30 años antes que Quintero y Puchuncaví, la contaminación de Canal El Morro gatilló una toma de conciencia e impulsó la dictación de la Ley de Bases del Medio Ambiente. Sin embargo, y pese a que la historia del puerto tuvo un final feliz, aún hay muchas tareas pendientes y falta voluntad. La existencia de las cuestionables “zonas de sacrificio” dan cuenta de aquello.
Zona de sacrificio. Término categórico que grafica la gravedad que puede resultar de un desarrollo industrial carente de una planificación territorial previa y de un estudio de los efectos sinérgicos que un conjunto de operaciones puede desencadenar en un territorio acotado.
Tal como ocurrió a partir de la década de los 80 en la zona de isla Rocuant y canal El Morro, cuando la zona era uno de los puntos más contaminados del planeta, y que a partir de 1994, comenzó a recuperarse ambientalmente.
Lo contrario a eso, impulsado por países más avanzados, es el denominado desarrollo eco industrial, que a partir de ciencia, tecnología e innovación hacen posible un avance de la actividad productiva en armonía con su entorno. Ése debiera ser el norte para el desarrollo industrial futuro, evitándose sacrificar comunidades y territorios.
Pero, ¿qué pasó en Talcahuano? ¿Está Coronel a un paso de convertirse en una nueva zona de sacrificio? ¿Qué lecciones se pueden sacar del caso de isla Rocuant? ¿Cuáles son los desafíos que 25 años después aún persisten?
El director de Medio Ambiente de la municipalidad porteña y artífice principal de la recuperación ambiental de isla Rocuant y canal El Morro, Guillermo Rivera, fijó en 1989 como el año crítico de contaminación, con la triste postal de las aguas del lugar de color rojizo y consistencia lechosa, junto a ese olor nauseabundo, que, lamentablemente, estigmatizó por años al puerto y a sus habitantes.
“Esto fue producto de los residuos que votaban directamente al agua las pesqueras que se instalaron en la zona y que desencadenaron un problema bacteriano exponencial. Además, la descomposición del material orgánico producía altos niveles de ácido sulfídrico, con el clásico olor a huevo podrido que se diseminaba por Talcahuano, Concepción y San Pedro de la Paz”, recordó.
Fue en al año 1991 que comenzaron a controlarse las pesqueras, inicialmente lo relacionado a sus residuos líquidos que sobrepasaban la capacidad de carga del agua de canal y zona marina adyacente.
Se trabajó junto a la Asipes, presidida en ese entonces por Daniel Marfanti, fijando parámetros a las empresas, como cantidad de producción, temperatura, Ph, sólidos suspendidos y cantidad de grasa.
Fue el inicio de la recuperación ambiental. Ya en 1996, se iniciaron los controles definitivos a las 23 pesqueras que ahí operaban.
Rivera recuerda que entonces ni siquiera hubo gran recambio tecnológico, sino que a partir de una buena mantención de los equipos y un buen control del proceso, se comprobó que se pudo disminuir hasta en un 80% la contaminación.
“Claro, hubo empresas que no se pudieron adaptar y fueron clausuradas por nosotros”, precisó Rivera.
Por su parte, el doctor en Biología de la Universidad de California y académico de la Facultad de Ciencias Naturales y Oceanográficas, de la UdeC, Eduardo Tarifeño, recuerda que la llegada masiva de pesqueras a esa zona se produjo por la escasez de sardina y anchoveta en el norte de Chile, donde operaba en ese entonces la flota industrial.
“Llegaron a establecerse, pero con instalaciones precarias, puesto que se pensaba que esto no sería permanente. Por eso fue una llegada desordenada, sin criterio ambiental alguno, y en ausencia absoluta de ley ambiental que regulara el arribo masivo de empresas y sus procesos industriales”, acotó, subrayando que desde el inicio se partió mal.
El investigador y fundador del centro Eula y profesor emérito de la UdeC, Dr. Óscar Parra, constató que en ese entonces el área de sacrificio afectaba a todo Concepción y San Pedro de la Paz, en un contexto de nula gestión ambiental.
Lo que pasó ahí, explicó, es que se sobrepasó la capacidad de carga tanto del canal El Morro como de la zona del litoral contiguo debido a la intensa actividad industrial pesquera y también del todo territorio continental cuyos desechos llegaban vía canal.
