La iniciativa impulsada por el Ejecutivo busca aumentar la dotación de funcionarios en Fiscalía y reforzar unidades especializadas para la persecución del delito.
En el marco de la agenda de seguridad que impulsa el Gobierno junto al Legislativo, conocida también como el “Fast Track”, se encuentra el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo que busca fortalecer el Ministerio Público en base a una mayor dotación y el reforzamiento de unidades especializadas.
Actualmente, la iniciativa se encuentra en primer trámite constitucional en el Senado y, hace algunos días, comenzó a ser estudiada por la Comisión de Constitución de dicha Cámara, en donde expuso el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Luis Cordero, como también el fiscal Nacional del Ministerio Público, Ángel Valencia.
En resumen, el proyecto de ley, ingresado a través de mensaje por la ministra del Interior, Carolina Tohá, y según palabras del ministro Cordero, busca reforzar las herramientas y recursos del Ministerio Público para mejorar la persecución penal.
Un incremento en dotación del personal, la modificación del modelo orgánico del ente persecutor y modernizar los mecanismos de gestión institucional e incentivos en las remuneraciones del personal, son parte de las modificaciones que se plantean.
Por ejemplo, en términos de personal, la proyección de la iniciativa estima un total de 819 nuevos cargos: 4 jefes de unidad, 205 fiscales adjuntos, 337 profesionales, 118 técnicos, 150 administrativos y 5 auxiliares en un período de cuatro años desde que se promulgue la ley.
Según la visión de la diputada, Francesca Muñoz (PSC), no hay duda de que “las mejoras en el ámbito de la persecución penal son necesarias”, sobre todo porque “la delincuencia ha ido mutando. Hoy tenemos el crimen organizado que avanza rápidamente, delitos en extremo violentos, que nosotros no conocíamos, y en una cantidad diario que no debemos normalizar”.
En ese sentido, para Muñoz, “reforzar la labor que cumplen las fiscalías es esencial” sobre todo porque “no es aceptable que muchas causas terminen siendo archivadas por sobrecarga de los persecutores”.
Las palabras de la diputada, María Candelaria Acevedo (PC), no estuvieron nada lejos de lo señalado por Muñoz. Para la diputada comunista por el Biobío, “el diagnóstico es bastante claro: se necesita modernizar el Ministerio Público” y es algo que “se ha señalado desde distintos sectores y, en esa línea, lo que plantea el Ejecutivo responde a esta necesidad”.
Algo que mencionaron ambas diputadas, a modo de factor común, es la cantidad de causas que cada fiscal debe indagar, lo que, muchas veces, como señalaron las congresistas, concluye en un archivo de las mismas por la sobrecarga del trabajo persecutor.
Recurriendo al estudio llamado “Ministerio Público, análisis y propuestas”, de acuerdo a lo mencionado por Acevedo, en dicho documento se da cuenta de que, en promedio, el 2022 cada fiscal debió investigar 1.771 causas, “lo que se aleja del estándar que debiese tener un persecutor para seguir correctamente una investigación”.
Asimismo, la diputada Muñóz recalcó que, “según las palabras del fiscal (nacional, Ángel Valencia), hoy hay 3,7 fiscales por cada 100 mil habitantes y con la iniciativa esperan a subir a 5, lo que me parece bien, pero no olvidemos que los fiscales son solo una parte del engranaje que se requiere para que la lucha contra el crimen organizado sea efectiva”.
Lo anterior, también lo manifestó la diputada Acevedo. “El aumentar la dotación de fiscales es una necesidad y con este proyecto se atendería dicho requerimiento, aunque considero que no es del todo suficiente ya que, desde mi perspectiva, también tienen mejorarse los canales de coordinación entre los distintos estamentos, así como también que la preparación de los fiscales vaya de la mano de los distintos delitos que han aparecido en nuestro país”.