Tras la entrada en vigencia de la nueva norma, con la publicación en el Diario Oficial, hay especial énfasis en conductores del transporte público.
Se publicó en el Diario Oficial la ley que prohíbe a personas condenadas por delitos sexuales la entrega de licencias de conducir profesional para el traslado de pasajeros.
En esa línea, para asegurar que la normativa se cumpla se deberá acreditar, mediante un certificado de antecedentes para fines especiales del Registro General de Condenas, el no poseer anotaciones relativas a la condena por delitos de connotación sexual (violación; estupro, abuso sexual, explotación sexual comercial y delitos vinculados a material pornográfico de niños, niñas y adolescentes).
La ley, además, establece una prohibición general para que conductores condenados por delitos sexuales puedan operar vehículos de transporte público.
También establece la obligación a los choferes de traslado de pasajeros de acreditar semestralmente que no se encuentran afectos a esta inhabilidad.
Asimismo, se autoriza al Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones a cancelar la respectiva inscripción en el Registro Nacional de Servicios de Transporte de Pasajeros, a aquellos que no cumplan con los requisitos.
Un aspecto clave de la es que, si bien la implementación de la entrega de licencias de conducir es supervisada por la mencionada cartera, una vez puesta en marcha la normativa, los municipios son los responsables. Por ende, cada casa edil debe revisar que en los antecedentes de quien postula a la licencia, no se cuente con la inhabilidad.
“Recibimos de muy buena manera esta nueva ley en vigencia, la cual prohíbe la entrega de licencias de conducir profesional para traslado de pasajeros a condenados por delitos sexuales, porque ayudará – en parte- a proteger a la población”, señaló el presidente de la Asociación de Municipalidades de la Región del Biobío y alcalde de Hualqui, Ricardo Fuentes.
No obstante, hay municipios de la Región del Biobío que han incumplido con normativas de este tipo, y es que la Contraloría General de la República (CGR) detectó múltiples infracciones al revisar el otorgamiento de licencias de conducir a personas deudoras de pensión alimenticia, hecho que está prohibido desde 2022, por la Ley N° 21.389, la cual crea el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos.
Mediante un informe de su División de Gobiernos Regionales y Municipalidades, el órgano de control detectó que 24 de las 33 municipalidades de la Región del Biobío habrían otorgado o renovado un total de 436 licencias, entre 253 personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores. Es decir, un 73% de los municipios a nivel regional han incumplido la norma desde su vigencia.
Chiguayante, Cañete y Yumbel son algunas de las casas ediles que registraron documentos indebidamente entregados.
Respecto de aquella situación y del normal cumplimiento de la nueva ley, Fuentes aseguró que “no tenemos facultad fiscalizadora para evitar que desde algún municipio se salte esta nueva normativa, sin embargo, esperamos que la experiencia de aquellas municipalidades donde se les entregó licencia a deudores, hayan aprendido la lección, porque entendemos que en ese caso se actuó desde el desconocimiento, situación que esperamos no se dé con los condenados por delitos de carácter sexual”.
En la misma línea, alcalde complementó que “como institución estamos para orientar y ayudar a entender de mejor manera las leyes que involucren a los municipios, así también a la correcta labor de los funcionarios y en ese sentido, somos claros en que los encargados de entregar las licencias de conducir deberán revisar en línea el Servicio de Registro Civil e Identificación y así ver si el solicitante se encuentra inscrito en el citado registro y que de estar vigente no debe entregársele el documento, tal como ocurre con los deudores de pensión de alimentos”.
Desde la Municipalidad de Chiguayante, se refirieron a las 128 licencias indebidamente entregadas que detectó Contraloría. Juan Alcaino, director de Tránsito de la comuna, señaló que “estamos actualmente revisando todos los días el Registro Nacional de Deudores de Alimentos para evitar situaciones contrarias a la ley. Sobre posibles casos de incumplimiento de la norma, estamos en etapa de revisión de todos los casos relativos a la medida desde noviembre de 2022 hasta la fecha. Por lo tanto, estamos aún analizando toda la documentación disponible para, de ser necesario, tomar medidas legales y/o administrativas relativas a esta situación”.