El Ministerio Público sostiene que el jefe comunal habría recibido $82 millones por parte de la empresa portuaria, solicitando la cautelar de prisión preventiva. Los antecedentes del persecutor fueron expuestos en la formalización de cargos.
En la segunda jornada de formalización del alcalde de Coronel, Boris Chamorro, quien es imputado por el delito de cohecho en el marco del caso Puerto Coronel, la Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva contra el jefe comunal.
En detalle, de acuerdo a lo relatado por la fiscal adjunta de Coronel, Glenda Lagos, según la investigación y peritajes policiales, Chamorro habría recibido un total de 21 pagos ilícitos provenientes de la empresa portuaria, sumando un total de $82 millones.
La hipótesis del Ministerio Público se basa en que el expresidente del directorio de la Compañía Puerto de Coronel S.A., Eduardo Harwig, habría generado pagos periódicos de dinero a Chamorro, durante mayo de 2022 a noviembre de 2023, sosteniendo que este “los aceptó y recibió”, mientras ejercía el cargo de jefe comunal.
Para efectuar los presuntos pagos al alcalde coronelino, por instrucción del expresidente del Puerto, Daniel Chamorro, quien ejercía como gerente de administración y finanzas de la compañía, según el ente persecutor, se habría coordinado con Víctor Olivares, quien, según Fiscalía tendría calidad de proveedor y prestador de servicios del Puerto a través de su empresa, con el objetivo de que pudiera emitir facturas de su empresa Transol, las cuales que darían cuenta de supuestas prestaciones hacía Puerto Coronel S.A., que, en lo concreto, habrían sido inexistentes como, por ejemplo, mejoramientos de caminos interiores.
Así Olivares remitía cotizaciones de servicios a Puerto Coronel y Daniel Chamorro, por parte de la compañía portuaria y, según la fiscal, generaba las correspondientes órdenes de compra. Tras aquello, se detalló en la audiencia que se efectuaban las transferencias desde la cuenta corriente de Puerto Coronel a la cuenta corriente de Transol.
De esta forma, Olivares disponía, de acuerdo al Ministerio Público, de las sumas de dinero necesarias para entregar los eventuales pagos al jefe comunal, los que, aseguran, fueron en efectivo y entregados presencial y personalmente por el propio Olivares al alcalde Chamorro.
Específicamente, de acuerdo con la Fiscalía, son cinco las facturas ideológicamente falsas que emitió la empresa Transol a Puerto Coronel para realizar los presuntos traspasos de dinero en efectivo al alcalde.
Respecto de los pagos, con la primera factura (n° 327), según expuso la fiscal Lagos, se habrían realizado pagos al jefe comunal el 26 de mayo de 2022 por $9 millones; el 15 de junio de 2022 por $3 millones; el 1 de julio de 2022 por $3 millones; y el 7 de julio de 2022 por $3 millones.
Con la segunda factura (n°335), menciona la misma persecutora, se habrían concretado pagos al alcalde Chamorro el 12 de agosto de 2022 por $3 millones; el 21 de septiembre de 2022 por $3 millones; el 19 de octubre de 2022 por $3 millones; el 17 de noviembre de 2022 por $3 millones; y el 16 de diciembre de 2022 por $3 millones.
Con la tercera factura emitida por Víctor Olivares a Puerto Coronel (n°353) se habría efectuado un pago a Boris Chamorro por $10 millones, con fecha el 15 de diciembre de 2022.
Con la emisión de la cuarta factura (n°359), asegura el MP, se habrían hecho pagos al alcalde coronelino el 17 de enero de 2023 por $3 millones; el 14 de febrero de 2023 por $3 millones; el 10 de marzo de 2023 por $3 millones; el 14 de abril de 2023 por $3 millones; el 12 de mayo de 2023 por $3 millones; y el 7 de junio de 2023 por $4 millones.
Con la quinta y última factura emitida (n°368) se sustentarían pagos al alcalde coronelino el 4 de julio de 2023 por $4 millones; el 26 de julio de 2023 por $4 millones; el 4 de septiembre de 2023 por $4 millones; el 4 de octubre de 2023 por $4 millones; y el 9 de noviembre de 2023 por $4 millones.
“La libertad de los imputados constituye un peligro para la seguridad de la sociedad”, fue lo que señaló la fiscal adjunta Glenda Lagos para solicitar la prisión preventiva para el alcalde de Coronel, Boris Chamorro, y el exconcejal de la misma comuna, Eduardo Araya, quien también está siendo investigado por cohecho.
El principal argumento de Lagos fue que otra medida cautelar no garantiza los fines del procedimiento, en particular la comparecencia del imputado de los datos del mismo y la eventual ejecución de una sentencia condenatoria.
Sumando a lo último, la fiscal agregó que se debe considerar “la gravedad de los delitos, a que se trata de delitos de corrupción, de delitos que afectan el desarrollo de las instituciones del Estado de manera regular y de manera proba con lo nocivo que es para la sociedad la comisión de este tipo de ilícitos, que ha sido una constante, y que solamente cesó cuando se develaron estos hechos y se inicia la investigación”.
Asimismo, Lagos, en la solicitud de prisión preventiva, hizo referencia directa a la decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago por el caso del exalcalde de Recoleta, Daniel Jadue, y señaló que “él va a continuar en el ejercicio del cargo si no se decreta una medida cautelar privativa de libertad, y por lo tanto, siempre existe el riesgo de la comisión nuevamente de estos hechos”.
Este miércoles, a las 8:30 hrs, continúa la audiencia de formalización en el Juzgado de Garantía de Coronel, donde se conocerá la medida cautelar que solicite la Fiscalía para los otros imputados en el caso que son el empresario Hernán Romero (hermano de diputado y exalcalde coronelino Leonidas Romero), y los exdirectivos de Puerto Coronel Eduardo Hartwig, Daniel Chamorro, Víctor Olivares y Javier Andwanter.