La alcaldesa de Santa Juana, Ana Albornoz, se refirió al avance en el Congreso de la llamada “Ley de Incendios”.
Tras finalizar el receso legislativo, una de las primeras materias en ser discutidas por la Cámara de Diputadas y Diputados fue el proyecto de ley que regula la prevención de incendios forestales y rurales, el que, tras su aprobación por 116 votos a favor, 8 en contra y 20 abstenciones, pasó a su segundo trámite constitucional al Senado.
En resumen, la iniciativa impulsada por el Gobierno busca establecer nuevos instrumentos y fortalecer los que ya existen para reducir el riesgo asociado a la ocurrencia de incendios forestales y rurales en el territorio nacional.
Sin embargo, y a pesar de que el proyecto de ley fue despachado casi en su totalidad a la Cámara Alta, el debate y votación no estuvo exento de críticas entre fuerzas políticas debido a que uno de los artículos más comentados por la opinión pública se viera rechazado por los votos de la oposición: el que buscaba prohibir el cambio del uso de suelo en territorios siniestrados.
De todas formas, dicho artículo que fue propuesto mediante indicación por el diputado Diego Ibáñez (CS), tendría la posibilidad de ser reintegrado en el Senado, ya sea por indicaciones de congresistas o, en su defecto, mediante un veto presidencial aditivo si es que el proyecto logra ser despachado para su promulgación.
Para la alcaldesa de Santa Juana Ana Albornoz, la aprobación en general del proyecto de ley de incendios es una buena noticia, sobre todo después del tiempo que tardó su tramitación. “Nos parecía positivo que existiera una ley de incendios. Ya se había demorado harto y pusimos el acento en que el Congreso Nacional tenía una gran deuda con las catástrofes en el país, sobre todo en materia de incendios”.
“Nosotros establecimos que en el 2010 y el 2017, tras los mega incendios, ya se hablaba de una legislación que demoró 24 años”, entonces, dijo la alcaldesa Albornoz, “nos parece positivo que se haya hecho, pero sí nosotros queríamos ser convocados como gobierno local. Particularmente, nosotros desde Santa Juana creíamos que podíamos aportar y opinar al respecto porque hemos tenido la experiencia no solo de este incendio (2023), sino de muchos mega incendios a lo largo de nuestros 398 años de historia”.
Ahora la iniciativa será discutida en la Cámara Alta. De tal forma, el senador Enrique Van Rysselberghe (UDI) explicó que “mejorar las acciones de prevención de incendios forestales es algo necesario para nuestro país, así como renovar y fortalecer las instituciones públicas que trabajan en esta materia. En ese sentido, creo que como país debemos avanzar al respecto”.
Respecto a su postura ante la iniciativa, Van Rysselberghe indicó que “creo que debe ser estudiada y analizada escuchando a todos los actores y, en ese sentido, estoy seguro de que en el Senado se generará esa instancia que permitirá llegar a un sistema de prevención moderno, pero que no implique un perjuicio a los privados o al mismo Estado”.
Uno de los principales debates que se originó después de la votación en general del proyecto, fue lo acontecido por el rechazo a las indicaciones que el diputado de Convergencia Social, Diego Ibáñez, presentó en su momento a la iniciativa.
El más significativo, y mediático, tenía relación con la limitación al cambio de uso de suelo en terrenos siniestrados. O sea, tras el paso de un incendio por un suelo, de acuerdo a las indicaciones propuestas, no se podría alterar el uso del mismo por un plazo de treinta años.
De tal forma, dichas indicaciones del diputado Ibáñez -que referían a los artículos 24, 25, 26, 27 y 28 del proyecto- fueron rechazadas en la Cámara Baja por 71 votos en contra, 62 a favor y 11 abstenciones.
Para la alcaldesa Albornoz, “nos preocupa que se haya caído la indicación del diputado Ibáñez que prohibía los cambios en el uso de suelo, porque se puede especular con eso y también redunda en que no va a haber una mejor planificación territorial que es lo que se necesita tanto en la Región de Valparaíso como en la del Biobío y otras de nuestro país”.
Pero, como se dijo anteriormente, estas indicaciones podrían volver a sumarse por indicaciones de senadores en la Cámara Alta, o bien, por un veto presidencial; facultades que otorga la Constitución.
Sobre la segunda opción, no se ha dicho nada. Sobre la primera, el senador Van Rysselberghe señaló que “creo que es un aspecto que debe ser estudiado y debatido en su tramitación en el Senado, porque la prohibición total de uso de un terreno puede afectar no sólo a sus dueños, sino que el desarrollo de una serie de oportunidades de desarrollo productivo como la agricultura, la ganadería u otras actividades que son propias de la Región donde ocurra el incendio“.
Por un lado, la propuesta del Ejecutivo busca crear las zonas de interfaz urbano-rural forestal (Ziurf), lo que significa que en los planes reguladores intercomunales, comunales o planes seccionales se deberán definir e identificar las zonas las áreas de amenaza media, alta o crítica por incendios forestales, con objeto de reducir el riesgo de siniestros.
Asimismo, se busca que en dichos planes reguladores se definan las normas aplicables a las edificaciones y las acciones o medidas destinadas a manejar la vegetación arbórea, arbustiva y herbácea, cuando corresponda.
Además, estas zonas de interfaz urbano-rural presentes en los planes reguladores podrán ser actualizadas de forma periódica dependiendo del aumento o disminución del riesgo de incendios forestales y rurales.
En lo que respecta al monitoreo de los riesgos de incendios forestales, la iniciativa propone que será el Servicio Nacional Forestales -actual Conaf- el ente encargado de informar oportunamente a la municipalidad o seremi de Vivienda y Urbanismo la necesidad de actualizar las zonas de interfaz.
A esto, cabe sumar que el proyecto de ley también busca que se creen planes de manejo preventivo que se deberá aplicar a todo predio de plantación forestal, bosque nativo o formaciones xerofíticas (conjunto vegetal constituido por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas). Lo anterior, deberá ser gestionado y elaborado por los propietarios de los predios.
Por otro lado, se incluye la caracterización de zonas de amortiguación: áreas que se encuentren fuera de los límites urbanos, según lo establecido en los respectivos planes reguladores, y que deberán ser definidas por el Servicio Nacional Forestal. Su identificación tendrá por objetivo prevenir y mitigar la ocurrencia de incendios forestales y rurales en áreas de amenaza que no se encuentren incorporadas como Ziurf en los planes reguladores.
Dentro de las acciones que permitiría identificar una zona de amortiguación se encuentra la reducción o eliminación de la vegetación arbórea, arbustiva o herbácea que presente factores de riesgo.