Entre el 1 enero y 4 de marzo, según informó la Policía de Investigaciones (PDI) a La Tercera, se ha impedido el ingreso de 919 extranjeros de nacionalidad haitiana a Chile, por el aeropuerto Arturo Merino Benítez.
Del total anterior, 230 (25%) personas no pudieron ingresar, entre el viernes y lunes recién pasado. De ellos, sólo dos personas deben embarcar este viernes, aún, hacia Haití. Todo el resto, en tanto, ya fue regresado a su país de origen.
Según registros de la PDI, en lo que va de 2018, han ingresado —por el aeropuerto internacional de Santiago— 28.038 haitianos en calidad de turistas. En promedio, por lo tanto, han entrado 14 mil mensualmente.
Lo anterior se traduce en un aumento del 50% respecto de las 9.312 entradas del año pasado, pues durante 2017 la PDI registró el ingreso de 111.746 migrantes de Haití.
En tanto, la razón de los rechazos masivos de ingreso, en palabras de la PDI, se debe a que “se pudo comprobar que las reservas hoteleras que los ciudadanos haitianos presentaron al momento de realizar el control migratorio eran fraudulentas o estaban adulteradas, correspondiendo todas a un mismo hotel”.
Son los propios gerentes o encargados de los hoteles, quienes señalan que se trata de reservas falsas y manifiestan su molestia, informaron desde la PDI, pues corresponde a una práctica reiterativa que impide el impide el servicio a verdaderos turistas.
Se ha constatado la falsedad de estos movimientos, según la entidad policial, a través de denuncias a Carabineros o con la misma documentación que presentan los extranjeros, pues no coinciden las fechas de llegada al país con la reserva de hotel.
Pablo Valenzuela, director nacional del Servicio Jesuita a Migrantes, habló en representación de una institución que atiende a más de 5 mil extranjeros en Chile —donde el 50% proviene de Haití— y cuestionó el accionar de la PDI.
“Las personas y sus familias con las que tuvimos contacto nos señalan, con documentos en mano, que tenían el pasaporte, la documentación y muestra de sustento económico. Sin embargo, la PDI señala que ellos no entregaron información fidedigna sobre dónde iban a permanecer en este tiempo de turismo”, criticó Valenzuela.
En base a lo anterior, el director nacional del Servicio aseguró que “ese requisito no está en la ley, tampoco en el reglamento. Es un requisito totalmente discrecional que aplicó la policía de fronteras”.
“Nos parece que es altamente preocupante y puede constituir una arbitrariedad el exigir ciertos requisitos que no están contemplados en la ley, como, por ejemplo, pedirles el lugar de alojamiento”, sostuvo, en esa línea, la directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh), Consuelo Contreras.
“Nos preocupa el trato inhumano al que fueron sometidos ellos en esta estadía en el aeropuerto”, expresó Valenzuela, quien denunció que “no estaban en un lugar adecuado, sin acceso a un sitio donde dormir, ni siquiera dónde asearse, y sin alimentación, sin personas que sirvieran de intérpretes”.
En respuesta a la mencionado, la PDI afirmó que los extranjeros fueron dejados en el sector de pasajeros en tránsito y que la misma institución policial se preocupó de entregarles servicios básicos.
“Chile no define bien las condiciones para que alguien pueda entrar o no. Cuando se trata de un negro o de un haitiano, el trato es diferente“, reprochó el portavoz de la comunidad haitiana en Chile, Carl Abilhomme.
Personal de la Indh, según su directora, pudieron constatar que las personas en el aeropuerto “estaban preocupadas, asustadas y en muy malas condiciones. Prácticamente fueron cinco días los que pasaron en el aeropuerto, sin dinero, sin maletas”.
“Estamos estudiando la posibilidad de presentar un recurso de amparo frente a esta situación, ya que nos parece grave que se empiece a repetir la prohibición de ingreso de un flujo tan grande de personas”, agregó Contreras.
“Cuando las deportaciones están dirigidas sólo hacia personas de una nacionalidad constituyen un claro caso de discriminación“, afirmó Daisy Margarit, especialista en migración y académica de la Universidad de Santiago de Chile.
A modo de ejemplo, Margarit detalló que “no se registran casos de venezolanos a los que se les apliquen los mismos procedimientos, y eso que sabemos que los representantes de dicha nacionalidad ingresan en un volumen mayor”.