Ximena Gauché Marchetti
Profesora Titular y Directora del Proyecto Fondecyt Regular “Justicia, género y niñez”.

La ONU declaró el 11 de octubre como el Día Internacional de la Niña, buscando focalizar la mirada global sobre los desafíos que enfrentan las niñas. Esta conmemoración permite recordar que edad y violencia de género se entrelazan en la vida cotidiana de millones de niñas, quienes viven expuestas a variadas formas de violencias que pueden marcar su presente y futuro.

En Chile es un avance la Ley N° 21.675, que reconoce que toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, precisa que “mujer” comprende a niñas, adolescentes y mujeres adultas, y considera violencia de género la ejercida contra niñas, niños y adolescentes con el objeto de dañar a sus madres o cuidadoras. La ley de violencia integral identifica, además, varias formas como violencias de género: física, psicológica, sexual, económica, simbólica, institucional, política, laboral y gineco-obstétrica. El avance no puede ser indiferente. Nombrar no es retórica: lo que no se identifica normativamente podría quedar sin denuncia, sin investigación, sin sanción y, lo que es especialmente grave, sin reparación.

Sin embargo, pasar del reconocimiento a la implementación adecuada de una ley no es fácil. En el caso concreto de las niñas, a partir de evidencia levantada en el proyecto Fondecyt Regular “Justicia, Género y Niñez”, es posible afirmar que los mayores obstáculos están en no visualizar a las niñas y adolescentes (y tampoco a los niños) como víctimas directas de violencia de género. Por otra parte, abordar la violencia a ellas como parte de la violencia ejercida contra la madre, desplazando estereotipos sobre la “mala madre” o prejuicios sobre la “denuncia falsa” (que no es lo mismo que una denuncia no probada) a la idea de la “niña caprichosa”, es otra particularidad que afecta diferenciadamente a las niñas. Asimismo, la insuficiente coordinación entre las instancias administrativas y jurisdiccionales llamadas a intervenir y la insuficiente experiencia especializada en niñez, exponen a una posible revictimización.

Por otra parte, los reconocimientos normativos no van a lograr cambios reales si no se armonizan con la identificación de los riesgos que las violencias por género pueden tener en el futuro. Para la salud mental, para la salud física y el bienestar integral, para el ejercicio del derecho a la educación y la futura vida laboral, para las relaciones personales. El riesgo de normalización de patrones violentos en relaciones sociales y de pareja merece bandera roja.

A este diagnóstico simple sobre reconocimientos, brechas y riesgos, hay que adicionar la complejidad actual. Mientras las organizaciones internacionales luchan para mantener una agenda de cooperación, por ejemplo, a través de una fecha como el Día de la niña, la desigualdad histórica entre personas, como causa que gatilla muchas situaciones de violencia, ha perdido protagonismo en la agenda global. El derecho a vivir libres de violencia de género parece no ser parte prioritaria de una agenda que hoy centra esfuerzos en la delincuencia organizada o la transformación digital.

Sin negar la necesidad de abordar esas complejas realidades (y muchas otras) en todos sus alcances, es relevante recordar que vivimos un mundo en que, aún, cada gran problema puede tener efectos diferenciados para las mujeres y niñas.

Que el Día de la Niña sirva como llamado a la necesidad, a veces incómoda, de no olvidar esa histórica verdad.