La investigación se originó en 2020, durante la compra de cajas de alimentos por parte del Estado de Chile.
La Fiscalía de Alta Complejidad del Biobío informó que no existen diligencias practicadas en contra del empresario de origen venezolano, Alberto Scuncio, dueño de la Distribuidora Llacolen de Coronel.
Durante la audiencia que se realizó de manera virtual en el Juzgado de Garantía de Concepción, la fiscal de Delitos de Alta Complejidad del Biobío, Marcela Barahona, explicó que “no hay ni ha habido ninguna diligencia en su contra, de ningún tipo, en alguna investigación que nosotros estemos dirigiendo. Por lo tanto, no tiene carácter de imputado”.
La defensa del empresario, a cargo del jurista Ricardo Freire señaló que “la Fiscalía nos comunicó que nuestro representado no tiene ni ha tenido la calidad de imputado y por lo mismo, no puede informar nada sobre la investigación porque al no estar siendo indagado por el Ministerio Público, de existir una investigación, ésta no le incumbe”.
El caso se origina el año 2020, durante la adquisición por parte del Estado de cajas de alimentos para distribuir entre la población. Es allí, cuando una de las empresas de Scuncio se transformó en el mayor proveedor de estas y los orígenes de los dineros de estos negocios se vincularon a supuestas irregularidades en el envío de insumos a Venezuela.