En tanto, agrupaciones evangélicas recurrieron a Contraloría para que el Ejecutivo reparta 900 mil ejemplares de la actual Constitución y así estar en “igualdad de oportunidades” con la opción Apruebo.
La distribución del texto de la propuesta de nueva Constitución generó una nueva polémica en la Región, esta vez protagonizada por quienes promueven la opción del Rechazo. Lo anterior, luego que las ex convencionales Constanza Hube (UDI) y Paulina Veloso (RN) estuvieran en Los Ángeles distribuyendo folletos sobre “las mentiras de la Constitución de la Convención”.
A través de su cuenta en Twitter, Hube respondió que “increíble como cierta izquierda tilda de ‘falso’ todo lo que no se ajusta a su interpretación de la propuesta constitucional que ellos redactaron. Los chilenos tienen derecho a saber tanto lo que se aprobó como lo que se rechazó, no solo lo que a algunos les conviene”.
Veloso comentó que el documento busca “informar a la gente, ya que ex convencionales de izquierda están entregando una guía práctica. No buscamos influenciar, ni ser tendenciosos, para eso ya está la guía práctica que se imprimió con recursos públicos”.
Desde el gobierno cuestionaron el acto, puesto que el rol de ambas finalizó el 4 de julio y a menos que estén inscritas en agrupaciones registradas ante el Servel, no pueden hacer campaña. “Hay organizaciones legalmente inscritas para hacer campaña, sino lo están, se encuentran fuera de la ley y los ex convencionales ya terminaron su gestión”, explicó el vocero Eduardo Vivanco.
Veloso, al ser consultada, reconoció que participaron en estas actividades en calidad de ex constituyentes y que fueron invitadas por dos agrupaciones locales.
La acusación se dio en medio de cuestionamientos surgidos en la misma actividad. Tanto Hube como Veloso acusaron que funcionarios de gobierno solicitaban datos personales a quienes entregaban la propuesta de la nueva constitución.
“Creo que este documento se debe entregar sin ningún trámite adicional, solo con solicitarlo. Hubo funcionarios de gobierno que pedían los datos personales en medio de esta campaña”, dijo Veloso.
El seremi Vivanco aseveró que se trató de una actividad de Gobierno en Terreno, por ello, los datos fueron solicitados con fines estadísticos y no se relaciona con la entrega del documento. “Hacemos distintas actividades para informar a la comunidad, en este caso, en el Gobierno en Terreno, se pide un registro para llevar una contabilidad de las personas que participan. Se trata de datos de uso interno y una denuncia por estos hechos a Contraloría no contribuye al espíritu republicano”.
La Asociación de Consumidores y Usuarios Servicio Evangélico Para el Desarrollo, las agrupaciones que se encuentran por la postura del Rechazo, acusan que se encuentran en desventaja de cara a la campaña, puesto que el gobierno dispuso de 900 mil ejemplares de la propuesta de Nueva Constitución, por lo que solicitan que también se entreguen la misma cantidad de copias de la actual carta fundamental.
De acuerdo a Gabriel Fuentealba, representante de la agrupación, “la gente no sabe cuales son las normas, los artículos, y cómo vamos a hacer un comparado si no tenemos las dos constituciones. Porqué un grupo debe comprar la constitución y otro la recibe de forma gratuita con dineros públicos y de parte de funcionarios públicos”.
Vivanco respondió que “hay mucha confusión, ya que nos encontramos evaluando la propuesta de nuevo constitución y lo que corresponde es difundir este texto y no es lógico entregar algo que no está en el plebiscito. La petición esta fuera de lógica, sino, porque no piden la Constitución del 25 o de 1833, sería lo mismo. El gobierno está siguiendo las leyes, difundiendo el documento que se está evaluando”.