En su reciente paso por Concepción y previo al homicidio de los 3 funcionarios de Carabineros, Xavier Altamirano abordó la discusión en torno a la crisis de seguridad que vive el país . La autoridad planteó la necesidad de mejorar la respuesta del Estado en el ámbito de la rehabilitación, la reinserción y la salida de la trayectoria virtual de la misma forma en que se combate el delito y su capacidad de organizarse, entre otros temas.
Antes que la muerte de los tres ahora suboficiales de carabineros, ocurrida la madrugada del 27 de abril, concentrara la atención de la opinión pública y los medios de comunicación en general, el subsecretario de Derechos Humanos, Xabier Altamirano, había estado en Concepción desarrollando una serie de actividades.
En una agenda que abordó distintos temas y donde la subsecretaría que dirige -depende del Ministerio de Justicia – tiene opinión y en un escenario donde la “crisis de seguridad” se había tomado la agenda. Fue así entonces, que en entrevista con Diario Concepción se refirió a estos temas.
– ¿Cómo enfrentan desde la subsecretaría esta colisión que parece existir entre seguridad y Derechos Humanos?
– Es la discusión global, la discusión en general de la seguridad dejó de ser una un antojo nacional, es claramente un fenómeno. Está mutando el delito, está mutando la capacidad de organizarse de este tipo de infracción a la ley que tiene otras complejidades, son movimientos transnacionales.
Entonces, esto está en un contexto internacional y en esa mirada que uno tiene que hacer de otros casos, una mirada más internacional comparativa, uno se da cuenta que no es una solución blanco y negro.
– Y en ese contexto el debate en el país ha estado centrado en lo que pasa en las cárceles, a su falta y a que se han transformado en cetros del delito.
– Hay un trabajo que debe ser persistente y creo que para eso sirven estas normas genéricas que nosotros llamamos Derechos Humanos. Es decir, ciertas líneas que nos parecen que son estándares que debemos exigir.
No siempre se cumplen, la situación carcelaria en Chile habitualmente sale en los reportes de Derechos Humanos, en gran parte por las condiciones que inhabilitan que uno pueda hacer un buen trabajo de garantía de la dignidad ojo de la persona que está detenida, pero también de los funcionarios trabajan ahí.
– Pero no ha existido consenso en materia carcelaria, salvo en la necesidad de construir más penales, algo que tampoco se ha hecho
– Es un caso que se arrastra por años, por falta de inversión, pero también por falta de claridad de una fuerza política que debe ponerse de acuerdo. Estos son agendas de muchos años de plazo, tanto por lo que se demora en construir se una cárcel como en la capacidad institucional de adecuarse a un delito que va mutando.
Por ejemplo, que nosotros podamos separar a las personas privadas de libertad según el tipo de delito que comenten, que podamos ofrecerle formas de cumplir su pena alternativas, ayuda bastante en la mirada sistémica, a que no recarguemos y por lo tanto, no generemos condiciones para que en vez de salir del delito, la gente se perpetúe y se especialice en el delito, eso es lo central, también en la lógica de eficacia.
– ¿Pero en el escenario actual el cumplimiento de alternativas de penas, es decir, que no sea en prisión, es más bien contraintuitivo o no?
– Esto no solamente una discusión metafísica, filosófica de lo interesante y lo bonito que son los Derechos Humanos, alguien que desde su cómoda oficina puede estar mirando, no, la situación es dramática dentro de las cárceles debe tener una respuesta a la altura de la gravedad de lo que ahí pasa.
Hay cárceles donde a veces no hay agua, no hay servicio sanitario, es decir, estamos hablando de cárceles que pueden estar en situaciones de inseguridad para las personas que están ahí. Insisto funcionarios y personas privadas de libertad.
– ¿O sea, construyendo seguridad desde las cárceles?
– Cuando uno se acerca a esa complejidad se da cuente que tenemos que ser: uno, mucho más contundente respecto de la rehabilitación, la reinserción, la salida de la trayectoria delictual; dos, tenemos que ser mucho más eficaces en separar a las personas para evitar que sea un espacio de especialización en al delito;tres, debemos desmantelar la capacidad organizativa que se está situando las cárceles actualmente y eso es lo que explica el esfuerzo de este gobierno por los la inhibición de las señales del celular; cuatro, la forma en que nosotros distribuyamos la necesidad carcelarias a lo largo del país, que es un caso específico de políticas públicas, ya que nadie quiere una cárcel en su patio.
