Piden hacer valer la “Circular 21” en donde Hacienda entregó lineamientos para ejecutar la salida de funcionarios. Adelantaron que seguirán movilizados.
La importancia de esta, se debe a que allí, el ministro de Hacienda entrega las condiciones que deben cumplir las desvinculaciones de los funcionarios públicos.
En ella, se aprecia que “las eventuales no renovaciones de las contratas deben estar limitadas sólo a casos debidamente fundados, que impidan discriminaciones arbitrarias en el ejercicio de las facultades correspondientes”.
A esto se suma, “los criterios para eventual no renovación debe basarse en fundamentos obtenidos tras el proceso de evaluación de desempeño o la no continuidad de los programas o planes para los cuales prestan servicios. Se debe dar especial atención a los años de servicios, situaciones de funcionarios en edad de jubilar o próximos a cumplirlas, enfermedades catastróficas o terminales”.
El documento cierra con que “se debe mantener un proceso de reconsideración de las decisiones en aquellos casos que existan nuevos antecedentes o circunstancias que no fueron ponderadas en su momento y que ameriten una revisión de la no renovación”.
De acuerdo a Lorena Lobos, presidenta de la Anef en la zona, “estamos para pedirle a la Contraloría para que se manifieste sobre el cumplimiento de la circular n°21 y de todo lo que han dicho los tribunales de justicia. El Gobierno no entiende que tiene que dialogar y respetar lo que acuerda con los trabajadores. Esta circular es un acuerdo en el marco de la mesa del sector público”.
El centenar de funcionarios movilizados en su presentación estuvo acompañado por los diputados del Partido Socialista; Manuel Monsalve, Gastón Saavedra y Jaime Tohá.
Saavedra, que a su vez es presidente de la Comisión de Trabajo de la Cámara Baja, manifestó que “hay que respetar una circular que fue un acuerdo de la mesa del sector público, quien más que el Estado debe cumplir con aquello. Las medidas son arbitrarias, hay una persona con 30 años de servicio, a punto de jubilar”.
Más duro fue su par que representa a las Provincias de Arauco y Bío Bío, Manuel Monsalve, quien opinó que “no se cumple la palabra del Presidente de la República ni los dictámenes judiciales o de la Contraloría, las malas decisiones de un intendente las pagamos todos los chilenos”.
Durante la actividad, la presidenta de los empleados públicos en la zona acusó una agresión por parte del diputado oficialista, Enrique van Rysselberghe.
De acuerdo al relato de Lobos, el hecho ocurrió la mañana del jueves, cuando se encontraban manifestando en dependencias del Serviu, hasta donde llegó el parlamentario con un dirigente vecinal e intentó entrar a las oficinas, siendo impedido su paso.
Es allí cuando empuja a la dirigente, dejándola con lesiones leves en un brazo. “El insistió en entrar por la fuerza, empujó la puerta que yo sostenía. No comprendemos el actuar del parlamentario, ni por qué se presenta con un dirigente, siendo que este tipo de reuniones se encuentran agendadas por Ley del Lobby y él no tenía cita. La Anef a nivel nacional está analizando la concreción de acciones legales en su contra”.
Diario Concepción intentó obtener la versión del parlamentario, quien no contestó las llamadas ni los mensajes realizados.
