La firma perteneciente al vicepresidente regional de la UDI, Sergio Bobadilla y su esposa es indagada tras una denuncia que la acusa de triangular dineros desde el Congreso a la tienda que hoy dirige Jacqueline van Rysselberghe.
Una jugada de la Fiscalía Metropolitana Oriente complicó a varios en el Congreso Nacional. La petición fue ingresada el 9 de enero y proviene de la autodenuncia de la ex jefa de prensa de la UDI, Lily Zúñiga.
En la declaración entregada por la mujer a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, acusó a tres empresas que realizan asesorías parlamentarias de triangular los pagos, en donde, parte de estos iban a parar a la UDI.
La empresas involucradas, Sociedad Legal Ltda, Visión Legislativa y Parlamentaria, además de B&C Consultores Ltda.
Sociedad Legal pertenece a los abogados Pablo y Luis Cantellano, la segunda, es una sociedad en la que participan el jurista Carlos Fairlie, querellante por la UDI en los casos Bombas, Basura y Tsunami, además de ser cercano a los diputados Joaquín Lavín León y Gustavo Hasbún, con su esposa. Y la última B&C, pertenece al ex diputado por el Distrito 45 y otrara presidente regional de la UDI, Sergio Bobadilla y su cónyuge, la perito agrícola, María Ximena Crovetto.
De acuerdo a información solicitada por Diario Concepción al Congreso, mediante Transparencia, durante el actual periodo legislativo, la empresa de Bobadilla cobró $217 millones por 29 asesorías realizadas a 7 diputados, todos de la UDI. La mitad de estas se encuentran bajo la lupa del Ministerio Público.
Entre los parlamentarios que se repiten, se encuentran dos viejos conocidos de Bobadilla, el diputado por el Distrito 43 Talcahuano y Hualpén-, Jorge Ulloa Aguillón y el representante del gremialismo en el Distrito 46, correspondiente a las comunas de Arauco, Cañete, Contulmo, Curanilahue, Lebu, Los Alamos, Lota, Tirúa, Iván Norambuena. En la lista también está el parlamentario por Concepción, Chiguayante y San Pedro de la Paz, Enrique van Rysselberghe. Ellos tres representan a la UDI en la Región del Bío Bío.
El otro nombre que se repite es el de Ignacio Urrutia Bonilla, también de la UDI, eso sí, por las comunas del Maule de Cauquenes, Chanco, Longaví, Parral, Pelluhue, Retiro. Todos ellos, fueron los únicos contratantes de sus servicios durante 2016, fecha en la que estaba vigente la nueva normativa de la Cámara de Diputados, que obliga a los parlamentarios a dejar un respaldo escrito o digital de la asesoría realizada.
Reportes de Contingencia
Sergio Bobadilla dejó el 10 de marzo de 2014 su cargo como diputado, luego de dos periodos parlamentarios representando al Distrito 45 en el Hemiciclo, tras ser derrotado en las elecciones de noviembre de 2013 por la PS, Clemira Pacheco y el DC Marcelo Chávez, en uno de los dos doblajes que hizo la Nueva Mayoría en el Bío Bío.
Un día después, el 11 de marzo, la sociedad de B&C Consultores Ltda comenzó a realizar asesorías parlamentarias a los diputados Gustavo Hasbún, María José Hoffman, José Antonio Kast, Jorge Ulloa, Iván Norambuena y Enrique van Rysselberghe. Todas ellas se extendieron entre los meses de marzo y diciembre de 2014, en donde la Cámara de Diputados debió desembolsar entre dos y $11 millones, montos que fueron cancelados en 10 cuotas. Además, el diputado Jorge Ulloa pidió otra asesoría a la empresa, entre los meses de julio y diciembre, que tuvo un valor de $11.769.114, canceladas en 6 cuotas. Misma situación utilizó Iván Norambuena con otra asesoría desde el mes de agosto, hasta diciembre de ese mismo año, por $10.199.116, que fue pagado en 5 cuotas.
Las ocho asesorías del 2014 tienen el mismo nombre; “Asesoría Política en Materias de Contingencia Nacional”, “Minuta de Resumen de Comisiones en Donde Participa el Solicitante” y “Elaboración de Proyectos de Ley y de Proyectos de Acuerdo”. Estos informes, solicitados por seis diputados tuvieron total de $58.178.230, el menor dentro del periodo.
Al analizar algunas de estas, llama la atención la diferencia en los valores pagados, puesto que todos estos informes son sobre el mismo tema. Por ejemplo, la diputada María José Hoffman canceló $200 mil mensuales, mientras que Iván Norambuena $1.085.000 durante 10 meses y entre julio y diciembre otros $2.039.823, por los mismos informes.
Durante este periodo parlamentario, B&C Consultores Limitada, pierde a su primer cliente, se trata de Gustavo Hasbún quien no vuelve a hacer uso de los servicios de la empresa. A la vez, que Enrique van Rysselberghe sólo contrata dos meses de asesorías, en los meses de enero y febrero. Pero como se dice por ahí, sí alguien se va, llega otro, y así fue. Ignacio Urrutia Bonilla se transformó en el nuevo cliente.
Él, al igual que los otros mencionados contratantes, pagaron cifras que van entre los 400 mil pesos y los $26.032.000, por siete asesorías. Al igual que en el año 2014, los servicios fueron por el mismo concepto, “Asesoría Política en Materias de Contingencia Nacional”, “Minutas de Resumen de Comisiones en Donde Participe el Parlamentario” y “Elaboración de Proyectos de Ley o de Acuerdo”.