Lo que quiero decir, es que cuando uno mira todas las piezas de la complejidad del fenómeno se da cuenta que esto es una respuesta que debe ser de largo plazo, con muchos datos empírico, verificable, que nos saque de las caricaturas, pero sobre todo hacer una respuesta de Estado”.
– ¿Qué opinión tiene de la polémica generada por la contratación de Jacqueline Van Rysselbergheen el Servicio Médico Legal en Concepción?
– Nosotros como Estado tenemos la obligación de responder a necesidades específicas. Tenemos la obligación, adicionalmente, de no ser en ningún caso un espacio de discriminación y de barreras injustificadas y arbitrarias de ingreso de personas que quieran sumarse al servicio público.
Pero ese mismo Estado también tiene ciertos deberes respecto de qué se espera de quienes se integran al servicio público. Entonces, nuevamente esta coalición de principios. Por tanto, yo creo que el equilibrio y por eso quisieran salirme de la personalización de este caso puntual y definamos algunos principios.
– ¿A qué se refiere con eso?
– Por principios, debemos ser como estado de derecho, quienes garantizamos que las personas que se enteran se hizo público no sufren ningún tipo de discriminación, que cumplan con los requisitos profesionales adecuados para que nadie piense que hay algún tipo de conflicto de interés en la forma en que se llega a ese cargo, pero luego cuando integran el aparato público, nosotros tenemos que exigirle que haya un compromiso explícito con los derechos humanos.
Por eso mismo, y eso estoy haciendo en Concepción, nosotros tenemos ciertas herramienta que son los Planes Nacionales de Derechos Humanos, que buscan incorporar en toda la organización del Estado una cultura de Derechos Humanos.
Formaciones permanente, capacitaciones permanentes que busquen que las personas sepan cómo pueden ser agentes de promociones de protección de los derechos humanos, eso es lo que nosotros consideramos que es muy fundamental en el caso del Estado democrático en el cual queremos vivir todos. Los Derechos Humanos no son ni izquierda ni de derecha son garantías para todas las personas, son las garantías para la libertad suya y mía, quien esté en el gobierno. Entonces, esa cultura es esencial y es estatal.
– Pero pese a esta mirada igual hubo debate en torno a la situación generada ¿Para usted es tema cerrado?
– Yo tuve una conversación con el director regional de Servicio Médico Legal y me quedó muy claro, lo siguiente que hay una brecha. Ellos tienen un programa que se llama Programa de Cubrimiento de Brechas Psiquiátricas, que lo que busca es identificar la carencia respecto a ciertas capacidades que son necesarias (en tribunales) para avanzar en justicia. Identificaron el período 2018-2022 más de 150 causas que están requiriendo una intervención específica de experticia psiquiátrica , en ese contexto, debemos entender la contratación de las personas que están en este momento siendo parte de una discusión a nivel regional y nacional.
Por lo tanto, es una brecha que necesita ser cubierta y en función de los principios que enuncie inicialmente, nosotros vemos que es importante que haya total claridad en la forma en que se llega a ese cupo, en la forma en que procede, cuáles son las funciones asignada y, por tanto, en función de eso, nosotros podamos eventualmente tener una opinión como ciudadano. Yo como autoridad estatal lo que tengo que garantizar es que se haya hecho forma transparente, que no haya ningún conflicto de interés, que la persona cumpla con las tareas que se solicitan y que exista un compromiso institucional de que esa persona, se adhiera como corresponde a cualquier funcionario, a los principios y a la cultura de los Derechos Humanos.
– ¿O sea, quedan atrás las aprensiones expresadas por agrupaciones de Derechos Humanos?
– En el caso de las contrataciones que se hicieron recientemente en el Servicio Médico Legal de la Región del Biobío, estamos hablando, insisto, de un pedido especial que es 2018 a 2022. Es decir, en ningún caso se va a involucrar la persona contratada en temas (causas judiciales) de Derechos Humanos, ni en temas que sean precedentes a este periodo histórico que acabo de mencionar. Es decir, es bastante claro que es una intervención delimitada, en un programa específico, con funciones pertinentes a cerrar esta brecha. No es una incorporación que vaya de algún modo a generar dudas respecto a cómo se interviene en el caso del Servicio Médico Legal en materia de Derechos Humanos.