Roxana Núñez
Abogada y experta en incidencia de Greenpeace
En el Día de las Áreas Protegidas, el llamado es convertir la ambición en reglas que se cumplan: menos vitrinas y más protección efectiva. En esta discusión, por cierto, resulta clave la Ley 21.600, normativa que fue promulgada en 2023 tras más de una década de tramitación, y que entre otras cosas creó el Servicio de Biodiversidad y Áreas Protegidas y un Sistema Nacional de Áreas Protegidas coherente. Luego de un importante atraso, hoy, por fin, se están publicando los reglamentos que la vuelven operativa, en los cuales se definirá si protegemos de verdad nuestra biodiversidad o si esa intención se queda en el papel.
La ley llegó a ordenar una institucionalidad dispersa -antes repartida en cinco ministerios-, amplía el alcance de la conservación y fortalece recursos y fiscalización. Pero seamos precisos: el reglamento que prioriza 99 sitios dejó más de 230 fuera. Y, aunque entendemos que se trata de un primer corte útil, parece absolutamente insuficiente frente a una crisis de biodiversidad que exige medidas concretas y mucho más ambiciosas para la protección de la flora, fauna y funga del país.
Y lo que es más grave es que pese a lo cauta de la medida que fija estos 99 sitios prioritarios y clases de ecosistemas, los gremios reaccionaron con rapidez para repetir un discurso que a la fecha se ha convertido en una máxima para iniciar un movimiento de regresiones en derecho: “Señores, esta medida genera incertidumbre”. Lo hemos visto una y otra vez: las empresas e industrias más contaminantes generan verdaderas campañas del terror para diluir reglamentos y frenar estándares ambientales. Incluso a pesar de que la certeza que la economía necesita es regulatoria, no la del “todo vale”.
La ley no se agota en sí misma, sino que responde a los ODS y al Marco Global de Biodiversidad de Kunming-Montreal, y le da vida a nuestra propia Ley Marco de Cambio Climático. Cumplir con estos compromisos implica una garantía de no regresión, ampliar gradualmente la lista de sitios, activar medidas cautelares ante amenazas inminentes, exigir trazabilidad de impactos y planes de reparación donde ya hubo daño. Nada de privilegios ni pasivos ambientales.
Si esta efeméride significa algo, es esto: convertir la ambición en reglas ejecutables y sin letra chica. Más presupuesto y personal para fiscalizar, coordinación interinstitucional real, transparencia y participación ciudadana. La conservación y el desarrollo económico son posibles, siempre que exista un marco normativo claro, y éste se cumpla sin excepciones. La Ley 21.600 abrió la puerta, que no nos falte voluntad para cruzarla.