La Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar el proyecto de ley que busca permitir a los ciudadanos el retiro anticipado de hasta un 10% de sus ahorros previsionales, para ayudar a enfrentar la crisis sanitaria y económica. Ahora, la iniciativa volverá a la Comisión de Constitución para su discusión en particular.
Luego de más de 10 horas de discusión, el proyecto fue aprobado con 95 votos a favor y requería un mínimo de 93, por tratarse de una reforma constitucional.
Fueron 13 diputados del oficialismo quienes, pese a las gestiones de La Moneda, votaron a favor del proyecto: Andrés Celis, Erika Olivera, Pedro Álvarez, Ramón Galleguillos, Eduardo Durán, Aracely Leuquén, Cosme Mellado, Christian Moreira, Celso Morales, Pablo Prieto, Hugo Rey, Leonidas Romero y Virginia Troncoso.
Este proyecto nació de tres mociones parlamentarias refundidas en un solo texto. En él se plantea que los chilenos podrían retirar hasta un 10% de sus ahorros en AFP, con un tope máximo de 150 UF (4 millones 300 mil pesos) y un mínimo de 35 UF (cerca de 1 millón de pesos). Si el afiliado tiene un ahorro menor a 35 UF podría sacar la totalidad de sus fondos.
Este retiro se podrá realizar una sola vez, de manera excepcional, y mientras esté vigente en el país un Estado de Catástrofe.
Según el texto, la persona podrá recibir el 50% del monto dentro de los primeros 10 días hábiles luego de presentada la solicitud ante la administradora de pensiones. El 50% restante llegaría dentro de 30 días hábiles desde la fecha del primer pago.
En la iniciativa parlamentaria se incluyó la creación de un Fondo Colectivo Solidario de Pensiones, el cual se financiará con aportes del Estado y empleadores. Esta entidad se encargará de complementar los fondos de quienes jubilen y hayan recurrido al retiro anticipado.
Con ello se daría respuesta a una de las principales críticas a la idea de tocar los fondos de pensiones: que se vulnere el derecho a la seguridad social en la vejez.
Los ministros de Hacienda, Ignacio Briones, y de la Presidencia, Claudio Alvarado, expresaron que esta iniciativa atenta contra el derecho a la seguridad social al intervenir en los ahorros previsionales, y además, es regresiva, porque los más beneficiados serían quienes han logrado mayores cotizaciones.
Los secretarios de Estado afirmaron que las necesidades de la clase media están cubiertas por otras medidas anunciadas recientemente por el Gobierno.