Pablo Carrión
Coordinador Regional en World Vision Chile
Como sociedad, estamos profundamente conmocionados frente al crimen que le costó la vida a un niño de 12 años en San Bernardo, tras una violenta encerrona. Condenamos categóricamente este hecho, empatizamos con el dolor desgarrador de su familia y compartimos la exigencia ciudadana de justicia. Como bien reconoció una autoridad recientemente, en casos como este y muchos otros, “el Estado falló”.
Frente a esta tragedia, diversas voces han propuesto endurecer las penas y rebajar la edad de imputabilidad penal, incluso a los 13 años. Entiendo la legítima indignación ciudadana, pero desde mi trayectoria trabajando en justicia juvenil y, hoy, en mi rol de Coordinador Regional de un Programa de Desarrollo de Área con enfoque territorial, preventivo y promocional, debo ser franco: reducir la edad de imputabilidad bajo los 14 años es una falsa solución.
El debate actual se ha enfocado casi exclusivamente en el castigo y la cárcel, invisibilizando una realidad más profunda y compleja. La criminalidad juvenil no surge por generación espontánea; es el último eslabón de una larga cadena de vulneraciones previas. Cuando un adolescente llega a cometer un delito de esta magnitud, es porque antes hubo deserción escolar, exclusión, violencia y un abandono institucional crónico, en síntesis, un modelo de sociedad que se ha construido en décadas.
Lo que estamos presenciando es la consecuencia más dramática de un modelo de sociedad y de un contrato social fracturado que, como país, tenemos el imperativo de poner en tensión y reconfigurar urgentemente. Es precisamente en este escenario de desprotección estructural donde operan los verdaderos responsables: los adultos y las redes de crimen organizado que se aprovechan de esta vulnerabilidad, instrumentalizando a niños y adolescentes para cometer delitos.
Es en la desarticulación y el castigo severo a esas estructuras donde debe estar puesto el rigor de la persecución penal. El contacto temprano de los menores con el sistema penal no rehabilita; por el contrario, estigmatiza y anula sus oportunidades de reinserción.
La verdadera seguridad pública no se opone a la protección de la niñez. Necesitamos dejar de reaccionar cuando el daño ya es irreparable y comenzar a intervenir antes, fortaleciendo la prevención en los territorios, escuchando a los jóvenes y articulando alertas tempranas desde los territorios. Le debemos justicia a Alejandro, pero también le debemos a las nuevas generaciones un nuevo trato social que impida que el crimen organizado, las bandas criminales y sus cómplices sean la única red de contención visible en sus barrios.