El panorama educacional en Chile cambió y la coincidencia en torno a esa máxima es absoluta. Por citar algunos ejemplos en materia de formación superior, las universidades hoy están sujetas a un proceso de acreditación obligatoria y a una normativa que no solo prohíbe el lucro, sino que también lo penaliza.

Lo anterior, producto de dos elementos presentes en la nueva Ley de Educación Superior. Uno, el que busca asegurar la calidad de los programas ofrecidos; otro, fruto de la creación de la Superintendencia de Educación Superior, que por primera vez dota de elementos de fiscalización a un organismo estatal en dicho sentido.

En lo que a educación obligatoria refiere, la desmunicipalización es un proceso largo y complejo que ya se encuentra en ejecución, no sin cuestionamientos y denuncias por serias deficiencias a la hora de implementarse los primeros pilotos. Asimismo, la Nueva Carrera Docente busca incorporar elementos de incentivo al mundo de los profesores. Sus resultados, por lo pronto, deberán ser analizados en algún tiempo más.

Pero antes de las reformas, los compromisos presidenciales, ministeriales y las discusiones en el Congreso Nacional, estuvieron y han estado las demandas del sector estudiantil, estamento que cada cierto tiempo ha acostumbrado a la sociedad chilena a levantamientos esporádicos y sectoriales.

La exigencia de una Tarjeta Nacional Estudiantil o pase escolar en 2001 o el rechazo al financiamiento arancelario por la vía crediticia en 2005, son dos ejemplos de movilizaciones instantáneas, enérgicas en su momento pero de corto alcance.

Pese a lo anterior, en la crónica del despliegue estudiantil ya se escribe que ambas instancias sirvieron de antecedente de dos puntos cúlmine en materia de organización, como lo fueron la revolución pingüina de 2006 y la gran movilización social de 2011.

Ambos procesos de agitación trajeron consigo reformas de corte político y una interpelación directa a la población nacional, aún imbuida en una norma anclada en las modificaciones tendientes a la privatización de inicios de los años ‘80.

Entre las principales vocerías estudiantiles se escuchaban demandas profundas, revelación de necesidades pedagógicas e incluso denuncias de asuntos que pueden parecer mínimas, como aquellas relacionados con la infraestructura de establecimientos. Más allá de eso, se irguió un discurso que englobaba todos los requerimientos y que difería de los tradicionales petitorios gremiales. Se trataba de la recuperación de la educación pública, sentencia que sin ofrecer mayores certezas en aquel entonces, es hoy eje central de un debate que instalaron los jóvenes organizados y que todavía se encuentra lejos de terminar.

Quiebre de paradigma

La apelación al retorno de lo público apunta directamente al corazón de la socialdemocracia chilena y la centro derecha, ambos profundizadores del modelo que se puso en cuestión.

En efecto, ningún sector político defendió principios rectores de la educación bajo lineamientos de Estado. En desmedro de ello, se favoreció el progresivo ingreso del sector privado, acentuando la competencia institucional.

Muestra de lo anterior es la declaración que emitió en su primer Gobierno el Presidente Sebastián Piñera, cuando -en pleno auge de las marchas estudiantiles- se refirió a lo que entendía por educación.

“Requerimos, sin duda, en esta sociedad moderna, mucho mayor interconexión entre el mundo de la educación y el mundo de la empresa, porque la educación cumple un doble propósito: es un bien de consumo. Significa conocer más, entender mejor, tener más cultura, pero también la educación tiene un componente de inversión”, dijo el mandatario.

Quien fuera su primer ministro de Educación, Joaquín Lavín, hizo lo propio en una entrevista de la época, afirmando que “regalos no puede haber. Estar en la educación superior significa que voy a tener acceso a un ingreso bastante más alto a la salida y, por lo tanto,no puede ser un regalo, tiene que haber un sistema de crédito”.

Ambas apreciaciones, con toda seguridad, han perdido respaldo en la actualidad, en circunstancias de que debate siguió otras direcciones. La respuesta política es distinta y desde altas esferas de poder se reconoce la influencia del movimiento estudiantil en ese proceso de paulatina conversión.

Se hace educación y política

Lo decía en 2011 el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Concepción, Guillermo Petersen. El movimiento estudiantil tiene una proyección política más grande y un objetivo transversal. Sin embargo, por esos años, los jóvenes organizados atravesaban una profunda disquisición que no estuvo exenta de roces, conflictos e incluso quiebres dentro de la misma Confech. ¿Incidir o no directamente en la actividad política? ¿Privilegiar la vía parlamentaria o insistir con la movilización social y la acumulación de fuerzas en las calles? Esas son algunas de las preguntas que rondaron y que en cierta medida fueron resueltas en el camino.

Los más voluntaristas sostienen que es posible mantener un pie en la calle y otro en la institución para empujar nuevas reformas en educación. Lo cierto es que la canalización en el órgano legislativo es en estos instantes la disputa de mayor vuelo. Las ya descritas nuevas normas que rigen el sistema son demostración de aquello. El ingreso a la Cámara de Diputados de ex líderes del mundo estudiantil, también.

Desafíos más allá de la cobertura y el financiamiento

Según coinciden personeros ligados al área, las grandes tareas del sistema educacional chileno son distintas a las de hace una década. Diez años atrás, el debate transitaba con fuerza por temas de aumento de cobertura y financiamiento, ya sea institucional o arancelario.

Sin dejar de prestar atención a la extensión del servicio y las nuevas vías de costeo, el cambio de hoy pasa por poner el acento en temas curriculares y más estrechamente ligados a los contenidos, tanto en educación primaria, obligatoria y superior.

Asimismo, se encuentra patente el desafío de incorporar elementos de convivencia a los que antes no se les tomaba en cuenta. Sin duda que por ese descuido la demanda por una educación no sexista y la preocupación a causa del acoso escolar, golpea de frente e interpela en lo inmediato a todo el andamiaje educacional.

Eso en 2018, tal como en los anteriores fueron otras las banderas que hondearon. Ciertamente, estas no serán las únicas. Menos las últimas cuando se trata de educación.

Nueva Ley de Educación Superior

Elimina la incertidumbre del financiamiento de las universidades públicas no estatales (G9), al garantizar la entrega de recursos y terminar con la discusión anual vía presupuesto.

Asimismo, crea la Superintendencia de Educación Superior, que vigila el cumplimiento de las leyes y reglamentos de parte de universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica. Todo, con la finalidad de inhibir la presencia de lucro en su funcionamiento.

Igualmente, formula un nuevo sistema de Acreditación Institucional obligatorio, un nuevo sistema de acceso a la educación superior -que dejará de depender del Demre y pasará a manos de un comité técnico- y garantiza la gratuidad como derecho universal.

La Ley de Universidades Estatales, por su parte, genera nuevas condiciones para las universidades dependientes del Estado.