Consejeros y consejeras regionales explican que tanto las renuncias como el allanamiento eran acciones esperadas. Ante todo, el objetivo está puesto en las investigaciones y esclarecimiento ante eventuales casos de corrupción.
Intensas horas se vivieron en dependencias del Gobierno Regional del Biobío por el Caso Convenios. Por un lado, tres altos funcionarios presentaron su renuncia durante la mañana de este lunes y, en la misma jornada, la Brigada Anticorrupción de la Policía de Investigaciones (PDI) llegó hasta dependencias del Gore para incautar documentos y aparatos electrónicos que pudiesen tener información clave.
Recordemos que, hasta el momento y según declaró la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo, son cinco las investigaciones que está realizando el Ministerio Público al Gobierno Regional por el “Caso Convenios”, y una de ellas, sino la más polémica del momento, tiene que ver con la Fundación En Ti, también conocido como “Caso Lencería”.
Ante esto, y en el contexto de los reiterados llamados de congresistas y consejeros y consejeras regionales, como también de la opinión pública a agilizar las investigaciones, es que el Ministerio Público le solicitó al Gobierno Regional entregar antecedentes y materiales de trabajo, como equipos tecnológicos, en el marco de las indagatorias por el Caso Convenios.
“Es una diligencia que se realizó paralelamente de las cinco investigaciones vigentes a hoy relacionadas con el Gobierno Regional, en la cual se procedió a incautar tanto documentación, equipos tecnológicos. (…) El balance que hace el Ministerio Público es bastante positivo en marco de las causas e investigaciones dentro del contexto de los Convenios”, dijo la fiscal Anticorrupción, María José Aguayo.
De forma súbita, a eso de las 13:00 horas, se dio a conocer una declaración pública del Gore en donde informaba que “el Gobierno Regional del Biobío ha recibido una solicitud por parte del Ministerio Público para entregar antecedentes y material de investigación en el marco de las indagatorias por el Caso Convenios”.
Fue entonces que la Brigada Anticorrupción de la PDI llegó a las dependencias de la institución y, acto seguido, hizo ingreso a las oficinas para requisar lo solicitado a la gobernación.
Ante el hecho, las reacciones tanto de parlamentarios como de consejeros y consejera regionales, algunos de los cuales se encontraban en el mismo lugar, no tardaron en aparecer. Y, si bien la medida fue evaluada de manera óptima, algunas autoridades reiteraron que la medida fue tardía.
“Encontramos que son medidas que llegan muy tarde, que ya más de un mes del Caso Convenios, esto se podría haber detenido antes”, dijo la consejera regional del Partido Igualdad, Camila Arriagada. “No es una medida que vaya en concreto a solucionar toda esta crisis que hay al interior del Gobierno Regional, tememos que también hayan ocultado información relevante en esta investigación, las personas que hoy renunciaron a sus cargos también”, agregó.
Lo anterior va en directa relación con lo ocurrido horas antes del allanamiento, cuando durante la mañana de ayer, un primer comunicado de la institución, ubicada al frente del Barrio Estación, generaba movimiento en la política penquista: se comunicaba la renuncia del administrador regional, Rodrigo Martínez; del jefe de gabinete, Rodrigo Alarcón; y del jefe de la División de Desarrollo Social y Humano del Gobierno Regional del Biobío, Simón Acuña.
Ante ello, la consejera Arriagada mostró preocupación y pidió que la investigación sea ampliada también a los aparatos electrónicos de dichos ex funcionarios del Gore. “Tememos que ahí también puede haber información que vaya en ayuda de esclarecer todos estos traspasos de recursos e información que podría haber estado a la luz pública o, incluso, acá en el interior del Consejo Regional para haber hecho una mayor fiscalización”, dijo Arriagada.
En esa misma línea, el consejero regional Gabriel Torres (IND-RN) indicó que era una “indagatoria que esperábamos hace mucho tiempo (…), esperemos que esto ayude a esclarecer todos los hechos que aquí se han denunciado”.
