Aseguran que una iniciativa de esta naturaleza, como la que planteó Delpiano para las universidades de Concepción, Austral y Federico Santa María sería inviable y estaría condenada al fracaso en las votaciones.
Aseguran que una iniciativa de esta naturaleza, como la que planteó Delpiano para las universidades de Concepción, Austral y Federico Santa María sería inviable y estaría condenada al fracaso en las votaciones.
Tania Merino Macchiavello
tania.merino@diarioconcepcion.cl
La idea de estatizar algunos planteles puso una vez más en evidencia la contradicción entre la ministra Adriana Delpiano y el titular de Hacienda, Rodrigo Valdés.
Hace una semana la encargada de Educación declaraba ante La Tercera que universidades como la de Concepción, Federico Santa María y Austral "podían ser estatales", aludiendo a una posibilidad de incorporar por su mérito a estos planteles al modelo de financiamiento estatal.
Del otro lado, Valdés recibía este viernes los reclamos del Consorcio de Universidades estatales tras poner en duda la eficiencia financiera de sus casas de estudios en relación con algunas privadas.
A partir de estos cuestionamientos del propio ministro Valdés ¿sería conveniente entonces estatizar a estas instituciones exitosas?
Rechazo general
La posible transformación jurídica de las aludidas generó de inmediato críticas y la secretaria de Estado no volvió a mencionar el tema. Sin embargo, la discusión quedó instalada, por cuanto, el "desliz" de la ministra, como lo llamó el rector UdeC, Sergio Lavanchy, adelantó varios puntos relevantes de lo que será la discusión parlamentaria.
¿Es factible el traspaso de universidades al Estado?, ¿tienen los planteles estatales la mejor estructura de gestión? , ¿debe prorrogarse la discusión sobre el rol de las universidades del G9 hasta después de aprobado el proyecto? Para el grueso de los parlamentarios de la Región la respuesta para estas tres interrogantes es "no".
Desde los distintos frentes políticos, diputados y senadores del Bío Bío rechazaron las declaraciones de la ministra, calificándolas de desafortunadas, debido a la complejidad que ofrece un traspaso de esa magnitud y de las consecuencias que podría significar para las entidades involucradas.
Negaron incluso la viabilidad de esta idea, argumentando que, si se presentase como proyecto de ley, no sería aprobado.
"Yo no estoy disponible para andar estatizando universidades, sino para fortalecer el fin público más allá de su naturaleza jurídica", señaló el senador PPD, Felipe Harboe.
"Objetivamente no pasa una ley de esa naturaleza en el Congreso, es demasiado estatista. No tiene ningún futuro", sumó el diputado UDI, Jorge Ulloa.
Para la senadora Jacqueline Van Rysselberghe, lo dicho por la ministra "solo refleja que el tema de la educación en este Gobierno está absolutamente ideologizado, al punto de comenzar a proponer ideas que nadie considera sensatas".
Además, coincidiendo con lo dicho por el rector UdeC, el senador Víctor Pérez, habló de un desliz , "de otra forma sería una falta de respeto. Una dependencia estatal es un contrasentido, por eso espero que haya sido un lapsus y no una manifestación de intenciones".
Su par en la cámara alta Alejandro Navarro, en tanto, criticó que sería un error que el Estado quisiera sumar nuevos planteles bajo su administración, "no está preparado".
El líder del MAS argumentó que "salir a comprar universidades no es el camino ni hay recursos para aquello… Universidades como la USM, UdeC y Uach no requieren tener un propietario, requieren del financiamiento adecuado, porque su comportamiento es el de universidades públicas", dijo categórico.
También el PPD Cristián Campos, se mostró contrario a la propuesta, pero destacó que en ella se admite el carácter público de estas universidades. "El Estado no es su dueño, pero son universidades públicas creadas y reconocidas por ley", dijo Delpiano en sus declaraciones.
Entonces, argumentó Campos, "si se reconoce que tienen esta vocación pública me parece que no es necesario cambiar la naturaleza según la propiedad de estos planteles, sino que hay que fortalecerlos".
