para coordinar las medidas.
–Es decir, ¿ustedes no solo activan el protocolo, también sugieren medidas?
–Exacto. Proponemos medidas específicas según cada institución de la mesa, e incluso podemos involucrar a entidades externas.
Un caso concreto fue el de una abogada perseguida penalmente por su labor en un caso de acoso sexual. Activamos la mesa y la Defensoría Penal Pública asumió su representación con un enfoque de género y derechos humanos.
Por último, Quintanilla se refirió a la postura internacional de Chile en DD. HH., en un contexto marcado por la participación del Presidente Gabriel Boric en la Asamblea General de Naciones Unidas y por la crisis humanitaria en la Franja de Gaza, escenario que ha vuelto a poner a prueba la coherencia diplomática del país con el compromiso por la defensa de los derechos fundamentales.
–En derechos humanos, ¿cuáles considera que serán los ejes principales que el Presidente abordará a lo largo de la Asamblea de la ONU?
–El Presidente ha sido muy explícito en su compromiso. Él ha reiterado la preocupación de Chile por Gaza y el reconocimiento de Palestina.
Desde el retorno a la democracia, todos los gobiernos han sostenido la legitimidad del Estado palestino y la necesidad de una solución de dos Estados. Creo que esos serán los ejes de su estancia en Nueva York, aunque no me corresponde anticipar sus palabras.
–Respecto al conflicto entre Israel y Palestina, y considerando la situación actual en Gaza, ¿cree que la postura diplomática de Chile se ha mantenido en línea con su tradición histórica o se ha apartado de ese camino?
–La posición de Chile ha sido invariable desde los años 90: siempre hemos reconocido la legitimidad de las demandas del pueblo palestino y la necesidad de una solución.
Hemos recibido refugiados de Gaza, como antes lo hicimos con personas de Palestina y Siria. Si el actual Presidente ha sido más enfático, es porque la crisis hoy es más aguda que en ocasiones anteriores.