Tras su aprobación en general por el Parlamento, solo queda la promulgación por parte del Presidente Gabriel Boric. De esta forma, el país contará con un actualizado Código Penal para quienes cometan este tipo de delitos.
Tras su tercer trámite legislativo, la Cámara de Diputados y Diputadas aprobó el proyecto de ley que actualiza y sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medioambiente. Según informaciones de la Cámara Baja, se modificaron diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico y adecua las penas aplicables.
En efecto, y tras haber sido aprobada por ambas cámaras parlamentarias, la ley fue despachada al Ejecutivo para su promulgación. Dicha iniciativa, según expresa el Oficio N° 18.372 enviado al Presidente de la República, “sistematiza los delitos económicos y atentados contra el medio ambiente, modifica diversos cuerpos legales que tipifican delitos contra el orden socioeconómico, y adecua las penas aplicables a todos ellos (…)”.
La ley recientemente aprobada, correspondiente a los Boletines 13.204-07 y 13.205-07 refundidos, y que una vez publicada en el Diario Oficial comenzará a regir en la nación, es, según el diputado Félix González, “uno de los cambios más grandes que se le ha hecho al Código Penal”.
“Se incorporaron los delitos ambientales, cuestiones que hasta el día de hoy están sancionadas solamente con multas que están más bien con sanciones administrativas, a través de la Superintendencia de Medioambiente, Justicia Civil o de los Tribunales Ambientales, ahora pasan a ser materia penal y eso es un cambio fundamental, porque nosotros hemos visto como, impunemente, en términos de la justicia ambiental, se sigue destruyendo la naturaleza sin que se pueda poner atajo”, dijo González.
El diputado también recalcó que actualmente se están efectuando rellenos en los humedales Boca Maule de Coronel y Chimalfe (Vaso de Gama) en Hualpén, “con maquinaria que está todos los días trabajando, prácticamente. Ahora, con esta ley, cuando aparezca en el Diario Oficial, va a poder sancionarse de manera penal con penas que uno puede discutir la cuantía, pero sí tiene pena de cárcel el rellenar humedales, el vertimiento de productos químicos o la destrucción de ecosistemas”
En efecto, la Sección 13 (Atentados contra el medio ambiente) de la ley recientemente aprobada, tipifica en el Artículo 305 que “será sancionado con presidio o reclusión menor en sus grados mínimo a medio el que sin haber sometido su actividad a una evaluación de impacto ambiental a sabiendas de estar obligado a ello. (…) La pena será de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo si el infractor perpetra el hecho estando obligado a someter su actividad a un estudio de impacto ambiental”. En ese sentido, el numeral cuatro de los seis que explican las acciones a sancionar, decreta que recaerá la pena dicha sobre quien “vierta tierras u otros sólidos en humedales”.
Dentro de los otros numerales del Artículo 305 se explica que se castigará penalmente a aquellos que viertan sustancias contaminantes en aguas marítimas o continentales; extraiga aguas continentales, sean superficiales o subterráneas, o aguas marítimas; vierta o deposite sustancias contaminantes en el suelo o subsuelo, continental o marítimo; extraiga componentes del suelo o subsuelo; y libere sustancias contaminantes al aire.
Al respecto, la diputada, Marlene Pérez (Independiente), señaló que “la propuesta abarca la normativa de los actos delictivos que atentan contra el medio ambiente, introduciendo medidas punitivas de cárcel efectivas para aquellos que contaminen. Además, se establece una obligación económica de las empresas y sus directivos de asumir la responsabilidad financiera por dichas acciones perjudiciales, este tipo de actos debe ser perseguidos y sancionado. (…) Es una buena noticia la aprobación de esta ley, porque significa un avance para la justicia social y la protección de nuestro patrimonio natural”.
En relación al otro pilar que erige la ley que pronto será promulgada por el Ejecutivo, el diputado Félix González enfatizó en que “se han incorporado como delitos los que refieren a la colusión para subir precios, como lo que ocurrió con el papel higiénico, los pollos, las farmacias”.
Conforme a ello, el Oficio de Ley despachado a la Presidencia, contempla en su Artículo 285 que “el que por medios fraudulentos alterare el precio de bienes o servicios sufrirá las penas de presidio o reclusión menor en sus grados medio a máximo”, y en el Artículo 286, se recrudece la sanción: “Se impondrá la pena de presidio o reclusión menor en su grado máximo a presidio o reclusión mayor en su grado mínimo cuando el fraude expresado en el artículo anterior recayere sobre el precio de bienes o servicios de primera necesidad o de consumo masivo”.
En ese sentido, la diputada, Marlene Pérez, señaló que “afortunadamente, avanzamos en una ley contundente para combatir enérgicamente la utilización indebida de información confidencial y los actos ilícitos que antes se sancionaban con programas de educación ética, pero creo que pudimos haber tenido un poco más de precisión. A pesar de eso, me parece una buena ley. (…) Espero que contribuya a prevenir y sancionar estos delitos que atentan contra el bien común y el desarrollo sustentable de nuestra región y nuestro país”.