La Cámara Baja despachó a ley la creación de la nueva cartera. El debate estuvo marcado, durante los últimos días, por las atribuciones que pedían los gobernadores regionales en materia.
Por Leonardo Carrera Zambrano
En la sesión N°113 de la Cámara de Diputadas y Diputados, el primero de los temas en discusión fue el informe de la comisión mixta que resuelve las atribuciones y su implementación regional del nuevo Ministerio de Seguridad Pública.
Tras las intervenciones de los parlamentarios y de la ministra del Interior, Carolina Tohá, la Cámara Baja resolvió aprobar con 91 votos a favor, 28 en contra y 6 abstenciones.
De esta forma, cumpliendo los 77 votos a favor requeridos para su aprobación, el proyecto de ley que crea la nueva cartera ministerial de Seguridad Pública es despachado al Ejecutivo para su promulgación.
La discusión legislativa comenzó cerca de las 10 de la mañana con las intervenciones de las y los diputados oficialistas y de oposición.
El principal argumento de los parlamentarios opositores al proyecto de ley radicó en la ampliación de la burocracia estatal materializándose en la creación de un nuevo ministerio y, por consecuencia, la contratación de funcionarios públicos.
“Este proyecto de ley aumenta también el poder a los delegados presidenciales, institución que este gobierno se comprometió bajo campaña a eliminarla. Hoy vemos que son unas nuevas cajas pagadoras y lugar de vitrina para personas que quieren incursionar en política, y ahora con mucho más poder que los mismos gobernadores electos democráticamente”, declaró el diputado Roberto Arroyo (PSC).
Por otro lado, la diputada Joanne Pérez (Demócrata), si bien dió su voto a favor de la creación del Ministerio de Seguridad, presentó sus reparos ante la Cámara. “Esto no es un espaldarazo al actual gobierno ni ministerio, porque creo que tiene muchas deficiencias. (…) Espero que esto no sea parte de un jugueteo político, sino que especialicemos a este ministerio y a las seremis para dar espacio a esa descentralización que peleamos tanto, y por sobre todo que rinda cuentas y que tenga responsabilidad política, algo tan escaso hoy día en este ministerio del interior y en muchos espacios”, declaró la diputada del distrito 21.
Al final de la discusión, la Ministra del Interior, Carolina Tohá, defendió el proyecto de ley ante los diputados opositores, y tras argumentar favorablemente a la creación de 16 cargos de seremi distribuidos en todo el país, dio portazo a la idea de conferir atribuciones en materia de seguridad pública a los gobiernos regionales.
“El traspaso de competencias que se generó en la legislación que creó a los gobernadores regionales es un mecanismo pobrísimo, y fue una forma de eludir el debate de fondo y no dejar definido cuales iban a ser las tareas que los gobiernos regionales iban a tener en un sistema de mayor descentralización. Nuestra posición como Ejecutivo es que la seguridad no debería ser una de ellas”, sentenció la ministra Tohá.
Del mismo modo confirmó que la creación de este nuevo ministerio contempla la contratación de 120 nuevos funcionarios públicos, y señaló severamente a diputados que se refirieron a estos como “grasa del Estado”.
“Estas (los funcionarios públicos) son personas, son trabajadores. Encarguémonos de que sean las personas correctas; si hacen mal la pega, tratemos de mejorarlos, sino despidámoslos, pero no tratemos como ‘grasa’ a los servidores públicos”, declaró Tohá.
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Tras el voto favorable de la Cámara de Diputadas y Diputados, se da un plazo de un año a su implementación, que pasará por la promulgación del Ejecutivo y la asignación de dependencias a la nueva cartera de seguridad.
Así, el nuevo Ministerio de Seguridad Pública queda definido como “la Secretaría de Estado encargada de colaborar con el Presidente o Presidenta de la República en materias relativas al resguardo, mantención y promoción de la seguridad pública y el orden público, la prevención del delito y, en el ámbito de sus competencias la 255 protección de las personas en materias de seguridad, actuando como órgano rector y concentrando la decisión política en estas materias”, esto indicado en el informe de la comisión mixta recién votado.
Concretamente, la nueva cartera pasa a ser jefa de las policías, teniendo como tarea la coordinación con Carabineros y fuerzas del orden; y el diseño de políticas públicas y estrategias nacionales que aborden el fenómeno delictual. Estas facultades serán separadas del Ministerio del Interior, cuyo cargo se centrará en la organización del gobierno a nivel central, recibiendo atribuciones de la cartera de Secretaría General de la Presidencia.
Por otro lado, en el plano regional, el nuevo ministerio se desconcentra en la forma de 16 secretarías regionales ministeriales de Seguridad Pública, que lleva a nivel local el combate a la delincuencia mediante la coordinación con las policías locales, esto siendo una atribución actualmente del delegado presidencial.
Los seremis de seguridad, además de los usuales requisitos para acceder a cargos públicos, se les exige mediante este proyecto de ley contar con un título profesional o técnico profesional de al menos ocho semestres, y tener 3 años mínimos de experiencia en materia de seguridad, prevención o en otras áreas afines.
De esta forma, el cargo del delegado presidencial vuelve a perder parte de sus atribuciones, pasando a ser la figura representativa del Presidente o Presidenta en la región, encargada de la correcta función de los seremis en la región, tal y como ha sido hasta la fecha.
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En definitiva, la creación del Ministerio de Seguridad y sus seremis en las regiones sepultan la propuesta presentada por algunos gobernadores regionales electos sobre conferir facultades de este tipo. Una que si bien fue abordada, finalmente no recibió apoyo de la Cámara ni el aval del Ejecutivo.
De los 13 diputados del Biobío, 7 votaron en contra (Leonidas Romero, Marlene Pérez, Roberto Arroyo, Francesca Muñoz, Karen Medina, Cristobal Urruticoechea y Flor Weisse). En tanto cuatro votaron a favor: Eric Aedo, Joanna Pérez, Clara Sagardia y Félix González. En tanto que estuvo ausente la diputada María Candelaría Acevedo
El diputado Felix Gonzalez (Regionalista Verde), expresó su apoyo a la idea de legislar sobre nuevas atribuciones a los gobiernos regionales, pero al igual que la ministra Tohá, se mantiene escéptico en conferir atribuciones a estos en materia de seguridad.
“Creo que en el futuro es necesario empoderar a los gobiernos regionales mediante la transferencia de competencias, pero esta en particular (seguridad) que es tan delicada, creo que es importante que primero los gobiernos regionales se preparen para ella”, expresó el diputado por el distrito 20.