La diputada frenteamplista por la Región de Antofagasta visitó el Bío Bío y se reunió con vecinos de Coronel, ocasión en que escuchó denuncias de tipo medioambiental.
Una fugaz visita al Bío Bío concretó la diputada de Revolución Democrática por la Región de Antofagasta Catalina Pérez, quien actualmente se desempeña como presidenta de la Comisión de Medio Ambiente de la Cámara.
En su paso por la zona, la congresista participó de actividades partidarias y de conglomerado. También se reunió con entidades científicas y vecinos de Coronel, con quienes puntualizó en su mayor preocupación parlamentaria: medio ambiente y recursos hídricos.
– ¿Ve similitud en las denuncias medioambientales de Coronel y lo que se conoce de su distrito?
– Hemos recibido al alcalde de Coronel en la Comisión de Medio Ambiente. Es del interés de la comisión y mío mapear los conflictos socioambientales. Respecto a la pregunta, Coronel tiene una situación que coincide muchísimo con lo que pasa en la Región de Antofagasta. Las consecuencias de la existencia de termoeléctricas tan cerca de las zonas urbanas y los niveles de contaminación son conflictos que compartimos y de los que queremos saber más.
– ¿Por dónde siente que pasan las soluciones?
– Lo primero es hacer un buen diagnóstico de las situaciones que estamos viviendo y, en segundo lugar, plantear de qué modo buscamos generar cambios en las matrices energéticas a lo largo del territorio, que nos permita pensar un modelo de desarrollo más sustentable y más coherente con las necesidades. Persiste la necesidad de descarbonizar la economía.
– ¿Cuán urgente es atender las denuncias en Coronel y Antofagasta?
– La crisis medioambiental que viven las comunas es una crisis actual que requiere soluciones urgentes. Muchas veces uno relativiza los impactos de los conflictos socioambientales en las comunas. Hoy tenemos más de 50 niños envenenados con metales pesados sobre la norma en Antofagasta y son impactos actuales que afectan directamente a las personas.
– También ha planteado preocupación por el agua.
– Son 179 comunas que están declaradas con déficit hídrico y son más de 28 mil millones de pesos los que se gastan al año desde 2014 en camiones aljibe. Entonces, sin duda, el problema del agua es un problema de soluciones urgentes y debe ser priorizado. Debemos asegurar el agua para la preservación de los sistemas y para consumo humano y definir cuáles van a ser las prioridades del Estado, que hoy sin duda están puestas en el agua al servicio de los procesos industriales y no de las personas.
– ¿Coincide en que la discusión medioambiental no está del todo presente en la arena política?
– Pareciese que el Ejecutivo necesita que estas problemáticas lleguen a las comunas de Santiago y haya cortes de agua para entender que esta es una crisis que está afectando, a lo mejor no las comunas de la capital, pero sí a otras 179. En la cuenta pública escuchamos la palabra “agua” en apenas tres oportunidades y en absolutamente ninguna de ellas fue para referirse a un compromiso concreto frente a los vecinos.
– Sigue pendiente separar negocios y política.
– Hay que ser tajante en condenar el vínculo de negocios y política que ha existido en torno al agua y cómo los carteles del agua hoy se están constituyendo como un negocio muy lucrativo para algunos parlamentarios. Eso hay que decirlo con todas sus letras.
– ¿Cuál es la propuesta del sector?
– Lo que necesitamos es una reforma constitucional. Cualquier reforma al Código de Aguas es una reforma superficial si no logramos modificar las bases del sistema normativo, como es la constitución. Hay un proyecto de ley que busca poner el agua para consumo humano como utilización prioritaria. Creemos que son son reformas tibias, pero van a contribuir a mejorar de a poco. El cambio de fondo pasa por asegurar el agua para la supervivencia.