A pesar de contar con apoyo transversal, la nueva legislación que crea un servicio nacional de migraciones ha sido cuestionada por agrupaciones y expertos en la materia.
Ocho años tuvieron que pasar para poder acordar una nueva institucionalidad que regule la entrada y salida de migrantes del territorio nacional, quienes a la fecha representan más del 7,8% de la población total.
El nuevo organismo tendrá la facultad de entregar visas temporarias en 13 categorías, entre las que destacan trabajo y labores temporales, estudios, reunificación familiar y razones humanitarias. También se incluye una especial para pacientes bajo tratamiento médico.
Sumado a ello, se amplían los delitos por los cuales no se puede ingresar al país, extendiéndolos a tráfico ilícito de estupefacientes, femicidio, secuestro de menores y robo con violación. En la misma línea, estipula una “protección especial a la mujer”.
Para la abogada, miembro de la Clínica Jurídica UdeC, Bárbara Silva, si bien se avanza en cuanto al reconocimiento de derechos a las personas migrantes dentro de ciertos estándares del derecho internacional de los derechos humanos, el proyecto carece de mecanismos de regularización flexibles y permanentes, que se alejen de una visión utilitarista de quienes entran al país.
“Una ley de migración que no permite modificar el estatus migratorio de quienes ingresaron en calidad turistas u otra categoría transitoria, me parece que lejos de pretender alcanzar una migración ordenada, segura y regular, propenderá a lo contrario”, afirmó.
La académica manifestó además su preocupación en el mantenimiento de cierto hermetismo en asuntos tan delicados como la expulsión de extranjeros de Chile. “Es cuestionable la amplia discrecionalidad que se le entrega a la autoridad administrativa e incluso a las policías (…) La mayor preocupación que esto provoca es en el ámbito de las expulsiones, explica.
Para Juanita Orellana, presidenta del grupo de acogida al migrante (GAM), sigue predominando una lógica de soberanía nacional sobre un real reconocimiento y ejercicio práctico de derechos humanos.
“El único punto en donde es posible visualizar un avance concierne a la modernización del sistema de revalidación y reconocimientos de títulos académicos y profesionales (..) Por ello, se reconoce como un avance que las universidades acreditadas posean la facultad de realizar la revalidación y reconocimientos de títulos”, puntualizó.
Entre los aspectos más cuestionables del proyecto, están la instauración de que quienes hayan ingresado al país de manera clandestina antes de su promulgación, tendrán seis meses para abandonar Chile y solicitar la visa en los consulados chilenos que se encuentran en el exterior.
Junto con permitir el retorno de niños, niñas y adolescentes no acompañados, dejando dicha regulación en manos de la autoridad administrativa. Asunto que arriesgaría que el proyecto sea revisado por el Tribunal Constitucional en solicitud de parlamentarios RD.
“El rechazo a rediscutir en la comisión mixta la norma que establece esta posibilidad me parece inaceptable, sobre todo si se toma en consideración los informes evacuados por la UNICEF al respecto”, explica la abogada Bárbara Silva.
Frente a la obligación de retornar al país de origen de quienes ingresaron por pasos no habilitados, Silva sostiene en los hechos implicará dejar a una gran cantidad de población migrante atrapada en nuestro país sin ninguna posibilidad de regularización y sujetos a todas las precariedades que ello implica.
“La gran mayoría de ellos no tienen opción de retornar a los países de origen, sin olvidar además que muchos de ellos han sido objeto del delito de tráfico ilícito de migrantes”, afirmó.