El retiro de una ley que pagaba dineros a víctimas del régimen militar levantó el primer conflicto entre justicia y las agrupaciones de familiares de DD.DD.
Una dura jornada en el Congreso tuvo el miércoles el ministro de Justicia, Hernán Larraín. Aparte de las recriminaciones a su equipo cercano, se sumó la interpelación que deberá enfrentar en las próximas semanas por retirar un proyecto desde la Cámara, a sólo horas de ser discutido.
Durante la visita que realiza al Bío Bío, y que sigue durante esta jornada, el ministro de Justicia, Hernán Larraín, manifestó, sobre la instancia, que “es un ejercicio democrático, que de paso brinda una excelente oportunidad al gobierno para mostrar su política en Derechos Humanos. Que se refiere a mantener la verdad, la justicia, reparaciones y reconciliación, que incluye una agenda que busca hacerse de otros temas, en donde se incluye la no vulneración de derechos en centros del Sename y en centros penitenciarios”.
A lo anterior, agregó que “hay una agenda por realizar para preservar los derechos humanos, y esa interpelación es la instancia adecuada para hacerlo, y así, exponer todas nuestras ideas”.
En tanto Hilda Espinoza, de la Agrupación de Detenidos Desaparecidos, manifestó que ellos no buscan plata, sino que justicia. “Nosotros queremos que se responda dónde están nuestros familiares y esperamos que lo pueda responder. Eso es lo que necesitamos, tener una certeza de donde se encuentran los restos de nuestros familiares, y así descansar en paz. No queremos más impunidad y nosotros somos víctimas de la dictadura militar y de los gobiernos democráticos”.
Sobre este punto, donde las agrupaciones indicaron que buscan conocer información sobre el paradero de sus familiares, el ministro Larraín contestó que “este es un problema muy antiguo y esperamos que los tribunales de justicia nos colaboren y lograr el objetivo. En el Ministerio de Justicia hay un programa que apoya a las víctimas, en materia de justicia, en donde se encuentra el objetivo de los deudos desaparecidos”.
Con respecto a volver a poner el proyecto en tabla, Larraín consideró que “por lo antecedentes que tenemos en el Ministerio, es que no tiene, ni cuenta con financiamiento. Es difícil decir cuando se termina y se ha hecho mucho en este tiempo y se puede seguir haciendo más”.
Mientras que el diputado por el Distrito 20, Gastón Saavedra, manifestó que “yo soy partidario de hacerla, hay una descoordinación entre los ministros y el Congreso. Nosotros tenemos que reparar los daños del gobierno dictatorial de Augusto Pinochet. Fue un gran error retirar este proyecto”.
El proyecto en cuestión, se relaciona con unas indemnizaciones a presos políticos y quienes salieron mencionados en el Informe Valech, quien obtendrían tres millones de pesos. Esto fue ingresado a fines de la administración de la ex presidenta Michelle Bachelet.
Por parte de la actual administración, indicaron que la falta de financiamiento fue el motivo para retirarlo de la discusión.