"La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual", precisaron desde el organismo.
Un informe de Amnistía Internacional titulado “Política deliberada para dañar a manifestantes apunta a responsabilidad política de mando” reportó 23 casos de violaciones a los derechos humanos por parte de personal uniformado en el país, desde el inicio del estallido social.
El documento, realizado en base al gran número de denuncias efectuadas en contra de las Fuerzas Armadas y policías, confirmó casos de vulneración de derechos las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Bío Bío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y La Araucanía, consignó CNN Chile.
En este marco, investigadora para contextos de crisis de la institución, Pilar San Martín, señaló que “la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario de y excesivo de la fuerza a través de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos en verificación digital, armas y municiones”.
“Amnistía Internacional ha podido documentar cinco muertes por agentes de seguridad durante el estado de emergencia constitucional que activó el presidente Piñera el 19 de octubre: cuatro a manos de de funcionarios del Ejército y una a manos de Carabineros. Dos de ellas fueron con armamento militar”, precisaron.
El escrito añade que “además de un caso de muerte por tortura policial, Amnistía Internacional ha documentado, por ahora, tres casos de tortura, incluyendo tortura sexual”.
“La intención de las fuerzas de seguridad chilenas es clara: lesionar a quienes se manifiestan para desincentivar la protesta, incluso llegando al extremo de usar la tortura y violencia sexual en contra de manifestantes. En vez de tomar medidas encaminadas a frenar la gravísima crisis de derechos humanos, las autoridades bajo el mando del presidente Sebastián Piñera han sostenido su política de castigo durante más de un mes, generando que más personas se sumen al abrumador número de víctimas que sigue aumentando hasta el día de hoy”, aseveró la directora para las Américas de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas.
“Garantizar justicia y no repetición por estos hechos implica sancionar a aquellos mandos superiores que, aún con pleno conocimiento de los delitos cometidos por los funcionarios bajo su mando, ordenaron o toleraron su comisión día tras día”, sentenciaron desde el organismo.