“Para evitar que se repitan casos como este, es importante una estrategia regional de desarrollo, pero que hasta ahora no ha visualizado a la Región sistémicamente. A la Región hay que asumirla como un gran sistema ambiental, que tiene un componente ecológico, social y económico y desde ahí planificar según las aptitudes de cada territorio. Por ejemplo, cabe preguntarse: ¿era necesario instalar las centrales a carbón en Coronel, en circunstancias que ya la Región producía el 30% de la energía de Chile?”.
En este contexto, Parra recordó otro ejemplo: el proyecto de carretera hídrica que busca llevar agua de la Región hacia la zona norte. “Hay que entender que el sistema natural de la cuenca del Bío Bío es el soporte económico y social de la Región. Trabajamos en un estudio para saber cuál es el aporte al PIB de las aguas del río Bío Bío, y probablemente tendremos porcentajes de entre 70%-80%”, puntualizó, ejemplificando cuál debe ser la forma de pensar el desarrollo social y económico.
Consultada la presidenta de Asipes, Macarena Cepeda, analizó los avances que ha logrado en 25 años el sector que representa, y recordó que la pesca industrial ha seguido operando en la Isla Rocuant con plantas de congelados y harina de pescado. “Esto ha sido posible gracias a una serie de medidas e inversiones, no sólo en el tratamiento de olores, sino también en el estricto cumplimiento del DS90 que regula el vertimiento de riles a cuerpos de agua. Por ello es posible advertir la presencia de aves en las lagunas mencionadas, sino también de la proliferación de algas, moluscos y peces en esa zona industrial”.
Macarena Cepeda añadió que no hay que olvidar que las propias empresas pesqueras y Asipes han sido premiadas por la Dirección de Medioambiente de la Municipalidad de Talcahuano por su aporte y cumplimiento legal y voluntario en estas temáticas, lo que ha permitido la recuperación del lugar y la mantención de la actividad productiva en ese territorio.
La abogada Paula Nieto, académica de pre y postgrado en la facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad de Concepción, recordó que la Ley de Bases del Medio Ambiente, promulgada en 1994, tiene varios instrumentos de gestión ambiental, no sólo el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental, y que muchas veces no son ocupados. A su juicio, las normas de calidad son deficientes, así como las de emisión, las que deben ser revisadas cada cinco años, pero esto nunca ha ocurrido. “Hoy son laxas”, enfatizó.
Otro ejemplo de lo anterior, recordó Paula Nieto, es la eterna espera de un plan de descontaminación para el Concepción Metropolitano, que incorpore normas particulares, pero hasta ahora no ha sucedido nada, lamentó. “Un plan permitiría contar con una regulación más directa y evitar así llegar a ser una zona de sacrificio”, recalca.
Por último, la abogada destacó la importancia de la planificación territorial, que vele por un desarrollo industrial armónico y contribuya a evitar que un conjunto de industrias no se concentre en un lugar determinado y acotado del territorio.
“Hay que entender que lo que pasó en Quintero y que podría pasar en Coronel no es monocausal, sino que es producto de una serie de emisiones de fuentes que fueron aprobadas por separado, pero que en su conjunto son mucho peores. Se deben analizar los efectos sinérgicos”.
En tanto, el decano de la Facultad de Ciencias Ambientales de la UdeC, Dr. Ricardo Barra, coincidió en que la ausencia de una mirada a los efectos sinérgicos de una serie de actividades industriales es lo que produjo el problema de la zona de Quintero, y que afecta hoy a Coronel y que también fue una de las causas del desastre ecológico de isla Rocuant, cuando además no existía ley ambiental alguna.
Sobre las lecciones que deja el caso de Rocuant, Barra dijo que primero se probó que pueden recuperarse ambientalmente sistemas que están altamente contaminados.
“Lo malo es que se traspasa industria contaminante a otra zona geográfica, en este caso a Coronel. No es cosa de transferir actividad productiva sino que también estudiar la vulnerabilidad de esas zonas nuevas, pero en ausencia de instrumentos de planificación territorial y de un buen sistema de evaluación de proyectos que analice la acción sinérgica, es muy difícil impedir la aparición de nuevas zonas de sacrificio, demostrándose que cumplir con la norma no ha sido suficiente”. El académico acotó que hoy el Estado está enfrentando esto a través de los denominados Planes de Recuperación Ambiental y Social (Pras), lo que involucra, por una parte, al sector industrial y su esfuerzo por cumplir con las normas, invertir en tecnología y trabajar con las comunidades. Por otra parte, es indispensable un rol activo del gobierno comunal, arista política fundamental para lograr planes exitosos, planteó.