A las anteriores causas se le suman infracción a la Constitución o las leyes, delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos, soborno.
“Por infracción de la Constitución o las leyes, por notable abandono de deberes, transgresión grave de las normas sobre probidad administrativa”, entre otros ítems, es lo que expresa el proyecto de ley ingresado en moción al Senado y que busca tipificar las causales para acusar constitucionalmente a los gobernadores regionales.
Aunque actualmente dichas autoridades sí pueden ser objeto de una acusación constitucional, los artículos 52 y 53 de la Carta Fundamental del país mencionan que una acusación es viable si esta es aprobada por la mayoría de las diputadas y diputados en ejercicio.
Asimismo, en lo que respecta a la Cámara Alta, la declaración de culpabilidad deberá ser pronunciada por los dos tercios de los senadores en ejercicio cuando se trate de una acusación constitucional contra el Presidente de la República y un gobernador regional. Para el resto de los casos, solo basta una votación favorable de la mayoría de los senadores en ejercicio.
De tal manera, la actual normativa constitucional permite un libelo en contra de algún gobernador, sin embargo, esta no específica cuáles son los casos por los que un gobernador o gobernadora regional debería ser llamado a dar explicaciones de su actuar al Congreso Nacional. Y esto es lo que la presente iniciativa busca aclarar.
Como bien se explicó y menciona el documento de la iniciativa, “pese a establecer los quórum respectivos para la acusación constitucional de los gobernadores regionales, no se estableció la causal o causales para hacer efectiva su responsabilidad”.
Es por ello que, continúa el texto, “la presente reforma constitucional viene a establecer con especificidad las causales para hacer procedente la acusación constitucional en contra de la máxima autoridad regional”.
En ese sentido, se le pretende agregar un nuevo inciso al numeral 2 del artículo 52 de la Carta Magna, el cual versa que los gobernadores regionales podrán ser objeto de una acusación constitucional por “infracción de la Constitución o las leyes, notable abandono de deberes, transgresión grave de las normas sobre probidad administrativa y por los delitos de traición, sedición, malversación de fondos públicos, soborno y concusión”.
Para el senador de la República, Enrique Van Rysselberghe (UDI), “es una buena iniciativa, toda vez que la Constitución vigente, en sus artículos 52 y 53, señala que estas autoridades pueden ser acusadas constitucionalmente. Sin embargo, existe un vacío en la Constitución, ya que para esta acusación se fija el quórum y el procedimiento, pero no las causales de esta acción, vacío que subsana con esta iniciativa”.
Van Rysselberghe agregó que esta iniciativa “es necesaria ya que permitirá materializar futuras acusaciones constitucionales a los gobernadores regionales cuando se incumpla alguna de las causales establecidas”.
Por su parte, el también senador Gastón Saavedra (PS), indicó que “el país comienza a estructurarse de forma distinta en su administración interior y hemos descentralizado las decisiones a través del voto popular. Eso significa que tenemos democracia regional al tener Gobiernos Regionales”.
“Con ello, el Gobierno Regional es el que representa a la ciudadanía, a sus intereses y sus esperanzas. De allí es que, si hay alguna alteración al ordenamiento jurídico del país, necesariamente los gobernadores tienen que estar sujetos a las acusaciones constitucionales. No pueden evadir las responsabilidades políticas y/o administrativas porque son parte de la transferencia del poder que hacen los ciudadanos a partir de su voto”, dijo Saavedra.
Cabe destacar que si bien Diario Concepción solicitó una evaluación de la iniciativa al presidente de la Asociación de Gobernadoras y Gobernadores Regionales de Chile (Agorechi), Ricardo Díaz, quien también es gobernador regional de Antofagasta, hasta el fin de esta edición no fue posible obtener una respuesta.