El proyecto de ley tiene por objetivo actualizar el Código Procesal Penal para robustecer las medidas cautelares respecto de quienes cometen delitos de fraude al fisco, cohecho y malversación de caudales públicos, caracterizándolos como un peligro para la seguridad de la sociedad.
Los casos de corrupción -”o presunta corrupción”- a nivel nacional del último tiempo han dejado una huella en la opinión pública, tanto es así que un grupo de diputadas y diputados presentó un proyecto de ley para que quienes sean imputados por los delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco y cohecho se les pueda considerar por normativa como un peligro para la sociedad, y así, justificar la imposición de la medida cautelar más gravosa en la ley chilena: la prisión preventiva.
La iniciativa busca actualizar el artículo 140 del Código Procesal Penal el cual, en sus respectivos numerales e incisos, expone los requisitos necesarios para que un tribunal pueda ordenar la prisión preventiva. Y si bien son varios los motivos por los que un juez puede ordenar la prisión preventiva a algún imputado, hasta ahora no lo son los delitos expuestos anteriormente.
Primero, y aunque ya se describió un tanto, es necesario el contexto. Para que un tribunal ordene la prisión preventiva de un imputado, hay cuatro criterios donde al menos uno debe cumplirse: a) deben existir antecedentes que justifiquen la existencia del delito que se investiga; b) existen antecedentes suficientes para presumir fundadamente que el imputado ha tenido participación en el delito que se le investiga como autor, cómplice o encubridor; c) y que existen antecedentes calificados que permiten al tribunal considerar que la prisión preventiva es indispensable para el éxito de las diligencias (investigación en curso), o que la libertad del imputado es peligrosa para la seguridad de la sociedad.
Por consiguiente, la normativa actual del artículo 140 del Código Procesal Penal sostiene que la prisión preventiva se entenderá indispensable para el éxito de la investigación cuando existiera sospecha grave y fundada de que el imputado pudiera obstaculizar la investigación misma.
Según la norma expresa, se entiende que el imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad cuando los delitos del imputado tengan asignada pena de crimen, cuando haya actuado haciendo uso de un arma de fuego y haya incumplido la ley, cuando haya sido condenado con anterioridad, entre otras. Sin embargo, ningún criterio apunta a los delitos de cohecho, malversación de caudales públicos o cohecho.
Es así que, y con fundamento en los últimos acontecimientos de corrupción y faltas a la probidad que ha presenciado el país en el último tiempo, diligencias que aún se encuentran en investigación, como el Caso Convenios, Caso SII, etc., es que los congresistas potenciar la presente reforma.
“Es por ello que consideramos que la imputación de estos delitos configura un peligro para la seguridad de la sociedad, lo que justifica que sea resguardado por la medida cautelar más gravosa que nuestro sistema contempla, esto es, la prisión preventiva”, señala el documento del proyecto de ley.
Hasta ahora, las visiones parlamentarias consultadas van en una misma línea: es un proyecto que va en una línea optima y que, de ser aprobada, podría traducirse en resoluciones que den señales claras a la ciudadanía.
El diputado Eric Aedo (DC), dijo al respecto que “en principio es un proyecto que me parece que va en la línea de elevar los estándares de probidad en el país. Cuando se comete cohecho, fraude o malversación de recursos públicos se está cometiendo un delito con recursos de todos los chilenos y chilenas, por lo tanto, quienes lo cometen deben ser considerados un peligro para la sociedad y ser sometidos a la cautelar más gravosa”.
Agregó que “sería una señal potente para la ciudadanía”, pero, y aunque por ahora Aedo se muestra de acuerdo con la iniciativa, es algo que debe analizar en profundidad.
Por su parte, la diputada María Candelaria Acevedo (PC) señaló que “hemos visto con sorpresa e indignación algunas resoluciones en el último tiempo en donde vemos que la valoración que ciertos jueces le dan a unos casos a diferencia de otros, no se condice”, algo que recuerda el revuelo que generó el que, a la exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, se le ordenara arresto domiciliario.
“No es posible que a alguien que se le acusa de malversación de fondos públicos por casi 31 mil millones no se le decrete la prisión preventiva, esa impunidad y la sensación de impunidad que se transmite a la ciudadanía es muy peligrosa y se le debe poner un alto”, detalló Acevedo, recalcando que “estoy totalmente de acuerdo con la iniciativa”.
En la misma línea, la diputada Marlene Pérez (Independiente-UDI) mencionó que “independiente del delito que se esté investigando, lo que todos esperamos es que la prisión preventiva se utilice cuando justamente la persona formalizada sea un peligro para la sociedad, exista un riesgo de que se fugue o que su liberación pueda afectar el desarrollo de la investigación”.
Luego, Pérez indicó que “lo importante que se pueda garantizar que los delitos de corrupción, como malversación o fraude al fisco, sean sancionados con todo el rigor de la ley, explicó, idealmente con penas que sean privativas de libertad”.