Jaime Veloso Jara
Alcalde de Tucapel

Para una familia del campo, pedir ayuda puede significar buscar señal telefónica o esperar que una patrulla recorra kilómetros. La distancia, los caminos sin iluminación y la escasa conectividad dificultan denunciar y recibir protección oportuna.

El encuentro sobre delitos rurales organizado por Socabio en Los Ángeles puso esta realidad en discusión. El abigeato y el robo de cobre, insumos y maquinaria amenazan el trabajo y la tranquilidad familiar. Perder una herramienta puede representar meses de ahorro; quedar sin riego, comprometer una cosecha.

En la comuna de Tucapel conocemos estas dificultades. Tenemos localidades dispersas y sectores donde la conectividad es insuficiente. Por eso, la seguridad rural no puede seguir siendo la hermana menor de la seguridad urbana.

Chile necesita una política nacional de seguridad rural, con presupuesto permanente, responsabilidades claras y resultados evaluables.

Primero, necesitamos conocer mejor el problema. La Encuesta Nacional Urbana de Seguridad Ciudadana tiene cobertura urbana. Propongo complementarla con una medición de victimización rural que permita conocer también los delitos no denunciados y las razones de ese silencio.

Segundo, los recursos deben asignarse considerando la extensión territorial, la dispersión de las viviendas y los tiempos de desplazamiento. Contar habitantes no basta. Se requieren presencia policial, vehículos adecuados y financiamiento estable para la prevención municipal.

Tercero, debemos mejorar la conectividad, iluminar puntos críticos y mantener accesos transitables. Cámaras, drones y alertas pueden ayudar, siempre que existan recursos para mantenerlos y capacidad para responder.

También necesitamos investigar las redes que transportan y comercializan animales, cobre y maquinaria robados. Fortalecer la coordinación entre policías, Fiscalía y organismos fiscalizadores, mejorar la trazabilidad y acompañar a las víctimas debe ser una prioridad.

El Observatorio de Socabio ofrece una oportunidad para integrar información y desarrollar soluciones desde el territorio. Las mesas de trabajo deben traducirse en responsables, plazos y compromisos medibles.

Vivir en el campo no puede significar estar más lejos de la protección del Estado. La seguridad debe llegar hasta donde viven las personas.