Esta semana quedará marcada por la noticia del terremoto ocurrido en el extremo oriental de Rusia y la posterior alerta de tsunami en las costas del Pacífico, con las consecuencias que ello implica para Chile. Y es que, como bien sabemos, las ventajas de vivir a los pies de esta gran ventana al mundo que es el océano vienen ocasionalmente acompañadas de situaciones de riesgo que debemos anticipar y enfrentar con calma y decisión.
Ello se hizo patente especialmente durante el pasado miércoles, con una alerta que implicó la evacuación a zonas de riesgos en la costa del territorio nacional, además de la suspensión de servicios y diversas actividades por disposición de la autoridad. Aunque finalmente el impacto de la elevación en el nivel del mar no dejó grandes consecuencias que lamentar en Chile, resulta destacable la celeridad con la que el sistema de prevención fue activado para evitar consecuencias catastróficas, de carácter humano o material. Y esa respuesta no es espontánea ni una casualidad.
A partir de una historia de superación de diversos tipos de fenómenos naturales y catástrofes provocadas por la acción humana, nuestro país ha llegado a desarrollar un cada vez más complejo sistema de prevención y respuesta ante los desastres, cuyas bases se encuentran consagradas normativamente en la Ley 21.364, y con una organización y supervisión que se encuentra en manos del Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (SENAPRED). Este actúa coordinando a diversas entidades públicas y privadas, y se complementa con una serie de regulaciones en materia de zonificación, construcción y otras destinadas a brindar mayor seguridad a la población
Si bien no es extraño ante situaciones como esta escuchar voces que, de manera irresponsable, se quejan ante las medidas de cuidado adoptadas, no debemos olvidar los aprendizajes del pasado, en que a partir de situaciones similares hemos terminado lamentando catástrofes y pérdida de vidas humanas por la falta de una actitud previsora ante los riesgos. El fortalecimiento de esta cultura tanto a nivel social como institucional, la toma de decisiones en base a información científica por parte de la autoridad, y la adopción de medidas regulatorias acordes, son la única forma de seguir enfrentando seriamente los riesgos propios de nuestro territorio, confiando en que siempre, siempre, resulta más responsable (y más barato) prevenir que lamentar.
Rodrigo Castillo Jofré
Abogado, Mg. En Derecho Público
Colectiva – Justicia en DD.HH.