Agregó que el cambio implicaría, entre otras cosas una discusión difícil como es la situación laboral de los trabajadores de estas instituciones, una discusión que se produce "cuando en cinco años más vamos a tener a gente que va quedar sin empleo", manifestó refiriéndose al posible cierre de universidades al que ha aludido el gobierno tras las nuevas exigencias para la entrega de financiamiento.
El también DC Marcelo Chávez destacó la fuerte vocación pública de las mencionadas. "Tenemos que trabajar en torno a generar condiciones de financiamiento para que puedan no solamente tener una expresión en materia de docencia, sino también fortalecer su capacidad de investigación, de extensión y entender que no solamente las universidades estatales tienen vocación pública".
Trayectoria
Algunos como el diputado UDI, Enrique Van Rysselberhe hicieron referencia a los orígenes de la UdeC, creado como respuesta de la comunidad a la negativa del Estado a abrir una universidad en la Región.
"Se trata de una universidad que pertenece a la comunidad penquista y que surge justamente del esfuerzo local por generar educación de nivel superior cuando todo estaba centralizado en Santiago. No hay ninguna razón para que ese esfuerzo, la tradición educativa y el gran aporte de la universidad a la región y al país sean centralizados, controlados y sometidos a criterios de burócratas de Santiago del gobierno de turno", dijo.
El DC José Miguel Ortiz agregó que "Nuestros fundadores, nuestra comunidad y nuestros profesionales no podrían entender nunca una determinación como ésta".
En cuanto a financiamiento, manifestó que no debe haber exclusión ni reducción de estas instituciones en la distribución de los fondos ni en el Aporte Fiscal Directo ni en otro tipo de aportes basales. Agregó que se debe custodiar también un adecuado establecimiento de los aranceles "y no estos fijados", reclamó.
La diputada socialista por el distrito 45, Clemira Pacheco, pidió un trato igualitario al de las estatales. "La universidad de Concepción cumple un rol que no tiene diferencias con las del Estado… Fue la que proyectó esta ciudad, esta región en lo que la caracteriza, ser universitaria".
Rol del G9
Los parlamentarios coinciden, además, en que lejos de aplazar el debate sobre el rol de las universidades no estatales al interior del Consejo de Rectores, éste debe ser uno de los puntos claves a resolver durante la tramitación.
Harboe manifestó que es importante zanjar hoy la discusión respecto del rol de las universidades que tienen un rol público como la UdeC, pero planteó su discrepancia en cuanto a que sean necesariamente las del G9 las que deban considerarse. "Mi percepción es que se tiene que distinguir entre las universidades que tienen fin público y las que no. Creo que es necesario revisar cada caso".
El presidente de la Comisión de Hacienda de la cámara baja, Manuel Monsalve, explicó que se debe fortalecer , sin duda, el rol de las universidades estatales, pero expresó que la autonomía universitaria deber ser respetada y que es decisión de las universidades si quieren cambiar su naturaleza jurídica. "Claramente hay universidades chilenas que no tienen un carácter estatal, pero que sí caben en el régimen de lo público, esas universidades también tienen que tener una política del Estado que les permita fortalecerse".
Cierre de universidades
Sobre el probable cierre de planteles ante la mayor exigencia en calidad y el retiro de fondos a los no acreditados, el ministerio ha mencionado la idea de que sean las estatales las que reciban la matrícula de estas instituciones, dando con ello una posibilidad de expansión a estas entidades, sin embargo, dentro de los representantes regionales en el Congreso hay quienes estiman que es un tema a debatir.
Para Navarro, "los lamentables hechos de la Universidad del Mar no pueden volver a repetirse… Si se cierran universidades, hecho ineludible, se debe garantizar a los alumnos su derecho a continuidad de estudios, dónde realicen estos estudios es un tema del que los estudiantes deben participar. Imponer que sea una universidad estatal sería una discriminación. Habría que evaluar la constitucionalidad de esa afirmación".
La diputada Loreto Carvajal, destacó que no se puede desconocer el aporte de las instituciones del G9 "también en materia de cobertura, absorbiendo una necesidad regional de educación".