En un acto cargado de emoción, memoria y justicia, este martes en el Salón Biobío de la Delegación Presidencial Regional, se realizó la entrega oficial de las primeras carpetas de calificación a familiares de personas detenidas desaparecidas y ejecutadas políticas durante la dictadura cívico-militar.

“La actividad, enmarcada en el Plan Nacional de Búsqueda, Verdad y Justicia, responde a un compromiso del Presidente de la República, Gabriel Boric Font, y de la Subsecretaría de Derechos Humanos, por garantizar el derecho a la verdad y poner fin al secreto que por décadas mantuvo oculta la documentación que fundamentó la calificación oficial de las víctimas”, sostiene el comunicado de prensa.

Durante la ceremonia, se entregaron nueve carpetas que contienen antecedentes personales, testimonios, documentos administrativos, informes periciales y resoluciones judiciales o administrativas que sustentaron la calificación de cada víctima. Hasta hoy, esta información era de carácter reservado.

Para el seremi de Justicia y Derechos Humanos de la Región del Biobío, Carlos Uslar Venegas, este hito es un gran avance en la historia de los Derechos Humanos, ya que según lo expresado “estas carpetas son el reconocimiento formal del Estado a lo que las familias siempre supieron: que sus seres queridos fueron víctimas de crímenes de lesa humanidad. Este acto no es sólo simbólico: es un paso concreto del Plan Nacional de Búsqueda como política de Estado. Y es también un grito contra el negacionismo: aquí está la prueba, aquí está la memoria, aquí está la verdad que no se puede borrar”.

Así mismo, el delegado presidencial Eduardo Pacheco, indicó que “como Delegado del Presidente Gabriel Boric en la región, hoy represento a un Estado que asume su responsabilidad histórica. Estas carpetas no son archivos muertos: son voces que vuelven, son rostros que se nombran, son vidas que el Estado hoy reconoce plenamente. La memoria no es del pasado: es la base de nuestro presente y la garantía de nuestro futuro democrático.”

En esta actividad también participó el ex ministro de la Ilustre Corte Suprema de Concepción, Carlos Aldana, quien desde el 2005 investigó centenares de casos por delitos de lesa humanidad, aclarando los más emblemáticos como la Matanza de Laja San Rosendo, los crímenes de la Operación Alfa Carbón, incluida la arista de la Vega Monumental, además de los asesinatos y desapariciones de Santa Bárbara y de Mulchén

Las carpetas de calificación fueron elaboradas originalmente por la Comisión de Verdad y Reconciliación (Comisión Rettig) y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación, organismos encargados de investigar —de manera extrajudicial— las violaciones a los derechos humanos durante la dictadura. Hasta ahora, su contenido no había sido entregado a las familias, limitando su acceso al derecho a la verdad.

Este hito, impulsado por la lucha incansable de las organizaciones de derechos humanos y las familias, marca un antes y un después en la política de reparación del Estado chileno.