Sin embargo, el consejero Torres no dejó entrever una preocupación respecto a sus pares. “Me preocupa la relación con mis colegas donde no todos, en su gran mayoría, ha asumido lo que está ocurriendo en el Gobierno Regional. Como tú ves, aquí no andan más de cinco consejeros, y el resto ausente”, dijo.
Si bien indicó que no era un día de sesiones en donde tuvieran que asistir todos, la alerta, para él, recae en que no han sido más de 10 de los 28 consejeros y consejeras regionales quienes han estado presentes ante los hechos que asedian al Gobierno Regional.
FISCAL ANTICORRUPCIÓN María José Aguayo, en oficinas del Gore.
La institución cuestionada, en tanto, reiteró la colaboración que mantienen sus filas para permitir esclarecer los hechos que hoy la acentúan a nivel nacional por el “Caso Convenios” y, en particular, a su timonel, el gobernador, Rodrigo Díaz.
Es por ello que, en la misma misiva donde se informaba la llega de la PDI y del Ministerio Público a sus dependencias, el Gore indicó que “de manera voluntaria, entregamos documentos y computadores para el mejor trabajo del órgano investigativo”.
Asimismo, señalaron que “tal como ha instruido el Gobernador Rodrigo Díaz Wörner, estamos y estaremos prestando absoluta colaboración en la entrega de toda la información necesaria para que se esclarezca cualquier situación que pudiera ser irregular”.
Como bien se dijo, la mañana del 7 de agosto, al menos en la política penquista, comenzó con la información de que tres altos rangos del Gobierno Regional renunciaban a sus funciones. Aquella tríada de funcionarios eran quienes estaban cuestionados por haber tenido información sobre el “Caso Lencería” dos meses antes de que estallara.
En efecto, y ante los diversos mantos de dudas, Rodrigo Martínez (ex administrador regional), Rodrigo Alarcón (ex jefe de gabinete) y Simón Acuña (ex jefe de la División de Desarrollo Social y Humano), renunciaron a sus labores en el Gore.
Mediante el comunicado público de la institución, se expresó que “en esta nueva etapa, el gobernador Rodrigo Díaz, liderará una transformación profunda (…) con el fin de entregar mayor transparencia y celeridad en la resolución de los anhelos que tiene la región del Biobío”.
Sin embargo, las reacciones de los consejeros y consejeras regionales siguen siendo duras. En ese sentido, el consejero Javier Sandoval (PI), indicó que la medida “nos parece insuficiente, tardía, no hay ninguna medida respecto de los recursos públicos. Es imperativo que se congelen los fondos de las Fundaciones Impulsa y Fundef y de todas aquellas que todavía están por rendir”.
De esta última, Fundación Educación Financiera (Fundef), se supo que el 5 de mayo realizaron un gasto en un restaurant penquista por $238.590 pesos con recursos públicos, siendo descrita dicha transacción en su rendición de cuentas como “almuerzo con organizaciones sociales”.
Asimismo, el consejero James Argo (UDI), dijo que la decisión del gobernador, Rodrigo Diaz, de aceptar la renuncia de estos tres funcionarios “va en la línea de lo que comentó el gobernador durante el fin de semana (entrevista a El Sur), en el sentido de que aquí él es el responsable de lo que ha ocurrido, y hoy ya se establece claramente una responsabilidad política, en este caso, de las tres personas que han renunciado”.
Por su parte, la consejera Yanina Contreras (PSC), señaló que “no hay que desmerecer que la decisión que tomó el gobernador de la desvinculación de los tres funcionarios que están siendo investigados con sumario, es un acierto, pero, obviamente, tenemos que esperar que se aclaren todas las investigaciones y que el Ministerio Público y Contraloría pueda dar agilizaciones y celeridad para que podamos tener resultados”.
“Esperamos que todas esas personas que sean responsables de actos de corrupción y todos los delitos que se puedan comprobar, que sean sanciones duras para que esto no vuelva a ocurrir”, agregó Contreras.
Además de los consejeros y consejeras regionales, congresistas de la República también compartieron sus reacciones respecto a los dos sucesos que tuvieron como epicentro al Gobierno Regional. Un factor común es que estas medidas de renuncias en el Gore, deberían replicarse en el Gobierno Central con los ministros cuestionados.