Al parecer es un constante, puesto que los diputados Jorge Ulloa e Iván Norambuena pagaron entre ambos $51 millones por cada asesoría, por un periodo de 12 meses. Situación distinta a la parlamentaria por San Antonio, María José Hoffman, que canceló solamente $400 mil por servicios que se extendieron por todo el año. A la vez, que José Antonio Kast, gastó $1.800.000 por las asesorías de B&C Consultores Ltda.
El nuevo cliente de la empresa de Sergio Bobadilla y María Ximena Crovetto, Ignacio Urrutia contrata dos asesorías, la primera entre enero y diciembre del 2015, por $6.732.000, y la otra por $19.300.000, desde abril hasta diciembre. Justo un mes después de la salida de Enrique van Rysselberghe. Las dos prestaciones contratadas por Ignacio Urrutia suman $26.032.000. Ambas figuran en la nómina que el Congreso envió a la Fiscalía por el mismo concepto de Asesoría, minutas de resumen de comisiones y elaboración de proyectos de ley.
Diario Concepción se contactó Sergio Bobadilla, quien dijo estar tranquilo ante eventuales cuestionamientos. “Hemos dado cumpliento a todas las exigencias que nos impone, en este caso, la Cámara de Diputados y hemos emitido los informes regularmente a entera y total satisfacción de nuestros clientes. Hay absoluta tranquilidad, porque el trabajo lo hemos hecho, e insisto, a total conformidad de los clientes a quienes hemos prestado servicios”.
Los otros involucrados
Respecto de los aludidos como contratantes de la empresa de Bobadilla, el diputado independiente, ex UDI, José Antonio Kast, señaló que sí recibió las asesorías prestadas y aseguró que se encuentra tranquilo con la investigación del Ministerio Público. Kast expresó que el pactó el precio de los informes con el asesor externo, los que fueron visados por la comisión respectiva de la Cámara. En relación a Sergio Bobadilla, el ex presidente de la UDI, lo definió como un gran parlamentario y que los cuestionamientos que existen hacía él deben ser investigados.
En tanto, la diputada María José Hoffmann reaccionó molesta ante las consultas de Diario Concepción y aseveró, en un primer momento, que no conocía la empresa, pero al nombrar a Bobadilla lo recordó. La parlamentaria aseguró que recibió los servicios de esta asesoría durante algunos meses y que los informes son públicos, sin embargo, no pudimos acceder a ellos.
Desde la UDI la senadora Jacqueline van Rysselberghe, dijo que todas estas dudas surgen gracias a la denuncia de una ex asesora, quien sembró las dudas en la opinión pública.
En relación a la empresa de Sergio Bobadilla, señaló que no la conoce por su nombre, sino que por su dueño y aseveró que toda la investigación en contra de él es “súper injusta, ya que uno ha trabajado con él y me consta que el trabajo se ha hecho. Colocar un manto de duda en el derecho que tienen las personas a ganarse la vida es injusto”.
En relación a las diferencias entre los montos pagados a la empresa, aseveró que “Sergio ayuda a Iván y a Jorge. Cada uno de los parlamentarios tiene el derecho a contratar a quienes ellos quieran. Empezar a hacer investigaciones en donde se supone que hay algo escondido malo detrás, se termina dañando la honra de las personas. Lo malo acá estaría en una triangulación de dineros, que hasta el minuto no se ha hecho”, puntualizó
Para la senadora, es riesgoso que “se dé por antemano situaciones ilegales, cuando no las hay. A su vez, es legítimo que cada parlamentario puede contratar a gente de su confianza, con la cual trabajaste toda una vida”.
El informe que solicitó la Fiscalía abarca los años 2011 y 2015, o sea, los dos últimos periodos parlamentarios, en uno de esos, Bobadilla sí ejerció como parlamentario. Diario Concepción revisó la nómina de asesorías desde ese año hasta la fecha y B&C Consultores Limitada aparece prestando servicios al Parlamento desde marzo de 2014 y diciembre de 2016.
Por lo tanto, 14 asesorías realizadas por la consultora durante 2016 quedaron fuera del requerimiento judicial. Estas fueron mandatadas por tres diputados ya mencionados en este artículo, Jorge Ulloa, Iván Norambuena e Ignacio Urrutia. Entre todos pagaron más de $79 millones por los servicios de la consultora de Bobadilla.
Llama la atención la forma en que el diputado Norambuena adquirió estas asesorías, puesto que a diferencia de otros años, ahora lo hizo de forma mensual, pagando en total $26.757.060, por una glosa ya conocida, “Reporte de Contingencia”, “Informes de Comisiones” y “Análisis de Temas de Interés”.
La misma cifra canceló el parlamentario Ignacio Urrutia por los mismos servicios en el mismo periodo de tiempo. En tanto, Jorge Ulloa pagó $600 mil menos por el mismo trabajo.
Al ser consultada la Fiscalía por la exclusión en la investigación de este periodo, se señaló que la autodenuncia de Lily Zúñiga corresponde al periodo en que ella desempeñó funciones en la UDI.
Para ese año, en la Cámara de Diputados ya regía un acuerdo que obliga a mantener un respaldo de las asesorías parlamentarias que se realizan. Diario Concepción solicitó al Parlamento estos informes, que deberían ser públicos, pero no obtuvo respuesta.