Representantes del Parlamento consideran que se deben tomar modelos extranjeros como ejemplos y la creación de nuevas entidades que vigilen el correcto actuar de quienes están llamados a utilizar las técnica de inteligencia.
La seguidilla de ataques incendiarios que han ocurrido en las regiones de Biobío y Ñuble han vuelto a poner en el tapete la efectividad de la inteligencia policial y su capacidad para adelantar posibles hechos de violencia.
Desde el Parlamento consideran que se deben realizar cambios a la forma en como se trabaja la materia por parte de los distintos organismos. El senador e integrante de la comisión de Defensa, Gastón Saavedra (PS), indicó que “se debe separar el Ministerio del Interior de las materias de orden y seguridad, y dentro de eso debería estar la inteligencia nacional. Así podríamos tener información sobre las situaciones que ocurren en el país y anticiparnos a los hechos”.
Su par gremialista, Enrique van Rysselbergue, consideró que “es una necesidad urgente, y actualmente está en tramitación un proyecto de fortalecimiento y modernización en la Cámara de Diputados”.
La diputada Flor Weisse (UDI) cree que “desde el Estado de Chile se debe establecer un compromiso para que exista una verdadera inteligencia para poner atajo a los hechos de violencia que existe. Ya sea en recursos humanos y financieros, cuentan con pocos recursos para hacer su trabajo, pareciera que no se le da la importancia”.
Su colega María Candelaria Acevedo (PC) comentó que “el trabajo de inteligencia debe lograr prevenir hechos de violencia en el Wallmapu, y que también se desarmen las bandas que azotan no solo el Gran Concepción, sino que a lo largo del país. Debemos aprender de los países latinoamericanos que han fracaso en la guerra contra el crimen organizado y el narcotráfico, remarcando que en muchos de estos casos, primaron las propuestas populistas, con la oferta de la mano dura como mecanismo de solución del problema”.
La petición de cambios llega a raíz de la falta de resultados en la prevención de ataques incendiarios, en donde se aprecian consignas o reivindicaciones que mencionan a personas ligadas a la causa mapuche. Y la visión que existe en las autoridades en la zona, es dispar.
La delegada presidencial Daniela Dresdner aseveró que “este es un trabajo constante por parte de las policías y es muy difícil estar en todos lados al mismo tiempo y poder generar la protección previa a que ocurran los incidentes. Estamos hablando de organizaciones criminales y sus formas son diferentes”.
Más escueto fue el gobernador Rodrigo Díaz. “Lo ocurrido el martes debió ser prevenido y advertido, la semana pasada tuvimos quema de maquinaria en Tomé y otra el sector de la Costanera. Es lógico que tuviéramos una vulnerabilidad, más aún cuando hubo una fecha compleja y eso se debió prevenir y las personas que tienen competencias debieron actuar de forma profesional y oportuna. Más que autocrítica debe existir trabajo efectivo”, sostuvo.
Y claro, una de las dudas que surge tras estos episodios es la forma de trabajo que tiene la Agencia Nacional de Inteligencia (ANI) que por ley es la encargado de coordinar a los distintos estamentos de inteligencia de las FF.AA, Estado Mayor Conjunto y las policías, además de elaborar informes, en su mayoría secretos, sobre distintas situaciones de riesgo en el país.
La forma de operación que tiene la entidad y su dotación es secreta, pero, según pudo conocer Diario Concepción, la ANI tiene una oficina en Concepción con tres funcionarios.
La mayoría de los parlamentarios consultados en esta nota, dijeron desconocer en general la orgánica que tiene la institución y lo poco que conocen se debe a exposiciones, en un mayoría secretas y muy sucintas.