El robo de madera vuelve a estar en la palestra tras manifestaciones de camioneros por la detención de dos de sus pares por participar en este ilícito. Además, la Corte Suprema emplazó al Ejecutivo a tomar medidas en la zona por un recurso de protección presentado en agosto de 2021, bajo la administracción de Patricio Kuhn.
Días complejos se han vivido en la provincia de Arauco a raíz de una serie de hechos de violencia. La madrugada y mañana del miércoles tres episodios alertaron a la población y a las autoridades.
El primer hecho fue un ataque al retén de Carabineros emplazado en el sector de Quidico, Tirúa.
“Desconocidos dispararon desde la oscuridad, quienes después escaparon cobardemente. Luego, un vehículo policial que se trasladaba desde Cañete a prestar apoyo fue atacado desde el follaje, no se registraron civiles o carabineros lesionados, tampoco daños”, relató el jefe de la Octava Zona, general, Juan Caneo.
Otro ataque incendiario se produjo en Curanilahue y afectó a una forestal del sector “La Colcha”. Tres camiones fueron quemados junto a una garita, además de la sustracción de dos camionetas. El último hecho, en tanto, alude al bloqueo de la ruta que une a Arauco y Lebu por la costa.
Desde la llegada de la nueva administración, se han concretado hechos de violencia de forma constante en la zona sur de Arauco. Hasta ahora el Ejecutivo ha presentado dos querellas.
En ese sentido, el seremi de Gobierno, Eduardo Vivanco, descartó que exista pasividad, sino un cambio de estrategia. “Estamos viendo resultados. Hay que intentar el camino de nuevas alternativas y hay que trabajar en todas ellas. Nosotros tenemos una acción integral y cuando nuestros asesores jurídicos lo estimen iniciaremos acciones legales”, comentó.
En la Corma valoraron las últimas diligencias ligadas al robo de madera. “Tenemos imágenes donde vemos las bandas delictuales se toman caminos y cometen otros delitos, agradecemos el rol de las policías y esperamos que se pueda detener a los responsables”, dijo Fernando Illanes, gerente de Corma en Biobío y Ñuble.
Pese a lo anterior, desde la Agrupación de Contratistas Forestales insisten en que se deben tomar medidas más drásticas. “Qué está esperando el gobierno para tomar medidas ante esta violencia, las autoridades no están con los habitantes de la zona y necesitamos responsables”, emplazó René Muñoz.
Los consejeros regionales (cores) de Arauco dicen que aún es muy pronto para juzgar el actuar del Ejecutivo, pero piden ser escuchados.
Brenda Vigueras (DC) opinó que “hay una intención por parte del gobierno para solucionar los problemas, con planes de acción en distintos ámbitos. Hay voluntad política para realizar un trabajo conjunto de todos los actores y esperamos ser colaboradores en este proceso. Hay que dar tiempo para aplicar estas políticas públicas, por lo que hay que tener paciencia”.
Leonidas Peña (PC) acusó que se iba a escuchar más a los territorios, pero “la gente designada para Arauco no es de acá. Tenemos gente con capacidad y que tiene llegada en las comunidades de la zona, por lo que es complejo lo que ocurre. No soy partidario de los bloqueos y el llamado es a escuchar a la provincia”.
Cristofer Gengnagel (RN) soslayó que “la teoría muchas veces puede ser muy buena, pero a la hora de la práctica, no puede ser igual, por lo que tenemos que ver como funciona ese plan del gobierno al momento de su ejecución, lo fundamental es que los actores del territorio podamos trabajar en conjunto”.
La Corte Suprema ordenó a las autoridades de Arauco y de la Región del Biobío tomar medidas en la zona para evitar nuevos hechos de violencia en la provincia de Arauco. La determinación del máximo tribunal estableció que “existe un actuar arbitrario e insuficiente de las autoridades recurridas para hacer frente a los hechos delictivos que se reiteran en la zona sur del país”.
El pronunciamiento, cabe precisar, obedece a un recurso de protección presentado en agosto del 2021, dirigido a las autoridades de la época, Patricio Kuhn, como delegado presidencial, y Mauricio Alarcón, como delegado provincial presidencial.
Por ello junto con aclarar el punto, la delegada presidencial, Daniela Dresdner, dijo que el fallo “confirma que el Estado debe hacerse cargo de la seguridad y que vamos por el camino correcto con buena coordinación con las policías, encargándonos de instalar el estado de derecho en toda la zona y haciéndonos cargo de diálogo, que es donde tenemos que avanzar”.