Hablar de vivienda nos invita a un despliegue de muchas temáticas asociadas, que van más allá de la constructibilidad.
Dra. Paula Quijada Prado
Departamento de Geografía, FAUG – UdeC
Grupo de Estudios Vivienda y Habitar Digno, FAUG – UdeC
Investigadora CIDESAL – UdeC
Reconocida es, y cada vez más, la importancia de la vivienda en el desarrollo de las y los habitantes de una sociedad, un lugar donde guarecerse y que de cobijo, y en estos tiempos de pandemia su significado cobró, si cabe aún, más valor en un debate mundial al transformarse en lugar de trabajo y estudio, de esparcimiento y encuentro familiar, en un lugar de protección frente al contagio que nos tuvo casi dos años en encierro, poniendo sobre el tapete la importancia de los espacios personales, grupales, los metros cuadrados construidos, la calidad, su conectividad, su emplazamiento y el acceso a bienes y servicios, entre otras cosas.
Sumemos, si acaso queremos más, sociedades que envejecen y que generan nuevas demandas, familias que se han vuelto más pequeñas, unipersonales y/o uniparentales, viviendas compartidas por nuevos perfiles de usuarios y la especulación en el arriendo asociada a estos: estudiantes, migrantes, jóvenes profesionales. Ciudades inseguras, no amigables con quienes requieren una inclusión particular y de cuidados; dinámicas de expulsión y reemplazo de población en el centro de las ciudades; el cuestionable concepto de guetización; llamados a los 15 minutos de acceso y desplazamiento en urbes sin infraestructura… Hablar de vivienda nos invita a un despliegue de muchas temáticas asociadas que van más allá de la constructibilidad y el acceso a una unidad habitacional, abarca obligatoriamente la sumatoria de individualidades hasta hablar de poblaciones, condominios, barrios y/o de la misma ciudad y su relación con el espacio circundante.
Consagrar en el texto constitucional el resguardo del papel del Estado como garante activo de la gestión de los territorios, de su planificación y ordenación, se torna más que nunca importante, e invita a posicionar nuevamente al ser humano como centro de las futuras políticas públicas que se puedan generar, a crear nuevas normativas que sean cercanas a combatir estos males, todos urgentes. Retornarle al Estado el papel de mediador entre la demanda social y el mercado es crucial, dando voz a la comunidad en los procesos coconstructivos, en la gestión del hábitat, en la equidad e integración socioespacial, más no excluyendo al mundo privado de su participación.
La Carta Fundamental propuesta implicará a futuro un cuerpo legal operativo para la consecución de estos fines, pero al andar se hace camino, y por algo debemos comenzar.