
Dra. Claudia Yáñez V.
Académica de FACEA UCSC
El ecosistema Fintech chileno se enfrenta a un momento crucial. El 3 de febrero culmina el plazo otorgado por la Ley 21.521 (conocida como Ley Fintech) para que las empresas de tecnología financiera se inscriban y obtengan autorización ante la Comisión para el Mercado Financiero (CMF). Este trámite no solo es un requisito legal, sino también un paso hacia la consolidación de un mercado más competitivo, innovador y transparente. Sin embargo, aunque hay grandes beneficios, se planteas desafíos importantes.
Se estima que en Chile existen alrededor de 500 Fintech, de las cuales solo 300 han completado el proceso de registro. La Ley, establece lineamientos y sus objetivos incluyen fomentar la innovación, la transparencia, la competitividad y la seguridad en el sector financiero chileno. Aunque este nivel de exigencia puede resultar complejo, también abre puertas a un mercado más confiable.
En cuanto a los desafíos, un punto crítico se vincula con la capacidad de las Fintech para adoptar los procesos formales de cumplimiento regulatorio, algo que muchas startups podrían considerar costoso o complicado. Otro reto se relaciona con la velocidad de adaptación al marco legal. Las Fintech, por naturaleza, se mueven rápido, innovan continuamente y operan con estructuras organizativas flexibles. Enfrentarse a procesos administrativos lentos o rígidos, representa un importante cambio que exige una planificación cuidadosa.
No obstante, los beneficios para la inclusión financiera son considerables. Las Fintech tienen el potencial de llevar soluciones a sectores tradicionalmente desatendidos. Desde herramientas de pago digital y créditos en línea, hasta plataformas de inversión y administración financiera. Estas empresas ofrecen una alternativa ágil y accesible que puede beneficiar a emprendedores, pymes y personas que no cuentan con un historial crediticio. Con el respaldo de la nueva ley, se espera un incremento de la confianza del público en estos servicios.
Al cumplir con los requisitos, las Fintech demuestran no solo su capacidad para innovar, sino también su responsabilidad en el manejo de los datos y la protección de los usuarios. Es por esto que la exigencia de inscribirse antes del 3 de febrero debe entenderse no solo como un trámite, sino como la oportunidad de legitimar un sector clave para el desarrollo económico.
Así, la Ley Fintech representa un punto de inflexión para la industria. Exige transparencia y compromiso, pero a cambio ofrece legitimidad y una plataforma sólida para crecer. El principal desafío radica en compatibilizar la rapidez y flexibilidad de las startups con los requisitos regulatorios, mientras que el mayor beneficio recae en una inclusión financiera más efectiva y equitativa. Dar este paso es la mejor forma de asegurar la permanencia y el crecimiento sostenible de un sector clave en el panorama financiero del país.