La iniciativa busca aplicar la condena de “presidio perpetuo efectivo”, la cual exigirá a los condenados el cumplimiento mínimo de 5 décadas de cárcel antes de poder acceder a beneficios como la libertad condicional.
Por Hugo Ramos Lagos
Aprobada fue la idea de legislar sobre el proyecto que intenta aumentar las sentencias relacionadas a delitos violentos en perjuicio de la vida de la ciudadanía.
La moción surge de la autoría de ocho diputados de Renovación Nacional (RN), y dos Independientes, a esta se le dio visto bueno durante una reunión de la Comisión de Seguridad Ciudadana de la Cámara Baja.
Así se tratará de modificar el máximo castigo de la escala del código penal en base a sustituir el término “presidio perpetuo calificado” (40 años) con “presidio perpetuo efectivo” (50 años) para aquellos crímenes con agravante de consumación.
A la espera de continuar su tramitación, la iniciativa de RN e Independientes justifica su aplicación en diversas estadísticas. Se menciona el crecimiento en el número de casos de homicidios ingresados por el Ministerio Público durante el cuatrienio 2016-2020, el cual corresponde a más de mil.
Otra justificación invoca a la reciente Encuesta CEP, la cual detalla cuales son las preocupaciones de la ciudadanía que el gobierno debería resolver, manteniéndose para septiembre y octubre de 2023 en la cima con el 51 % de los encuestados.
En adición se muestran cifras de aumento cada 100 mil habitantes y una tendencia de crecimiento en la Macrozona Norte, lugar con mayor incidencia extranjera.
En la octava región, quienes manifiestan mayor aprobación señalan la importancia de conjugar el endurecimiento de las penas, con la persecución al crimen organizado, entre ellos está el diputado por el Distrito 20, Eric Aedo (DC), quien plantea que la moción es una que se deberá “analizar en su mérito. Pero en principio me parece que hay que endurecer las penas para quienes atentan contra la vida de otras personas”.
En términos similares, la diputada independiente, Marlene Pérez (Distrito 20), afirmó que “los homicidios, sicariatos y secuestros con resultado de muerte se están volviendo cada vez más habituales, y no parece justo que los condenados a presidio perpetuo calificado ―por cualquiera de estos delitos― puedan salir en libertad una vez que hayan cumplido 40 años de la pena”.
Completamente alineada se mostró la diputada opositora por el Distrito 21 Flor Weisse (UDI), esto según sus dichos “debido al aumento de homicidios que han existido en los últimos doce meses”. Añadiendo que, ante los “hechos que enfrentamos como sociedad es oportuno y de esa manera se podrán aplicar penas ejemplificadoras y proporcionales a los hechos que nos han conmocionado en los últimos días”.
Más recatadas fueron las apreciaciones del senador UDI, Enrique van Rysselberghe, quien, a primeras lecturas considera correcto aumentar la dureza del código penal debido al efecto disuasivo, expuso que “sin embargo, esta medida debe ser bien estudiada, particularmente comparando la experiencia que existe en otros países con medidas similares, lo cual se realizará durante los varios trámites legislativos que aún le faltan al proyecto”.
Igualmente, a favor, el senador Sebastián Keitel expresó que “hay que ser claros en que no basta solo con aumentar las penas y poner obstáculos en la obtención de beneficios, también hay que avanzar en medidas preventivas que permitan evitar la participación de jóvenes en bandas criminales vinculadas al narcotráfico”.
Desde una mirada contraria, el senador por la Región del Biobío, Gastón Saavedra (PS) aseguró que podría existir alguna motivación con ‘letra chica’, según él “a la derecha le falta la franqueza para enfrentar los temas, creo que no están legislando en función del bien común, están con falsos ideologismos, tratando de ‘meter gato por liebre’. Lo que ellos buscan es que todos aquellos presos que están en Punta Peuco y Colina y que están condenados por crímenes de lesa humanidad se les pueda conmutar la pena”.
Asimismo, la diputada oficialista por el Distrito 20, María Candelaria Acevedo (PC) argumentó que “en base a información proporcionada por la Biblioteca del Congreso Nacional, no hay evidencia suficiente de que los delitos disminuyan porque aumente la pena aplicada a los mismos. Asimismo, que, cuando la hay, la disminución es marginal, a un costo económico muy alto para el Estado, vale decir que lo que el objetivo que se persigue con este proyecto, no se lograría por el simple hecho de aumentar la pena a un presidio perpetuo efectivo, a diferencia de lo que ocurre con el avance en el trabajo de inteligencia de las policías que sí dan resultados”.
“Vinculado a lo mismo, en nuestro país no se logran generar programas de reinserción efectivos, y esto a todo nivel, desde los centros de internación para jóvenes, como también en las cárceles para adultos, por lo que más que pensar en aumentar las penas para delitos como los que se describen en la iniciativa, buscaría fórmulas para generar una reinserción real”, agregó.
“De todas formas este es un proyecto que está en sus primeros trámites, por lo que lo estudiaré junto a mis asesores para ingresar indicaciones cuando corresponda, pero tal como está creo que no sería una real solución para los problemas por los que atraviesa el país”, finalizó.
Cabe mencionar que el proyecto pasa su primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados, por lo cual queda bastante antes de que pueda ser discutida a profundidad y termine siendo una ley.